Tener más competencias y autogobierno, participar en los asuntos de Estado o garantizar el reconocimiento lingüístico, cultural e histórico de ciertos territorio son solo algunas de las demandas históricas del nacionalismo, que también han defendido en el pasado formaciones como el PSC o Podemos. Propuestas que llevan encima de la mesa desde hace más de una década, tras aprobarse el Estatut de Cataluña, uno de los detonantes del inicio de la actual crisis del modelo territorial. Con la sentencia que en 2010 anuló 14 artículos del Estatut y fijó la interpretación que había que dar a otros 23 preceptos y cuatro disposiciones.
La integridad territorial ya no es el "principal problema de España" tal y como aseguraba el Gobierno de Pedro Sánchez tras llegar a La Moncloa en 2018, pero el debate sobre el modelo y su potencial reforma sigue presente. De cara a la futura investidura del socialista, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido al Gobierno "reforzar" ese modelo territorial. "Nos tendrá que hacer un planteamiento global sobre qué quiere durante estos cuatro años, especialmente en el ámbito del modelo territorial y el encaje de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña", planteó tras el 23J.
En una entrevista con el diario El País, el dirigente vasco aceptó que Sánchez no tiene por qué aceptar el 100% de sus peticiones, pero sí abogó por "abrir ese melón" con "transparencia desde el inicio” e incluir en ese marco al nacionalismo catalán, al PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y Sumar. La respuesta de la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue rechazar que España tenga "un modelo territorial distinto” al actual, pero en sí abrió la puerta a “explorar” y "reforzar" la "coordinación de las políticas" entre el Estado y las autonomías la próxima legislatura.
Los socialistas rechazan llevar a cabo una reforma constitucional que sí defendió en su día el Gobierno de Sánchez en 2018, con Meritxell Batet al frente de la cartera de Política Territorial y Función Pública. La catalana aseguró que era "urgente y deseable" reformar la Constitución con el objetivo de "superar la crisis institucional". ¿Pero qué manera se puede llevar a cabo este “refuerzo” del Estado sin pasar por la reforma constitucional, que requiere una mayoría de tres quintos del Congreso (210) y el Senado (160)?
Traspaso de competencias
La posibilidad de utilizar la vía que abre el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar o transferir materias a las comunidades autónomas a través de leyes orgánicas, está ahí. La norma resultante debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado, lo que puede aliviar las críticas de los más recelosos de la descentralización. En todo caso, se trata de una decisión que deben tomar las Cortes Generales, cuyos miembros tienen que refrendar también con mayoría absoluta.
Por ejemplo, en los años noventa, a través de este artículo, el Estado transfirió a la Generalitat de Cataluña la competencia sobre la policía de tráfico. Esta técnica también fue utilizada en 1982 para compensar a Canarias y la Comunitat Valenciana por el menor techo competencial que les había correspondido estatutariamente en comparación precisamente con Cataluña, pero también con Euskadi, Galicia y Andalucía.
Más autogobierno vía ley orgánica
Hay medidas que sería factible adoptar reformando leyes de ámbito estatal ya existentes o aprobando algunas nuevas. En la Declaración de Barcelona, un texto aprobado en julio de 2017 por las ejecutivas del PSOE y del PSC, abogaban por promover una proposición de ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España con el objetivo de atenuar "la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y su historia".
Otra de las propuesta iba en la línea de reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales. Estas reformas necesitan contar con una mayoría en el Congreso, que en el caso de tratarse de leyes orgánicas, tendría que contar con el respaldo de 176 parlamentarios.
Reforma de la financiación autonómica
La reforma de la financiación autonómica no afectará a Euskadi y Navarra, que cuentan con sus regímenes propios, pero se trata de un asunto central para el resto de las autonomías, capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía. El Gobierno de Sánchez ha situado esta reforma como una de las prioridasdes de la próxima legislatura y ya está utilizando esa baza de cara a la negociación con los partidos para la investidura y no ha cerrado la puerta a condonar el endeudamiento de algunas autonomías. La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se dan cita las comunidades, y en el Congreso, donde es imprescindible un gran acuerdo entre PP y PSOE, pero que no se entendería sin el beneplácito de formaciones como ERC o PNV.
El actual modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. Con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso entre las autonomías y el complejo calendario electoral.
Tener más competencias y autogobierno, participar en los asuntos de Estado o garantizar el reconocimiento lingüístico, cultural e histórico de ciertos territorio son solo algunas de las demandas históricas del nacionalismo, que también han defendido en el pasado formaciones como el PSC o Podemos. Propuestas que llevan encima de la mesa desde hace más de una década, tras aprobarse el Estatut de Cataluña, uno de los detonantes del inicio de la actual crisis del modelo territorial. Con la sentencia que en 2010 anuló 14 artículos del Estatut y fijó la interpretación que había que dar a otros 23 preceptos y cuatro disposiciones.