La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de investigar la renuncia en 1999 por parte de la asociación Ausbanc de la acusación contra el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, muestra que al menos dos de estas acusaciones desistieron en su intención de investigar al banquero cántabro por el caso de las cesiones de crédito.
Luis Pineda, presidente de Ausbanc y en la cárcel al igual que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsión, entre otros delitos, fue el primero que renunció, en 1999, a ser acusación particular de Botín y otros directivos. El banquero fallecido y varios colaboradores del banco fueron procesados por la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios como autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.
Hacienda inspeccionó en 1991 el Banco Santander y otras entidades financieras al considerar que habían realizado operaciones opacas. En concreto, y según la prensa de la época, el Santander protagonizó 45.000 cesiones de crédito entre 1987 y 1991. En ellas captó unos 2.400 millones de euros, al mismo tiempo que provocó un agujero estimado a Hacienda de 48 millones de euros.
Declaración de un abogado
Esta primera renuncia, según ha adelantado El Confidencial, ha sido denunciada por uno de los abogados de Ausbanc en su declaración ante el juez Pedraz, que "dispone de indicios que apuntarían a que la falsa asociación de consumidores pudo cobrar del Banco Santander a cambio de retirarse como acusación en la causa de las cesiones de crédito".
La pista clave la ha ofrecido un antiguo abogado de Ausbanc y Manos Limpias que está colaborando con los investigadores para reconstruir el origen de la trama. El testimonio de este letrado es especialmente relevante, porque participó en el caso de las cesiones, un procedimiento por el que Botín, otros tres directivos del Santander y 28 clientes de la entidad fueron procesados por la comercialización incluso entre fallecidos de este producto financiero.
Pero la renuncia de Ausbanc en el caso de las cesiones de crédito no fue la única que ha favorecido los intereses de Emilio Botín. El 24 de septiembre de 2012 la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), vinculada al empresario Rafael Pérez-Escolar, que formó parte del equipo del banquero Mario Conde en Banesto, y que desde un principio mantuvo un enfrentamiento con Botín, presentó un escrito desistiendo de su recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Esto provocó que el caso se archivara de forma definitiva.
José Luis Mazón
El abogado murciano José Luis Mazón consideró que Luis Pérez-Escolar Hernando, hijo del anterior responsable de la asociación ADIC, había traicionado a su padre, por lo que interpuso una denuncia contra la decisión de abandonar la acusación contra Botín y sus directivos.
Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid archivó en abril de 2015 la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Mazón contra el notario Luis Pérez-Escolar Hernando, que el 24 de septiembre de 2012 renunció al recurso de amparo que había presentado la asociación Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la decisión de archivar el caso de las cesiones de créditos, dirigida contra el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
La denuncia se presentó por un delito de corrupción entre particulares, y en la misma el abogado Mazón relataba que el denunciado y su padre, Rafael Pérez-Escolar, eran los directores oficiales de la asociación, y que el denunciado "vendió" a Emilio Botín, presidente del Banco de Santander , el recurso de amparo en el caso de las cesiones de crédito. El letrado murciano aseguró que, como contraprestación, recibió distintos préstamos "sin obligación de devolver".
No tenían vínculos con ADIC
El juez basó su sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre y adelantó el diario murciano Vega Media Press, en que ni el denunciado ni su padre, que había fallecido, tenían ninguna vinculación con la asociación ADIC. Pese a ello, todos los medios de comunicación asociaban a ADIC con el padre del querellado.
El recurrente era la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), vinculada al fallecido Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto en la época en la que lo presidía Mario Conde. La Asociación fue disuelta el año pasado.
Uno de los abogados de ADIC, en concreto Antonio Panea Yeste, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre, ratificó que los Pérez-Escolar, tanto el fallecido padre como el hijo “nunca fueron miembros de ADIC, ni tuvieron participación en las mismas, ni hicieron aportaciones económicas de ningún tipo”.
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Pero la sentencia incluye un párrafo de vital importancia para el abogado denunciante, José Luis Mazón: “El documento número 5 aportado en el escrito del letrado del denunciado de 12 de diciembre de 2014 recoge extractos de la cuenta de la sociedad Sagasta 2012 SL cuya titularidad corresponde a Luis Pérez-Escolar Hernando, que acredita el pago mensual de los préstamos concedidos a éste y a su hermano por importe de 15 millones de euros”.
De esta forma, el juez decretó el sobreseimiento libre de la denuncia interpuesta por Mazón “al no haber indicios de haberse perpetrado el delito que motivó la formación de la presente causa”.
Pero además, y según ha publicado el diario digital Vozpópuli, Botín ofreció a Iniciativa per Catalunya, que también formó parte de la acusación popular contra Botín: "Así, de golpe, me ofreció 100 millones de pesetas para empezar, más los gastos profesionales derivados del proceso si seguía los mismos pasos que Luis Pineda. Yo lo rechacé y le dije que este asunto lo llevaban nuestros abogados. Recuerdo que se pusieron en contacto con los del banco, pero, como es lógico, no aceptamos la misma oferta que Ausbanc sí admitió”, confirma Joan Saura al diario.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de investigar la renuncia en 1999 por parte de la asociación Ausbanc de la acusación contra el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, muestra que al menos dos de estas acusaciones desistieron en su intención de investigar al banquero cántabro por el caso de las cesiones de crédito.