La larga resistencia a entregarle al juez la investigación interna que sobre los contratos con el policía José Manuel Villarejo el BBVA proclama haber puesto en marcha en junio de 2018 ha venido a arrojar más dudas sobre la segunda entidad financiera del país. Fuentes conocedoras del caso consultadas por infoLibre aseguran que el banco ha aportado a la Audiencia Nacional ciertos documentos pero no todos los que integran el forensic, es decir, la investigación externa que, según su versión, encargó en la fecha reseñada. Esas mismas fuentes agregan que el BBVA no ha facilitado las explicaciones solicitadas. Ni las conclusiones de la investigación. Y que las entrevistas realizadas durante el forensic aparecen como uno de los puntos negros de la información fallida. El viernes, y a preguntas de este periódico, sus portavoces desmintieron de forma categórica que el BBVA lleve casi un año demorando la aportación de documentos que sirvan para iluminar lo sucedido y dejar al descubierto la secuencia real de hechos.
Pese a que el BBVA niega que esté conteniendo la entrega de datos al juez, las fuentes consultadas insisten en que el banco no ha ofrecido las explicaciones que se le han ido solicitando desde el inicio de la causa –abierta en diciembre de 2018– para dibujar un mapa preciso de la información que obra en su poder y avanzar así en lo que ya ha demostrado ser un laberinto complejo. Complejo y delicado tanto por la identidad de los investigados como por la relevancia penal de los indicios delictivos –operaciones de espionaje ilegal que se prolongaron casi tres lustros– y las dificultades de establecer quién, cómo, para qué, bajo qué premisas y en qué condiciones ordenó en última instancia contratar a Villarejo. Entre los imputados, y esa constituye la arista más afilada de la causa, figuran el propio banco, segundo del país por volumen de activos, y su ahora expresidente, Francisco González, conocido en el ámbito financiero como FG.
Según sus propias palabras, FG no se enteró hasta 2018 de que ya en 2004 y con el objetivo de desactivar la entrada de la constructora Sacyr en el BBVA, Villarejo había prestado servicios al enorme buque financiero que entonces presidía. A ese encargo inicial le sucedió otro sobre empresarios del sector inmobiliario que adeudaban grandes cifras al BBVA y el relativo a la asociación de usuarios de banca Ausbanc, cuyos principales directivos se encuentran pendientes de juicio en otro caso acusados de extorsión. De lo que ha trascendido hasta la fecha, parece ya claro que, como mínimo, Villarejo cobró del BBVA más de 10 millones de euros.
Para aquella primera operación –Trampa– destinada a abortar el desembarco de Sacyr en el accionariado del BBVA, Villarejo utilizó su empresa Cenyt. Entre otras actuaciones, interceptó 15.000 llamadas de nada menos que 3.925 teléfonos diferentes, entre ellos los del hoy exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia nada menos que de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.
El pasado martes, y tras las primeras preguntas de este periódico sobre su colaboración real con el juez del caso, los portavoces oficiales de la entidad ofrecieron esta respuesta: "El forensic no está acabado y su elaboración permanecerá abierta en tanto no concluya la instrucción judicial"forensic.
En cambio, el 15 de agosto, inicio del gran puente veraniego, el BBVA había difundido a través de su web un comunicado donde hacía el siguiente anuncio: que "las líneas de investigación originales del forensic ya han sido finalizadas, sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". Y, sin mencionar en ningún momento la palabra "conclusiones", remataba así: "La información de dicha investigación forensic ha sido compartida proactivamente con la justicia".
El grueso de la prensa, escrita y digital, publicó de inmediato lo que resume el teletipo de la agencia Europa Press que puedes consultar pinchando aquí: que la investigación había finalizado. No hubo rectificación o aclaración posterior de ningún tipo. La pasada semana, el comunicado seguía en el apartado que la web del BBVA dedica a lo que denomina "caso Cenyt". El domingo ya no pudo ser localizado por este medio pero puedes leerlo bajo estas líneas.
Ni entrevistas ni conclusiones
¿Y en qué ha colaborado o no la entidad con la Audiencia Nacional? Pese a que el secreto de sumario ha extendido un manto de silencio, fuentes ajenas a los portavoces oficiales del BBVA ofrecen una versión radicalmente opuesta a la de la colaboración "proactiva" que se atribuye la cúpula del banco. Remarcan esas fuentes que la entidad sí ha entregado ciertos documentos elaborados por Price Waterhouse (PwC) y referidos a aspectos muy concretos, es decir, que no abordaban la centralidad de los hechos. Y remarcan también que el banco sigue sin facilitar informaciones de gran calado para la causa. Por ejemplo, ni ha remitido entrevistas realizadas para el forensic ni conclusiones.
Imputado desde julio como institución, el banco ha convertido en pilares de su estrategia comunicativa dos afirmaciones que ya aparecían en una nota oficial del pasado 29 de julio, el día en que conoció su imputación como persona jurídica. La primera es esta: que "ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensicforensic encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC". Con ese pasaje, el banco remarca el carácter "proactivo" de la colaboración, es decir, que está ayudando al juez por iniciativa propia. Y la segunda aseveración importante viene ahora: "Tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado de hoy citan la colaboración activa de BBVA en la causa".
Como señala ese mismo comunicado, la imputación del BBVA se produce por los supuestos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios. Ciertas fuentes jurídicas defendieron el viernes la tesis de que el juez está agradecido al banco por su colaboración y lo hicieron con la lectura parcial de un párrafo del auto de imputación, auto a cuyo contenido completo no ha podido acceder este periódico. Ese pasaje, del que infoLibre ignora su contexto así como su inicio y su final, dice esto: "No cabe duda de que en este caso se cumple [la colaboración con la justicia] y prueba de ello son los escritos en los que se ha hecho entrega de diferente documentación e información que está siendo objeto de estudio y análisis por este juzgado".
