Religión, escuela concertada o lenguas cooficiales: siete claves de la reforma de la Lomce que propone el Gobierno

"Aunque la Lomce generó una gran controversia en toda la comunidad educativa y social y lo deseable sería derogarla, esta ley, desde el punto de vista de técnica jurídica, no puede derogarse en su totalidad en este momento". Con estas palabras el Ministerio de Educación y Formación Profesional justifica la reforma educativa como único paso posible para revertir los aspectos más controvertidos de la también conocida como Ley Wert y caminar hacia una nueva norma. El Gobierno, que desde el 26 de octubre abrió a consulta pública la futura modificación, remitió este jueves a las organizaciones especializadas un documento detallado sobre los principales aspectos de dicha reforma, al que infoLibre ha tenido acceso. La pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez consiste en desarrollar un artículo único que modificará el texto consolidado de la LOE y las disposiciones de la Lomce que afectan a otras leyes educativas. "Esta ley será una reformulación de las previsiones de la Lomce que va más allá de la revisión de la LOE", afirma el texto.

En su articulado, la propuesta del Gobierno plantea un total de siete grandes bloques en los que incluye medidas específicas que tratan de solventar los aspectos más polémicos de la Lomce. Algunas de las cuestiones que desarrolla el Ministerio dirigido por Isabel Celaá, de hecho, abordan cuestiones –como la eliminación de los itinerarios o de las reválidas– que los sindicatos extrañaban en el primer texto publicado.

Una vez examinado el nuevo documento, la reacción de los grandes sindicatos representativos en el ámbito educativo no se ha hecho esperar. ANPE considera que la propuesta no responde a la reforma que necesita el sistema educativo y exige que se debata en la Mesa de Negociación del personal docente. La organización reitera, como ya hizo hace días en conversación con infoLibre, que la solución no pasa por una vuelta a la LOE y recuerda que todavía existen temas por abordar, como la vertebración del sistema educativo o la situación del profesorado.

CCOO, por su parte, entiende que la reforma caerá en saco roto "si no hay una consulta y un trabajo organizado y compartido con las organizaciones sindicales y a través de la Mesa Sectorial de Educación". También añade matices a lo propuesto por el Gobierno, esencialmente en los aspectos que tienen que ver con el profesorado. "No se trata de afrontar una tarea tan compleja de manera fragmentada, tratando cada pieza del puzzle por separado, sino desde una visión integral para construir un modelo sistémico, no fragmentario, que contemple desde la formación inicial, hasta el acceso y un estatuto docente que dé cuerpo a un modelo de carrera profesional definido", asevera.

En cuanto al alumnado, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) cree positiva la modificación anunciada, pero solicita "valentía para ir más lejos y no sólo resolver los problemas urgentes del sistema educativo, sino sentar las bases de un sistema más estable".

Fuentes del Ministerio de Educación y FP explican a infoLibre que "la previsión es llevar la reforma de la ley al Consejo de Ministros antes de Navidad" y posteriormente "dependerá de la tramitación parlamentaria".

1. Equidad e inclusión educativa

El primero de los problemas que detecta el Ministerio de Educación respecto a la Lomce tiene que ver con la fractura de la equidad y la inclusión educativa. Es prioritario, por ello, "diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad". ¿De qué manera? Entre las medidas que diseña el Ejecutivo, se encuentra la citada eliminación de los itinerarios, de manera que se evite la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Otro de los aspectos que propone el equipo de Isabel Celaá tiene que ver con reformular el programa curricular de atención a la diversidad, desplazándolo a tercero y cuarto de la ESO. También promete fortalecer y fomentar "la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional". Propone, además, reforzar la "especial atención que requiere la escuela rural". También habla de flexibilizar el número de años en los que el alumnado con necesidades especiales puede cursar la Formación Profesional y el Bachillerato, "en aquellos casos en los que la prolongación del tiempo facilite la finalización de estas enseñanzas".

Asimismo, llama a organizar y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición y establecer un plan de repetición individualizado.

2. Suprimir las reválidas

Regular la estructura del currículo "al servicio de una educación inclusiva" es otro de los objetivos que menciona el Gobierno en su propuesta. Para ello, cree necesario eliminar "la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria" y sus efectos en la ordenación y evaluación. En este sentido, habla de organizar la Educación Primaria en tres ciclos de dos años cada uno y apuesta por suprimir las polémicas reválidas en las tres etapas –Primaria, Secundaria y Bachillerato–, pruebas que actualmente están suspendidas.

