El acoso frente a las clínicas para la interrupción del embarazo es constante y no entiende de pandemias. Este año se cumple una década desde que los grupos ultraconservadores decidieran plantarse ante los centros de manera sistemática para llevar a cabo un hostigamiento constante contra sus trabajadores y contra las mujeres que acuden a ejercer un derecho. Este miércoles se inicia una campaña de 40 días de concentraciones frente a la clínica Dator, pionera en Madrid y una de las siete que existe en la región. La campaña también está convocada en otros puntos del país, como València y el Puerto de Santa María (Cádiz).
Los 40 días son un habitual para quienes trabajan en el centro. Así lo expresa Sonia Lamas, una de las trabajadoras y portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Habla desde su despacho, aislada, pero sabe bien lo que hay fuera. Como cada año, grupos de personas se concentran frente a la clínica para lanzar sus consignas violentas contra quien trate de atravesar sus puertas. "Esta mañana había seis personas y dos bebés, ¡traen hasta bebés!", describe la trabajadora.
La mera presencia de los manifestantes, entiende la trabajadora, "es una vulneración de un derecho que está por encima de su derecho a rezo, a concentración y a la desinformación". Porque "esta gente no informa", clama la entrevistada, sino que "da su visión y acosa a las mujeres". Lo que los grupos ultracatólicos camuflan como información dirigida a las mujeres, denuncian las clínicas, es en realidad una forma de acoso. "En la ley está muy bien definido qué información deben recibir", recuerda Lamas al referirse al sobre informativo al que acceden las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo. En ese sobre "viene toda la información para que las mujeres tomen una decisión totalmente responsable, como no puede ser de otra manera".
Los gritos, las imágenes de fetos y las pintadas poco tienen que ver con la labor informativa. El hostigamiento "se viene produciendo desde la ley de 2010", pero ya estaba presente con la norma de 1985 y forma parte de un ataque sistemático "contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Recuerda Lamas que "esa misma gente es la que está en contra de los derechos de las mujeres y la que ataca directamente a la lucha contra la violencia de género". Dator viene soportándolo desde hace al menos una década, también en redes sociales: "Nos llaman asesinos y nos insultan todos los días, pero no hemos conseguido que retiren ni un solo tuit".
El plano virtual ha sido el espacio preferente de los grupos antiabortistas con el inicio de la crisis sanitaria. "Durante la alarma su presencia física, que sepamos, fue nula, aunque el mismo sábado 14 de marzo vinieron y se llamó a la policía", narra Lamas. No obstante, "siguieron mintiendo en redes, amenazando y metiéndose con los medios que informan. Esto sigue". Desde este miércoles y hasta el 1 de noviembre estarán frente a la clínica Dator, de 9:00 de la mañana a 21:00 de la noche. "Están con pancartas: rezamos por tu bebé", señala la trabajadora. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, la doctora censura que no sólo están frente a la clínica, "sino a las puertas, sin guardar distancia y entregando folletos".
El acoso no se produce de forma discreta y espontánea, sino que parte de planes minuciosamente trazados. La campaña, impulsada por grupos ultracatólicos de todo el mundo, tiene como objetivo "salvar vidas" y "terminar con el aborto" a través de una presencia constante en las zonas aledañas y una interpelación directa a mujeres y trabajadores. También durante la pandemia: "Si el aborto se considera un servicio esencial, nuestra presencia también", dicen los organizadores en redes sociales.
Diez años de acoso sistemático
A finales del año pasado más de medio centenar de organizaciones denunciaban "cien acciones de acoso al año" frente a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y recalcaban que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas". La primera consecuencia, traza Sonia Lamas, es la incomprensión de las mujeres. "Nos preguntan por qué no hacemos nada, no entienden qué hace esa gente ahí fuera". Pero además, las secuelas pueden ser de peso. "Hemos tenido que cambiar citas por las consecuencias" ya que este tipo de intervenciones "requieren de un estado de salud físico y psicológico en buenas condiciones".
