Anne Duke, residente en un centro de mayores, falleció en noviembre de 2021 sin poder ver a su familia durante meses. Podría ser un titular de algo ocurrido en España, pero ha sido en Escocia. Y allí, el caso ya ha tenido consecuencias. Duke ha dado nombre a la que ya han bautizado como ley de Anne, una norma que obliga a que todos los mayores que viven en una residencia de ancianos reciban la visita de al menos un familiar. Siempre, aunque haya algún brote de covid. "El país demuestra respeto a los derechos civiles y humanos", valora el presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede) y uno de los portavoces de la Plataforma estatal, Paulino Campos. Lo dice con pesar porque la aprobación de esta ley saca a relucir, una vez más, las carencias que viven los mayores usuarios de residencias en España: dos años después del inicio de la pandemia, las visitas no están ni mucho menos normalizadas.
Ocurre a pesar de que el próximo 20 de abril España entrará en una nueva fase, mucho más avanzada, de la llamada normalidad: las mascarillas en interiores, excepto en determinados espacios, dejarán de ser obligatorias. Mientras, en las residencias, las visitas seguirán teniendo una duración determinada, seguirán estando sujetas a cita previa y seguirán sin permitir el acceso a las habitaciones. "Esas tres cuestiones nos siguen preocupando, porque todavía nos encontramos con medidas inaceptables", lamenta.
No ocurre en todas las comunidades, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, Madrid es la única autonomía que sobre el papel y en la práctica permite que las familias entren en las habitaciones de los mayores. "En Madrid lo único que impide hablar de normalidad absoluta son las mascarillas", afirma el presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez Sarti, que detalla que la mayor "preocupación" que tienen ahora mismo desde su organización es la contratación de trabajadores que no estén vacunados y la falta de controles estrictos a la entrada de familiares. "Nos preocupa una posible transmisión del virus", dice.
Pero esa situación no es la normal. Como detalla Campos, Galicia, la Comunitat Valencia y Canarias son las autonomías que destacan por ser las tres que más están tardando en gripalizar el covid-19 en los centros de mayores.
Galicia: incumplimiento de un protocolo ya "restrictivo"
En la primera no han cambiado el protocolo desde octubre de 2021, cuando ya se establecieron unas normas "restrictivas" que ni siquiera se cumplen. El documento recoge lo siguiente: "El régimen de visitas vuelve a lo establecido antes de la pandemia de covid-19, pudiendo los centros establecer un mecanismo de cita previa para una correcta organización". "En ese documento se indica que los horarios vuelven a 'la normalidad'. ¿Se cumple? No", zanja Campos.
Antes de la llegada del covid, las residencias gallegas permitían visitas en un horario que comprendía siete horas diarias. Ahora, muchas solo permiten una, indica. "De las 277 residencias para mayores que existen en Galicia, el 88% incumplen groseramente las normativas de visitas. No existe la libertad de horarios. Solo en las residencias de gestión pública, y no en todas, se cumple la normativa de octubre", lamenta Campos, que critica también que ni siquiera haya un control sobre esto. "Todo queda en manos del seguimiento que puedan hacer los familiares", apunta. En el protocolo, además, ni siquiera se menciona si se permite o no la entrada a las habitaciones, que no vienen citadas. "Es un tema tabú", denuncia.
Canarias: citas previas y "declaración responsable"
El protocolo que rige el régimen de visitas y salidas de las residencias canarias se firmó el pasado 7 de marzo por los consejeros de Sanidad, Blas Trujillo, y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. En él, como denuncian los familiares con los que se ha puesto en contacto infoLibre, se exige que las visitas se realicen con cita previa y tras firmar una "declaración responsable" que los familiares tachan de "chantaje".