En cuanto al acceso a la Universidad, habla de recuperar las pruebas "desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller".

Cree importante, asimismo, garantizar el acceso a una educación en valores cívicos y éticos, anunciando una materia específica.

3. La Religión pierde peso pero no desaparece

No obvia, el Gobierno de Sánchez, la polémica que ha ido siempre de la mano de la asignatura de Religión. Tras la entrada en vigor de la Lomce, dice, se produjo una "imposición de una obligación académica a una parte del alumnado sólo por el hecho de que otros opten por el estudio de religión confesional" y además se contrapuso al estudio de valores éticos, "cuando esta última debiera ser para todos y no una alternativa".

La receta para solventar estos problemas, estima el Ministerio de Educación, para por organizar la enseñanza de la religión confesional "de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa", que deje de ser materia específica en Bachillerato y que no se tenga en cuenta en el cálculo de la media en los procesos de acceso universitario o becas.

4. Evaluaciones muestrales

Aunque la reforma plantea eliminar las reválidas, no abandona la idea de realizar "evaluaciones muestrales y plurianuales" tras finalizar sexto de Primaria y cuarto de la ESO. También habla de impulsar "evaluaciones de diagnóstico, censales, situándolas en momentos de la escolarización que permitan adoptar medidas para la mejora", como son tercero o cuarto de Primaria y segundo de la ESO. Los resultados de estas evaluaciones, no obstante, no podrán ser usados para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros. Las evaluaciones con efectos diagnósticos es una de las peticiones del sindicato de profesores ANPE. "Aun predominando la continua, al finalizar cada tramo educativo hay que hacer evaluaciones, no necesariamente reválidas, no tienen que tener efectos académicos pero sí diagnósticos", decía su presidente en declaraciones a este periódico.

En la misma línea, la reforma prevé "fortalecer el papel formativo y diagnóstico de la evaluación de aprendizaje", de manera que quede reforzada su colegialidad y su carácter integrador. Para ello, "se asigna un mayor papel al equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción". También se realizará, a través de un plan individualizado, la orientación académico-profesional al alumnado que abandone el sistema educativo sin título de la ESO. El abandono escolar es una de las principales preocupaciones de los sindicatos.

5. Participación de la comunidad educativa

Si en algo coinciden las organizaciones de profesores, padres y alumnos, es en la necesidad de otorgar mayor protagonismo a los agentes sociales. La demanda, escuchada por el Gobierno, cristalizará en una serie de medidas que tendrán como objetivo "aumentar la autonomía de los centros para mejorar sus resultados, haciendo real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos".

Habla, en este contexto, de un reequilibrio de las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, pero también de modificar la composición de los consejos escolares de los centros concertados, reincorporando al representante del ayuntamiento. Otra de las novedades tiene que ver con "mejorar el procedimiento de selección de los directores", a través de una mayor participación de la comunidad educativa.

También apuesta por facilitar la autonomía de los centros pero matiza que esta independencia no puede dar lugar a la selección de su alumnado "de espaldas a la comunidad educativa en la que está inserto".

6. Evitar la segregación

La Lomce trajo consigo un "desequilibrio entre las dos redes financiadas con fondos públicos", dice el Ministerio de Isabel Celaá. Pero además derivó en la financiación "con fondos públicos a centros que segregan a su alumnado en función del género".

El Gobierno, a través de la reforma que comienza ya a articular, prevé reforzar el principio de no discriminación por género e impulsar políticas que trabajen la igualdad. También hace un guiño a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género y terrorismo: prevé modificar los criterios de baremación reconociendo su situación. Por otro lado, el Gobierno apuesta por evitar "cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües”.

Cree necesario, asimismo, "recuperar una formulación no restrictiva del papel de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y eliminar las referencias a una demanda social".

En cuanto a los centros concertados, recuperará el papel del Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimientos de selección y despido del profesorado.

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7. Modelo territorial y lenguas cooficiales

El Gobierno también ha dibujado las primeras líneas respecto a la regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas. Para ello, retomará la distribución de competencias, asignando el 55% o el 65% al Estado en todas las etapas.

Además, suprimirá la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, de manera que sea potestad de las comunidades. El Gobierno de Sánchez recupera –para llevar a cabo una regulación acorde– la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de febrero, por la que el tribunal anula varios preceptos de la Lomce al considerar que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias.