Una semana después de incumplir los plazos legales establecidos para la renovación del Constitucional, los dos bloques que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a reunirse a la búsqueda de un consenso que acabe con la interinidad de un tercio de los magistrados del tribunal de garantías. La de este miércoles será la segunda reunión de los equipos negociadores, después de una primera sin demasiados avances. A los progresistas les gustaría que hubiese "acuerdo" esta misma semana. Sin embargo, sostienen que "no depende" de ellos. De esta manera, colocan el foco sobre la contraparte conservadora, que primero se opuso a cumplir con el plazo fijado por el Ejecutivo para la renovación, luego atrasó al máximo el primer encuentro negociador y, una vez celebrado, afirmó que aún no tenían candidatos que poner sobre la mesa, algo que sí han hecho ya los progresistas.
El bloqueo parte, fundamentalmente, de ocho vocales conservadores. Un grupo que lleva tiempo plantando cara a las diferentes decisiones de Gobierno. Casi todos ellos votaron en contra de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, así como de Álvaro García como su sucesor al frente del Ministerio Público. Y fueron también, con otros compañeros de sector, los que plantearon la posibilidad de llevar a Bruselas la reforma de la Ley del Poder Judicial que desbloqueaba la renovación del Constitucional. Todos ellos son juristas con experiencia. De hecho, algunos han estado al frente de tribunales superiores y audiencias provinciales. Y aterrizaron en el órgano de gobierno de los jueces de la mano del PP, formación con la que se ha vinculado a alguno de ellos.
Ballestero y Llombart, al frente de la negociación
Dos son los negociadores del bloque conservador en la renovación del Constitucional: José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Los dos magistrados siempre han estado estrechamente vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura, llegando a ser el primero de ellos secretario general. Ballestero, que hace un par de años se coló en todos los medios tras pedir a los asistentes un "¡Viva el rey!" durante el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona, ha sido juez en Plasencia, Noia, Ferrol, Cáceres y A Coruña. Y desde 2004 es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un puesto que ocupaba cuando se desestimaron los recursos del famoso caso Asunta. Su aterrizaje en el Consejo General del Poder Judicial se produjo, justamente, tras la salida de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior.
Llombart, por su parte, ingresó en la carrera judicial en 1980. Pocos años después, entró como magistrada en la Audiencia Provincial de Valencia, de la que sería presidenta entre 2010 y 2015, donde formó parte del tribunal encargado de enjuiciar el caso Alcasser y el caso Maeso, el médico que contagió de hepatitis C a 275 pacientes. Ya en el órgano de gobierno de los jueces, fue la autora del informe que daba el visto bueno a la ley del aborto que trató de impulsar Alberto Ruiz-Gallardón, si bien con algunas reservas relativas a la malformación del feto o la necesidad de aval por parte de un segundo médico. Se dice que en su llegada al CGPJ jugó un papel importante Fernando de Rosa, antiguo vocal conservador y hoy senador del PP. De hecho, fue este mismo quien sustituyó a Llombart, ahora magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, al frente de la Audiencia Provincial de Valencia.
Macías, en el núcleo duro
Ni Ballestero ni Llombart han tenido en estas últimas semanas presencia mediática. De eso se ha encargado, más bien, José María Macías. Desde el fracaso del Pleno fijado por Carlos Lesmes para la renovación del Constitucional a comienzos de septiembre, este vocal del bloque conservador ha concedido algunas entrevistas en las que ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del bloqueo en el tribunal de garantías. "Si no nos hubieran prohibido nombrar y el Tribunal Constitucional no estuviera tolerando esa ley inconstitucional, habríamos nombrado esos dos magistrados en junio sin lugar a dudas. Si no lo pudimos hacer fue porque el Gobierno nos lo impidió", le decía al diario La Razón pocas horas después de que fracasase el Pleno. "El Gobierno tiene una concepción no democrática y cesarista del ejercicio del poder", titulaba poco después OkDiario otra entrevista con él.
Macías ingresó en la carrera judicial en 1990, ejerciendo fundamentalmente en lo contencioso-administrativo. Entre 2002 y 2003, en la era de Jordi Pujol, ocupó el cargo de director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña. Y un par de años después pidió la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía. Se incorporó como socio en el prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, donde ejercía cuando dio el salto al Poder Judicial. Lo hizo en 2015 en sustitución de Mercè Pigem, quien dimitió después de que la cazaran llevando 9.500 euros de Andorra a España junto a su hermana. Y entró de cabeza a formar parte de la Comisión Permanente, el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces.