Esa declaración contiene, según el anexo del protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, un primer punto que indica: "Declaro bajo mi responsabilidad que he recibido información de los riesgos de contagio de coronavirus, de las medidas de prevención e higiene frente al covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias y de los requisitos mínimos establecidos para permitir la visita a la persona residente indicada". Y continúa: "Declaro bajo mi responsabilidad que he contado con el tiempo suficiente y la oportunidad para realizar preguntas. Todas las dudas fueron respondidas por el personal del centro o establecimiento residencial a mi entera satisfacción".
Pero no es eso solo lo que preocupa a familiares, que también denuncian que los gestores de las residencias "no den la oportunidad" a las familias de tener toda la información. "No se puede normalizar que se comporten como gerentes de cárceles", denuncia una familiar, que insiste en que es necesario, tras la pandemia, "recuperar el contacto físico" con los mayores.
Comunitat Valenciana: visitas en el exterior y con citas previas
Las residencias de la Comunitat Valenciana estrenaron un nuevo protocolo el pasado 30 de marzo, hace apenas tres semanas. Sin embargo, tal y como denuncia Ester Pascual, de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa), no parece adaptado a la situación epidemiológica ni a otras normativas recientes —relativas, por ejemplo, a los aforos. "Estamos decepcionados con esta nueva regulación, ya que nuestros mayores van a seguir sufriendo restricciones bajo el falso pretexto de la seguridad para beneplácito de las empresas gestoras. Esta normativa sigue alejando a los familiares de los mayores, como si les pertenecieran a las residencias", lamenta.
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Lo han observado tras su implantación. En primer lugar, porque aunque "por fin" se permite el acceso a las habitaciones de los mayores, se hace de manera "puntual", con el único fin, dice la norma, "de asegurarse de que el armario dispone de ropa de temporada suficiente y adecuada". "Las residencias ya están advirtiendo de que esas visitas se permitirán solo en cambio de temporada, y ya hay residencias que han establecido su duración en 10 minutos", denuncia Pascual.
En cualquier caso, las visitas deben realizarse con cita previa, algo difícil de conseguir, dice Pascual, porque "suele ser complicado contactar telefónicamente con el centro". Además, se prioriza la visita en zonas exteriores o, dice la norma, en interiores bien ventiladas, algo que limita mucho los espacios disponibles y dificulta, por tanto, la obtención de cita. "Las vulneraciones de derechos que se están produciendo son tremendas y, a nuestro parecer, no tienen sentido desde el punto de vista ético, científico o jurídico", lamenta Pascual, que añade que el hecho de que "se mantengan estas medidas a pesar de la actualización de la normativa es una condena en firme a nuestros padres, madres y familiares".
Mientras esto ocurre, la patronal de las residencias pide "urgentemente" que se apruebe la cuarta dosis de la vacuna para los ancianos residentes en centros de mayores. "Como sector pedimos que nos avancemos y que no pase como siempre, es decir, que haya un incremento de mayores en los hospitales y, luego, nos los planteemos. Creo que el Gobierno de España debería estar valorándolo urgentemente", señala la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, según ha publicado 65ymás. Sin embargo, todavía hay dudas sobre su efectividad. Y los familiares insisten en que, con o sin cuarta vacuna, los mayores necesitan volver a la normalidad. Y eso pasa por poder ver a sus familias como lo hacían en 2019.
Anne Duke, residente en un centro de mayores, falleció en noviembre de 2021 sin poder ver a su familia durante meses. Podría ser un titular de algo ocurrido en España, pero ha sido en Escocia. Y allí, el caso ya ha tenido consecuencias. Duke ha dado nombre a la que ya han bautizado como ley de Anne, una norma que obliga a que todos los mayores que viven en una residencia de ancianos reciban la visita de al menos un familiar. Siempre, aunque haya algún brote de covid. "El país demuestra respeto a los derechos civiles y humanos", valora el presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede) y uno de los portavoces de la Plataforma estatal, Paulino Campos. Lo dice con pesar porque la aprobación de esta ley saca a relucir, una vez más, las carencias que viven los mayores usuarios de residencias en España: dos años después del inicio de la pandemia, las visitas no están ni mucho menos normalizadas.