El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó este jueves el incidente protagonizado por el diputado republicano Gabriel Rufián y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, para recuperar la propuesta de reforma electoral con la que quiere impedir a los partidos nacionalistas e independentistas conseguir escaño en el Congreso.
La idea de Cs, que de momento no cuenta con el respaldo de ningún partido, ni siquiera del PP de Pablo Casado, es excluir del reparto de escaños a las candidaturas que no obtengan el 3% de los votos en el conjunto de España. De haber estado en vigor ese requisito en las elecciones de 2016, se hubieran quedado fuera del Congreso siete formaciones que representan a casi tres millones de personas: Compromís-Podemos-EUPV, Esquerra, el actual PdeCAT, En Marea, el PNV, EH Bildu y Coalición Canaria. En teoría, porque en realidad nada hubiese impedido a los nacionalistas de diferentes territorios formar coaliciones para superar fácilmente el listón del 3% y acceder así a la Cámara baja. No habría cambios.
Aun así, Rivera proclamó en rueda de prensa desde el Congreso que “ha llegado la hora de que los españoles nos defendamos de los que quieren liquidar nuestra democracia”, en referencia a los independentistas catalanes. Según él, “el espectáculo que vimos ayer” —el incidente en la Cámara baja— no se hubiera producido con un listón electoral del 3%. “Porque los partidos que quieren liquidar España no estarían en el Congreso. ¿Cómo van a representar a los españoles aquellos que ni tienen votos en toda España ni tienen un mínimo de votos?”, se preguntó.
El líder de Ciudadanos defendió el listón del 3% como una regla “legítima, sensata, prudente y democrática”. Y además “europea”, aseguró, porque “el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que nos va a obligar a todos los países antes de 2024 a adaptar nuestra legislación con un corte entre el 2 y el 5%”. “Nosotros proponemos un 3% para que Rufián no humille a los españoles”, añadió.
Lo que dice Rivera, sin embargo, no es verdad. Lo que el Parlamento de Estrasburgo aprobó en julio, de acuerdo con el Consejo Europeo, es que los países que eligen más de 35 diputados en las elecciones europeas —entre los que está España— adapten antes de mayo su legislación para fijar un listón entre el 2 y el 5% que en todo caso no seria de aplicación hasta 2024 y que sólo serviría para elegir eurodiputados, en ningún caso para las elecciones nacionales.
De hecho, a día de hoy ni siquiera es seguro que la reforma electoral europea llegue a aplicarse. Los cambios deben ser aprobados por los 27 Estados a los que quedará reducida la UE tras el Brexit según lo previsto en sus respectivos marcos constitucionales y basta con que uno de ellos no lo haga para que la propuesta no pueda entrar en vigor. En estos momentos, según fuentes del Parlamento Europeo, todavía faltan muchos Estados por aprobar la reforma, entre ellos España.
Rivera criticó a PP y PSOE por estar en contra de su propuesta. “Que no se quejen después del espectáculo ni de la dependencia de los nacionalistas”, advirtió.
Ciudadanos ya intentó que el Congreso se pronunciara a favor de esta iniciativa el pasado mes de junio aprovechando una proposición no de ley del PP. En aquella ocasión, la formación de Rivera defendió a través de una enmienda que la Cámara baja mandatase al Gobierno a “incluir, en una próxima reforma del sistema electoral, la obligación de que todas las candidaturas alcancen un mínimo del 3% de los votos válidos emitidos a nivel nacional como requisito para obtener representación en el Congreso de los Diputados”. El PP se negó a aceptar la propuesta.
Reforma electoral
La única reforma electoral que está siendo debatida en estos momentos en una subcomisión del Congreso es la que desde abril busca la manera de modificar el mecanismo de votación de los españoles en el extranjero.
Esta misma semana, el PP de Pablo Casado condicionó la supresión del requisito del voto rogado —la exigencia de que los españoles que vivan en otros países deban reclamar las papeletas para poder votar— a que la alternativa que se apruebe ofrezca garantías equivalentes a las que se aplican en España para el voto por correo o la delegación de trámites.
Desde 2011, el voto rogado obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, lo que ha hecho caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El sistema anterior se cambió a la vista del fraude que generaba, toda vez que no había manera de estar seguros de quién remitía las papeletas desde el extranjero, lo que dio lugar a la emisión de votos en nombre de personas fallecidas.
Todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesario dar una solución a este sistema con la idea de que pueda aplicarse en mayo a las las elecciones autonómicas y europeas —los residentes en el extranjero no pueden votar en las municipales—.
El Gobierno ya trasladó a finales de octubre al Congreso el informe comprometido por el ministro del ramo, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado.
Aunque dicho informe tuvo una buena acogida entre los grupos, según el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, el PP cuestiona algunas de las medidas incluidas en ese documento por considerar que no ofrecen suficientes garantías, informa Europa Press.
El informe redactado por los Ministerios de Exteriores, Interior y Migraciones, en colaboración con la Oficina del Censo Electoral y el propio Cámara, apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto, establece que los electores emigrados reciban toda la documentación electoral “con tiempo suficiente” para poder votar —se ganarían 17 días—, y propone que se les adelante una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política.
Para votar, los interesados tendrían dos opciones: bien acudir presencialmente al Consulado o legación, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente, o hacerlo por correo ordinario, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así la gratuidad absoluta del voto.
Pero el PP no ve suficientes garantías de que, sin el voto rogado, la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante y no por otra persona, ni de que el votante del exterior sea realmente quien deposita la papeleta en una sede no oficial de España.
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Los conservadores rechazan también la propuesta de la papeleta en blanco por falta de seguridad, pero sí apoyan la idea de ampliar los días para recibir la documentación electoral y para poder recibir la documentación. Es más, plantean que las papeletas con las candidaturas se envíen incluso antes de que se acaben de resolver los últimos recursos que puedan recibir y que se amplíe la red de colegios para votar en el extranjero aprovechando oficinas del Instituto Cervantes u otros centros oficiales.
Otra de las propuestas del PP, según explicaron a Europa Press fuentes de partido, pasa por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, como actualmente, sino que viajen por valija diplomática para asegurar así que esa documentación llegue a su destino en 48 horas.
La idea inicial de la subcomisión es que cualquier modificación en este sentido pueda estar lista para las elecciones europeas y autonómicas de la próxima primavera, para lo cual la reforma electoral debería estar concluida, como muy tarde, en enero.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó este jueves el incidente protagonizado por el diputado republicano Gabriel Rufián y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, para recuperar la propuesta de reforma electoral con la que quiere impedir a los partidos nacionalistas e independentistas conseguir escaño en el Congreso.