Lo que aparece entre corchetes no consta en el auto sino que, según las mencionadas fuentes jurídicas, se corresponde con la condición que "se cumple". No obstante y sin dar más datos, otras fuentes consultadas por este periódico refutan de manera lacónica aunque absoluta la interpretación de que el entrecomillado arriba reproducido signifique que el auto resalte la "colaboración" del banco.
Expertos independientes y abogados defensores a la vez
El forensic parece en cualquier caso la piedra angular. Como definió a comienzos de año el diario Expansión, líder de la prensa económica, se denomina forensic al proyecto que para una empresa desarrollan "expertos independientes para prevenir, detectar, evaluar e investigar actividades ilícitas, extremar las medidas de control y medir las implicaciones en la imagen de la compañía o en sus finanzas".
En junio, elconfidencial.com publicó algunos datos sobre el forensic encargado por el banco a expertos independientes, datos que desvelaban quién lo dirige: "Gran parte del análisis –decía el texto– gira en torno a la posible responsabilidad penal de BBVA, que se rechaza por parte del equipo de 150 expertos liderados por Helena Prieto, socia de Garrigues (...). Junto a Garrigues, trabajan expertos de Uría & Menéndez y PwC ".
Dos meses más tarde, el mismo digital anunció que, tras su imputación, el banco había encomendado su defensa al bufete Garrigues de forma conjunta con la firma Uría. Y el miércoles pasado, la exfiscal Helena Prieto, es decir, la jurista que lidera el equipo del forensic cuya misión debe culminar con un diagnóstico independiente sobre qué sucedió entre el banco y Villarejo, formó parte de la comitiva de abogados defensores que acompañó a la Audiencia Nacional a Adolfo Fraguas. Director de los servicios jurídicos del BBVA, Fraguas declaró ante el juez García Castellón en representación de la entidad y defendió la completa inocencia de la entidad financiera.
Una vez se levante el secreto de la causa, se conocerá qué información aportó Fraguas sobre el elemento clave que en sí mismo constituye el forensicforensic. El miércoles declaró durante cuatro horas: dos por la mañana, en una sesión interrumpida por el interrogatorio a cuatro imputados de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña; y dos por la tarde. La comparecencia del jefe del aparato legal del BBVA se reanudará el día 29.
El exdirectivo que sí quiso declarar
Según sus declaraciones públicas, FG no se enteró hasta 2018 de que ya en 2004 y con el objetivo de desactivar la entrada de la constructora Sacyr en el BBVA, Villarejo había prestado servicios al enorme buque financiero que entonces presidía. A ese encargo inicial le sucedió otro sobre empresarios del sector inmobiliario que adeudaban grandes cifras al BBVA y el relativo a la asociación de usuarios de banca Ausbanc, cuyos principales directivos se encuentran pendientes de juicio en otro caso acusados de extorsión.
Hasta la fecha, la información surgida del entorno del BBVA presenta a FG como alguien ajeno a las ilegalidades -supuestas– atribuidas a Villarejo y su tupida red empresarial. Ese puntero señala en dirección a antiguos directivos del banco. Y en el ranking de sospechosos de segundo nivel tiene gran preponderancia Julio Corrochano, un expolicía que antes de obtener el puesto de jefe de seguridad fue jefe de la Unidad Central Operativa de Información en el País Vasco contra ETA y ya conocía a Villarejo.
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En el ranking ocupa un puesto también relevante pero distinto al del resto de los directivos imputados Antonio Béjar. Ex responsable de operaciones inmobiliarias a Béjar se le presenta en ciertos medios como quien contrató a Villarejo para cobrar deudas de los grandes morosos del ladrillo, entre ellos Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial). Pero esa contratación se remonta a 2010. Y mucho antes de eso, el comisario había trabajado para el banco en la ya citada Operación Trampa, la dirigida a evitar la entrada de Sacyr en su accionariado.
A diferencia de Corrochano y de los otros antiguos cargos del banco imputados, Béjar sí accedió a declarar ante el juez una vez le llegó el turno. Es más, pidió seguir haciéndolo cuando, según fuentes jurídicas, topó durante el interrogatorio con algo que consideró no solo lesivo para sus intereses sino chocante. ¿Pensó que alguien lo había señalado como el futuro chivo expiatorio y decidió cooperar con la justicia a partir de ahí? Esa, junto con el forensic, es hoy una de las incógnitas del caso.
La larga resistencia a entregarle al juez la investigación interna que sobre los contratos con el policía José Manuel Villarejo el BBVA proclama haber puesto en marcha en junio de 2018 ha venido a arrojar más dudas sobre la segunda entidad financiera del país. Fuentes conocedoras del caso consultadas por infoLibre aseguran que el banco ha aportado a la Audiencia Nacional ciertos documentos pero no todos los que integran el forensic, es decir, la investigación externa que, según su versión, encargó en la fecha reseñada. Esas mismas fuentes agregan que el BBVA no ha facilitado las explicaciones solicitadas. Ni las conclusiones de la investigación. Y que las entrevistas realizadas durante el forensic aparecen como uno de los puntos negros de la información fallida. El viernes, y a preguntas de este periódico, sus portavoces desmintieron de forma categórica que el BBVA lleve casi un año demorando la aportación de documentos que sirvan para iluminar lo sucedido y dejar al descubierto la secuencia real de hechos.