España tenía al cierre de 2015 más de 16.400 peticiones de asilo aún pendientes de resolver, miles de personas a quienes se les dio la primera luz verde admitiendo su petición a trámite pero que sin embargo, viven en una situación de vulnerabilidad y con la incertidumbre al no saber si finalmente recibirán protección del Estado o serán invitados a abandonar el país. El plazo para resolver los casos es de seis meses ampliables a 21 en situaciones excepcionales, pero hay gente en España que espera durante años.
Esta situación de "colapso" denunciada reiteradamente por las ONG y evidenciada con los datos de Eurostat, provoca que muchos refugiados –algunos se habrán marchado– vivan en España en algo parecido a un limbo. Tienen una tarjeta roja que acredita que han solicitado asilo y están autorizados a residir y/o a trabajar (en función de los casos) en el país, pero se trata de un documento temporal que no da mucha confianza a futuros empleadores, futuros caseros o administrativos de banca. Hay organizaciones que destinan recursos sólo para explicar a esa gente qué significa el carné.
La primera dificultad que afrontan estas personas es que la Administración tarda más en resolver que las ayudas en acabarse. Aunque varía ligeramente en función de la vulnerabilidad y el perfil de cada uno, el programa de acogida en España tiene una duración de dos años al cabo de los cuales habrá de buscarse la vida como un ciudadano más, pero sin redes de apoyo, en un país desconocido, con un permiso temporal y con todo lo que supone haber huído de la persecución o la guerra. Amnistía Internacional dice que se aboca a la gente a la indigencia.
A nivel personal, supone un bloqueo, como varios de estos solicitantes de asilo han explicado a Europa Press, porque no se pueden hacer planes a medio o largo plazo sin saber cuál será la respuesta del Ministerio del Interior, organismo competente. Tampoco logran judicializar los casos, porque al no haberse pronunciado la Administración, no tienen una decisión contra la que litigar. Si la respuesta es no, podrán pelearlo o conseguir un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios. CEAR dice que en 2015 no se concedió "ni uno" a personas con la petición rechazada.
Otro grave problema para estas personas es que al no tener oficialmente la condición de refugiadas, el reloj de sus derechos está paralizado. Un refugiado puede obtener la nacionalidad al cabo de cinco años en España, pero no cuenta el plazo que estuvo en espera. Un refugiado tiene derecho a instar la misma protección para su familia o solicitar permiso para que se reúnan con él. Un solicitante de asilo, no. Un refugiado obtiene un pasaporte, el que espera ha de pedir permiso si quiere viajar.
Según la ley, el plazo para resolver las solicitudes es de seis meses, un periodo que en casos excepcionales y previa notificación del afectado puede ampliarse hasta 21. Sin embargo, personas como Juan María (nombre falso), de Guinea Ecuatorial, esperan durante años. Su caso es "de récord", como dicen en Pueblos Unidos, la ONG que le acompaña en los últimos tiempos. Lleva esperando desde enero de 2009, siete años y seis meses en una situación absoluta de parálisis.
Siete años y medio esperando
Militante de un partido opositor, fue encarcelado dos veces junto a otros compañeros acusado de intentar un golpe de Estado. La primera vez pasó dos años y cuatro meses en una prisión guineana y la segunda, casi un trimestre. En ambos casos salió en libertad, según explicó en una entrevista con Europa Press, por "la presión internacional, entre otros de España, que pedía al régimen pruebas de las acusaciones".
Durante su estancia en prisión las amenazas en su entorno subieron tanto de nivel, que su mujer y sus cuatro hijos se marcharon a Norteamérica, donde recibieron asilo. Cuando salió, tras haber sufrido "torturas y todo tipo de atrocidades", la presión se centró de nuevo sobre él, su vida estaba "en grave peligro" por ser considerado "un enemigo del régimen". "Incluso en el velatorio de mi hermano se presentaron dos policías para amenazarme", afirmó.
