El 13 de febrero de 2015, cuando Ignacio González todavía era presidente de la Comunidad de Madrid, una de las fiscales que investiga la trama Púnica, en concreto Carmen García Cerdá, tomó la palabra en el interrogatorio que el juez Eloy Velasco realizaba al exjefe de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) del Gobierno madrileño, José Martínez Nicolás, que había sido detenido horas antes, para hacerle una pregunta "sobre una denuncia que se ha incorporado a las actuaciones".
Y Velasco, que urgía a la fiscal a que se diera prisa, pues el número de personas que debían interrogar ese día era muy elevado, le cedió a la palabra a la representante del Ministerio Público: "Pues rapidito", le conminó el magistrado, ante lo que el detenido apostilló: "Yo estoy dispuesto, en cualquier momento y cuando sea...".
"Es que es importante", advirtió en ese momento la fiscal, que dirigiéndose a Martínez Nicolás, le preguntó: "¿Usted ha estado en alguna reunión con personas donde el presidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido a otra gente que estaba en esa reunión que intentase conseguir un millón y pico de euros en B para temas de campañas, sobrefacturando contratos y con facturas que no obedecen a la realidad?".
Dos años después, entre los argumentos que el juez ha dado para enviar a prisión en la madrugada del sábado a Ignacio González está haber presuntamente desviado de ICM, dependiente de la administración regional, un millón de euros, según el juez Eloy Velasco.
"Sanear las cuentas"
El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, explica que González, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de "sanear las cuentas" de la formación política, por lo que el 7 de junio de 2012 se reunió con Martínez Nicolás –en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril– para solicitarle un millón de euros.
El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM –ente dependiente de la Vicepresidencia regional, que dirigía en ese momento también González–, con las empresas PWC e Indra.
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Sin embargo, en el interrogatorio realizado por la fiscal, Martínez Nicolás, a la pregunta de si había asistido a la reunión en la que González había reclamado el millón de euros, respondió: "No", según consta en el audio del interrogatorio, al que ha tenido acceso infoLibre. Pero la fiscal fue más allá y trató de conseguir más información del detenido, que supuestamente había decidido colaborar con el instructor: "Porque yo tengo entendido que usted estuvo en esa reunión", le espetó García Cerdá.
Martínez Nicolás, que previamente había reconocido que había participado en el pago en metálico entre la empresa Indra y el conseguidor e informático de la Púnica Alejandro de Pedro, ya que se lo había reclamado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, tampoco reconoció los hechos por los que estaba siendo preguntado: "Yo no he estado en ninguna.... yo no he tenido ese nivel de... si eso ha ocurrido, yo no tenía la suficiente confianza, seguro...", relató el excargo del Gobierno madrileño.
Dinero pedido a Indra y PwC
Sin embargo, la fiscal, dirigiéndose de nuevo al detenido, relató que, al igual que se le había pedido a Indra que pagara, se interesó sobre la participación de otras empresas que ahora han sido registradas en relación a la trama liderada por Ignacio González: "¿Sabe si por ejemplo a Price [PriceWaterhouse Coopers PwC] se le ha pedido también que pagase?¿No?, ¿no ha estado usted en ninguna reunión en la que se ha pedido a Price que se pagase?", volvió a preguntar la fiscal García Cerdá.
Precisamente, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el jueves a las sedes de la consultora PWC y de la tecnológica Indra para solicitar los contratos de estas compañías con ICM.
Ante la nueva negativa, la fiscal se interesó de nuevo sobre si el detenido tenía constancia de que se le hubiera pedido dinero a "El Corte Inglés" y a "Telefónica": "Tampoco", respondió Martínez Nicolás, que después explicó que a Telefónica y a El Corte Inglés, se había pedido "lo del Fotocam", en referencia al concurso de fotografía promovido por la Comunidad de Madrid. "¿Solamente?, volvió a interpelar la representante del Ministerio Público, que completó: "¿Está seguro de que no asistió a esa reunión?". Martínez Nicolás no contestó a esta nueva pregunta.
En el auto, Velasco destaca que la "línea de investigación" de la Operación Lezo está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a la agencia de informática ICM.
"Testigo privilegiado de los hechos"
De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez –al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia– en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.
En esta declaración, Corujo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo "hasta el momento" se ha podido conocer que Indra hizo frente a un "flujo monetario de 687.497 euros (566.497 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)" para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011 –en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid revalidando la mayoría absoluta–, informa Europa Press.
Precisa, además, que se interpusieron "entre una y otras" hasta nueve empresas para pagar la deuda de los conservadores madrileños. Se trata de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas con Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarría y José Miguel Alonso Gómez.
El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la "persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos". Además, apunta que éste habría utilizado su "posición de superior jerárquico" para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las "exigencias planteadas" por el exconsejero.
Ignacio González es trasladado este viernes desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos a la Audiencia Nacional. EFE
El auto que envía a prisión a Ignacio González destapa un escenario de saqueo general y complicidades
En el interrogatorio de 13 de febrero de 2015 la fiscal también preguntó a Martínez Nicolás sobre otros hechos: "¿Sabe qué paso con el proyecto IlustraMadrid, en el que fue adjudicataria una empresa, puede ser Avanzit?". "Sí", contestó Martínez Nicolas, que completó: "Tengo que decir por delante que es un proyecto que yo eliminé. El objeto era digitalizar el patrimonio histórico artístico de la Comunidad de Madrid. Y era muy costoso. Yo me lo encontré en marcha, y era de cuarenta y tantos millones de euros. Ese proyecto lo pilotaba desde fuera de ICM Alberto López Viejo [procesado en Gürtel], que era el consejero de Deportes. Yo vi el proyecto, y no me gustó, porque no me pareció que eso valiera tanto dinero. Me llamó para desayunar y le dije que no había presupuesto para eso".
Y la fiscal se interesó sobre si, en relación a IlustraMadrid, una empresa denominada Avanzit había recibido alguna adjudicación: "¿Sabe si esta empresa tiene alguna relación con el anterior consejero delegado de ICM, que estuvo antes que usted, Cándido Cerón?", interpeló de nuevo la fiscal. Y Martínez Nicolás explicó entonces que Cándido Cerón, "antes de ICM, sí estuvo en Avanzit, porque tenía una empresa que compraron los de Avanzit. Pero no estuvo allí trabajando nunca", se defendió Martínez Nicolás.
Precisamente, el empresario Adrián de la Joya, que fue exvicepresidente de la firma Avanzit, aportó este viernes durante su declaración como investigado, según fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con una cuenta de Suiza vinculada a una mordida de 1,4 millones por el tren de Navalcarnero. El magistrado lo dejó en libertad sin medidas cautelares tras aportar la documentación requerida y mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia.
El 13 de febrero de 2015, cuando Ignacio González todavía era presidente de la Comunidad de Madrid, una de las fiscales que investiga la trama Púnica, en concreto Carmen García Cerdá, tomó la palabra en el interrogatorio que el juez Eloy Velasco realizaba al exjefe de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) del Gobierno madrileño, José Martínez Nicolás, que había sido detenido horas antes, para hacerle una pregunta "sobre una denuncia que se ha incorporado a las actuaciones".