Su nombre aparece también vinculado de alguna manera a la Fundación Faes, el think tank del PP. Así, la memoria del 2005 le menciona como uno de los "asistentes" al Ciclo de Seminarios La Reforma del Estatuto de Cataluña, en concreto a las ponencias Salas de Gobierno/Consejos Territoriales de Justicia: modelo de Estado y modelo de Justicia y El futuro de los Tribunales Superiores de Justicia, así como otro seminario o encuentro bajo el nombre El futuro de la organización de Justicia en el marco de las reformas estatutarias. Y la de 2010 le recoge como uno de los "asistentes" a unas jornadas celebradas en mayo con el título Acceso a la Carrera Judicial, que tenían como coordinador al nuevo magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo, como ponente al magistrado Pablo Llarena y como asistentes, entre otros, al exministro Federico Trillo o la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo.
Martinez Moya y Martínez Tristán
Dentro de este bloque también se encuentran Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. Los dos magistrados tienen varias cosas en común. Ambos ingresaron en la Carrera Judicial en 1988. Ambos cuentan con una dilatada trayectoria profesional. Y ambos pasaron una parte importante de sus carreras en los tribunales superiores. El primero presidió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia entre 2004 y 2015, donde ahora es magistrado de la Sala de lo Social. El segundo estuvo al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entre 2006 y 2016. Ahora, este vocal del Poder Judicial, que ha pasado también por los tribunales superiores de Castilla y León o Castilla-La Mancha, es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Ambos también se han visto involucrados en diferentes polémicas. Juan Martínez fue muy criticado por haber decidido en 2014, junto a otros dos magistrados, enviar a los juzgados de Lorca la querella de la Fiscalía sobre el caso Auditorio, lo que pospuso la imputación de Pedro Antonio Sánchez y le despejó el camino de cara a los comicios autonómicos. A pesar de ello, la investigación continuó –es más, el juicio comienza a finales de este mes–. Eso sí, con más sobresaltos. En marzo de 2017, el diario El País publicó que el magistrado que instruía la causa contra Pedro Antonio Sánchez había sido fotografiado en un bar junto al entonces vocal de la dirección regional del PP Cosme Ruiz, quien a su vez era el suegro de Juan Martínez, el ahora vocal del Poder Judicial y entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
La vida después del Poder Judicial: el gobierno de los jueces como trampolín para hacer carrera política
Martínez Tristán, por su parte, entró en escena en los últimos compases de 2013. Había pasado un mes desde que un segundo juez suspendiese el proceso privatizador sanitario en suelo madrileño. Y, como presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió ordenar que todos los recursos sobre esa misma materia quedaran bajo su control. El problema es que estaba casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal y hasta 2009 alto cargo del Ejecutivo madrileño. De ahí que el PSOE solicitara que se le apartase de la causa. La recusación, que fue rechazada por la Fiscalía, no prosperó. Sin embargo, Martínez Tristán tampoco acabó decidiendo. A finales de diciembre, fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del Poder Judicial. Y dejó de ser presidente de la Sala.
Carmona, Abad y Fernández Martínez
El listado lo completan María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad y Juan Manuel Fernández. La primera de ellas es secretaria judicial desde 1994 y ha estado destinada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. En 2012, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, pasó a desempeñar el cargo de jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Aterrizó en el Poder Judicial de la mano del PP. Y ya en el órgano de gobierno de los jueces, fue designada presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un nombramiento que encendió al sector progresista, que consideraba que la candidata natural para ese puesto era la magistrada Clara Martínez de Careaga al estar al frente de la Comisión de Igualdad.
Díaz Abad, que hace un par de años fue la encargada de emitir el voto discrepante con el nombramiento de Dolores Delgado al considerar que su "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo no contribuía a "la percepción de independencia" del Ministerio Público, tiene un perfil mucho más internacional. Es abogada del Estado con destino en los Ministerios de Fomento y de Asuntos Exteriores y Cooperación y, además, ha sido durante casi una década jefa de la Abogacía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos años, el Colegio Mayor Belagua, promovido por el Opus Dei, la escogió para dar una conferencia en el acto de clausura del curso 2016-2017 de la Universidad de Navarra. El mismo centro en el que ha impartido clases Fernández Martínez, quien también llegó al CGPJ de la mano del PP tras haber presidido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Una semana después de incumplir los plazos legales establecidos para la renovación del Constitucional, los dos bloques que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a reunirse a la búsqueda de un consenso que acabe con la interinidad de un tercio de los magistrados del tribunal de garantías. La de este miércoles será la segunda reunión de los equipos negociadores, después de una primera sin demasiados avances. A los progresistas les gustaría que hubiese "acuerdo" esta misma semana. Sin embargo, sostienen que "no depende" de ellos. De esta manera, colocan el foco sobre la contraparte conservadora, que primero se opuso a cumplir con el plazo fijado por el Ejecutivo para la renovación, luego atrasó al máximo el primer encuentro negociador y, una vez celebrado, afirmó que aún no tenían candidatos que poner sobre la mesa, algo que sí han hecho ya los progresistas.