Se matriculó en la UNED para cursar el acceso pero la situación se volvió asfixiante, había una pareja de policías inflitrada en el alumnado "para controlar la información" que él pudiera dar a los españoles. Fue el cónsul de España en Guinea Ecuatorial quien atendió su petición de ayuda y le selló un visado de turista porque dice, "hasta eso estaba controlado". Cuando en Guinea se supo que había huído, volvieron las amenazas a su familia, incluída su madre, de 85 años, que falleció poco después.
Llegó en enero de 2009 y solicitó asilo, no recibió ninguna ayuda ni fue informado de que existía un programa de acogida. Se trasladó a vivir a Zaragoza, donde sabía de una comunidad de compatriotas. Resume el proceso desde entonces con una sucesión de documentos temporales: "Primero me dieron un folio, luego una tarjetita blanca, luego una tarjeta amarilla y después una roja, y yo ya pensaba que en seguida me darían el asilo, tenía esperanzas, pero llevo más de seis años con la misma tarjeta".
Dice que lo ha intentado todo. Tras escuchar una y otra vez en las dependencias de asilo en Zaragoza que "hasta que Madrid no se pronuncie, no se sabe nada", solicitó audiencia con la entonces presidenta de Aragón y acabó recibido por un subdelegado del Gobierno que en 2012 le dijo que le llamaría. Hace cuatro años presentó un recurso para intentar que la Oficina de Asilo se pronunciase sobre su caso, pero tampoco ha obtenido respuesta. No hay una decisión contra la que reclamar en un tribunal, "sólo hay silencio".
"Yo tenía la esperanza de que aquí seguiría con mi carrera y que con suerte después podría trabajar. Incluso tenía la esperanza de que me concederían la nacionalidad española, porque los de Guinea Ecuatorial con dos años de residencia ininterrumpida aquí tenemos acceso. Ya son ocho años y no me dan ni el asilo ni puedo tener la nacionalidad. ¿En qué lugar me deja España? No tengo futuro, no vivo. No sé qué más hacer", afirmó.
Dejó Zaragoza después de siete años y se mudó a Madrid "sólo para estar más cerca de la Oficina de Asilo", por si sirve de algo. Cuenta que optó por España por "los vínculos históricos" con Guinea Ecuatorial, antigua colonia, y porque sus hermanos mayores ya hicieron vida aquí. "Entre nosotros y vosotros la única diferencia que existe es el color de la piel. Tenemos la misma cultura, la misma civilización, nuestros abuelos tienen el mismo DNI", explicó.
Los casos se acumulan
Récord histórico de solicitantes de asilo en España: 12.600 peticiones hasta el 30 de octubre
Según los datos recopilados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España recibió algo más de 14.800 solicitudes de asilo en 2015, tres veces más que el año anterior. Sin embargo, la Oficina de Asilo y Refugio se pronunció sobre 3.240 casos, 400 menos que durante 2014. Para la responsable del Servicio Jurídico de la ONG, Paloma Favieres, "el problema no es solamente ese, sino que hay un número cada vez mayor de solicitudes pendientes de resolución".
"Esto se debe a que se ralentiza el procedimiento por cuestiones de la instrucción, de las personas solicitantes o porque se está dejando hibernar algunas solicitudes de ciudadanos de países en conflicto porque la duración del conflicto es incierta, como en el caso de Ucrania, República Centroafricana y Mali", explicó.
Es lo que en las ONG llaman "criterio de prudencia", que implicaría incumplir los acuerdos de Ginebra dejando 'congeladas' algunas peticiones en lugar de atender al derecho individual de cada persona. Es por lo que Amnistía Internacional tilda el sistema de asilo español de "discriminatorio. Juan María no es de ninguna de esas nacionalidades y sin embargo, sigue esperando. No tiene una respuesta, plantea que quizá sea sólo una cuestión de voluntad.
España tenía al cierre de 2015 más de 16.400 peticiones de asilo aún pendientes de resolver, miles de personas a quienes se les dio la primera luz verde admitiendo su petición a trámite pero que sin embargo, viven en una situación de vulnerabilidad y con la incertidumbre al no saber si finalmente recibirán protección del Estado o serán invitados a abandonar el país. El plazo para resolver los casos es de seis meses ampliables a 21 en situaciones excepcionales, pero hay gente en España que espera durante años.