Es uno de los agujeros negros del parlamentarismo valenciano. Tanto como aquel túnel donde quedó la vida de 43 pasajeros de la línea 1 del metro de Valencia cuando la unidad 3736 descarriló a 80 km/h a 37 metros del andén de Jesús. Fue el 3 de julio de 2006 y otros 47 viajeros resultaron heridos de gravedad. Días después llegó Benedicto XVI y el Partido Popular aplicó el gran fasto como sedante. Era el tiempo en que Canal 9 callaba el dolor de las víctimas y destinaba, fraudulentamente, 3,4 millones a la trama Gürtel para la sonorización de la multitudinaria misa central. Con 3,4 millones podrían haberse instalado 944 balizas de seguridad, a 3.600€ la unidad. Los sindicatos de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) llevaban años solicitando una veintena. En la curva fatídica había una, pero no programada para detener el convoy si superaba los 40 km/h. Al poco, el PP colocó 14 nuevas “para evitar la alarma social”.
Esta y otras anomalías jamás se trataron en la comisión de investigación que se celebró en les Corts en agosto de 2006. El PP blindó las comparecencias: 32 en total, solo cinco a propuesta de la oposición. Y en apenas cuatro días se sucedieron los interrogatorios. Fue la comisión de investigación más breve del parlamentarismo valenciano. Jamás apareció el libro de averías y las cajas negras fueron borradas. Los trabajadores de FGV vivieron meses bajo la ormetá de su gerente, Marisa Gracia, quien contrató a la consultora H&M Sanchis para preparar las comparecencias de 18 técnicos. Los ensayos se celebraron en su despacho con un cuestionario de 66 posibles preguntas y respuestas donde palabras como “tragedia” o “baliza” estaban vetadas. El PP concluyó que la única causa del accidente había sido el exceso de velocidad y el culpable el maquinista, uno de los 43 fallecidos. El éxito de la representación se celebró con un opípara comida, con cargo al erario público, por parte de dirigentes y técnicos de FGV.
La oposición, entonces, prometió que su primera medida al llegar al poder sería pedir perdón a las víctimas y reabrir la comisión de investigación. Lo primero ocurrió el pasado 3 de julio. Lo segundo este lunes. “Es un día de la recuperación de la dignidad”, anunció el president Ximo Puig, quien arribó a la sala acompañado de Enric Morera, presidente de les Corts. La jornada fue breve, apenas una hora para conformar la mesa, presidida por Sandra Martín (PSPV-PSOE) y Juan Ponce (Compromís). La secretaria será Eva Ortiz del PP. Los grupos tendrán hasta el 8 de octubre para presentar su listado de comparecencias y documentación.
Juan Cotino y Pedro García
Juan Cotino, ex consejero de Agricultura en el momento de la tragedia, es uno de los nombres que propondrá Compromís. Quien también fuera mano derecha de Francisco Camps se dedicó a visitar a las familias y ofrecerles trabajo y becas de estudio a los hijos a cambio de no acudir a los tribunales. Otro posible compareciente será Pedro García, director general de RTVV, a petición de Ciudadanos. Por su obviedad también se solicitará el interrogatorio de Marisa Gracia y de Pablo Cotino, el último gerente de FGV con el PP, destituido en julio tras dificultar el acceso de María José Salvador, consejera de Obras Públicas, quien se presentó por sorpresa en las oficinas de la empresa pública para recabar documentación sobre el accidente.
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Por su parte, tanto Ciudadanos como el Partido Popular solicitarán la comparecencia de Nieves Molina, titular del juzgado de instrucción número 21, quien hasta en dos ocasiones ha archivado la causa. En la actualidad, el proceso sigue abierto a instancias de la Fiscalía y de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. Con su asistencia, El PP busca ratificar sus tesis y Ciudadanos “aclarar si hubo injerencias políticas o si el Gobierno colaboró en la entrega de toda la documentación”, según su portavoz adjunto, Alexis Marí.
Desde el PSPV-PSOE se avanzó la negativa a esta comparecencia para no entorpecer la investigación. “Queremos saber cómo se gestionó el antes, el durante y el después del accidente, por lo que estamos hablando de responsabilidades políticas y técnicas, no jurídicas”, aclaró Ana Barceló, portavoz del PSPV-PSOE en la comisión. Un criterio que coincide con el de Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas 3 de Julio, quien explicó a infoLibre “la necesidad de no mezclar unas vías con otras”. Esta entidad ha sido la mayor crítica de la instrucción realizada por Molina, “repleta de déficits y lagunas”, pero en Les Corts “deben depurarse competencias exclusivamente políticas”, según Garrote.
Las víctimas no acudieron a la primera jornada de la comisión, aunque anunciaron su disposición no solo a exigir reparación y justicia, “sino también a que se implementen medidas para que no vuelva a pasar”. En ese sentido, Garrote reveló que requerirán una nueva ley de seguridad en el transporte y una remodelación del reglamento de comisiones parlamentarias que impidan experiencias “denigrantes” como la de agosto de 2006. También aspiran a un nuevo protocolo de protección de las víctimas. Y aunque el pasado 3 de julio realizaron su última concentración en la plaza de la Virgen tras años (desde noviembre de 2006) juntándose el día 3 de cada mes, Garrote aseveró que continuarán vigilantes. “Si nos decepcionan, volveremos”.
Es uno de los agujeros negros del parlamentarismo valenciano. Tanto como aquel túnel donde quedó la vida de 43 pasajeros de la línea 1 del metro de Valencia cuando la unidad 3736 descarriló a 80 km/h a 37 metros del andén de Jesús. Fue el 3 de julio de 2006 y otros 47 viajeros resultaron heridos de gravedad. Días después llegó Benedicto XVI y el Partido Popular aplicó el gran fasto como sedante. Era el tiempo en que Canal 9 callaba el dolor de las víctimas y destinaba, fraudulentamente, 3,4 millones a la trama Gürtel para la sonorización de la multitudinaria misa central. Con 3,4 millones podrían haberse instalado 944 balizas de seguridad, a 3.600€ la unidad. Los sindicatos de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) llevaban años solicitando una veintena. En la curva fatídica había una, pero no programada para detener el convoy si superaba los 40 km/h. Al poco, el PP colocó 14 nuevas “para evitar la alarma social”.