A través de una encuesta a tres centenares de mujeres, ACAI elaboró un estudio en el que concluye que un 89% se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estas personas. El 95,67% cree que las concentraciones deberían estar prohibidas y el 91,67% estima que las mujeres tendrían que poder recibir ayuda. Algunos testimonios recabados por la organización recogen la angustia de estas mujeres: "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo" y "es muy desagradable encontrarte con estas personas en un momento de vulnerabilidad, debería estar prohibido tal acoso", son algunas de sus palabras.
Tampoco denunciar es fácil. "La mayoría decide no hacer nada", en primer lugar porque la interrupción del embarazo "sigue siendo un estigma y hay mucho tabú", de modo que las mujeres sólo quieren "irse y seguir con su vida". Además, denunciar implica "revelar algo que no tienen por qué contar".
José Antonio Bosch es abogado de ACAI y recuerda que el acoso "lleva toda la vida desde que se despenalizó el aborto, pero se intensificó con la ley de 2010". Zonas como Madrid, Albacete o Málaga lo sufren "durante todo el año". Bosch sitúa el principal problema en la inacción de las instituciones. "Nos dicen que el derecho a la libertad de expresión y de manifestación son constitucionales y no se puede hacer nada".
Para el abogado, no obstante, la acción de los grupos antiabortistas va más allá. "Si sólo estuvieran rezando me parecería magnífico, pero lo que hacen es acosar e intentar coaccionar a las mujeres", reitera, al tiempo que reconoce que las acciones son muy diversas: hay conductas "muy pasivas y otras más activas", pero lo cierto es que todas terminan por sentenciar a las mujeres tachándolas de "asesinas". Algo que en cualquier otra circunstancia sería intolerable, considera el abogado. "Lo que cambia aquí es la sensibilidad: esto es un problema de mujeres". Así que no hay una respuesta.
Compromiso y actuaciones
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En febrero del presente año, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior la protección de las mujeres que acuden a abortar. Lo hizo a través de una recomendación enviada a la Dirección General de Policía. A finales del año pasado el PSOE planteó también la necesidad de crear zonas seguras alrededor de las clínicas para que las mujeres asistan libres de acoso. El acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos recoge la necesidad de garantizar "la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación".
José Antonio Bosch cree que "o se toma una decisión política, es decir, una ley, o no hay nada que hacer". Y recuerda que no es un movimiento complejo: en países de nuestro entorno existen espejos donde mirarnos. "La ley francesa es la más severa, incluye este tipo de acoso como delito en su Código Penal", esboza el letrado. El país vecino prohíbe difundir cualquier tipo de contenido que "obstaculice" el aborto a través de informaciones falsas o sesgadas. En marzo de 2017, el Gobierno galo aprobó una ley que ampliaba el delito de obstaculización del aborto para incluir además las páginas web que ofrecieran información falsa. La norma plantea multas de hasta 30.000 euros y dos años de prisión. La iniciativa impulsada hace ahora tres años venía a profundizar sobre la ya existente prohibición de acudir a las clínicas con el fin de coaccionar a las mujeres y a los trabajadores.
Irlanda, por su parte, ha introducido recientemente la posibilidad de crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas, después de que entrara en vigor la nueva ley de interrupción del embarazo y se constatara la presencia de movilizaciones antiabortistas ante los centros. Este es el modelo que persiguen los partidos actualmente en el poder. "No es que sea la mejor solución, pero es una", reflexiona el abogado, quien recuerda que a las víctimas es el sistema público el que les está fallando. "La mayoría vienen derivadas del servicio público de salud, debería haber el mínimo interés por ellas porque son sus usuarias y están recibiendo un mal servicio".
El acoso frente a las clínicas para la interrupción del embarazo es constante y no entiende de pandemias. Este año se cumple una década desde que los grupos ultraconservadores decidieran plantarse ante los centros de manera sistemática para llevar a cabo un hostigamiento constante contra sus trabajadores y contra las mujeres que acuden a ejercer un derecho. Este miércoles se inicia una campaña de 40 días de concentraciones frente a la clínica Dator, pionera en Madrid y una de las siete que existe en la región. La campaña también está convocada en otros puntos del país, como València y el Puerto de Santa María (Cádiz).