Rita Barberá admite que dio mil euros al PP pero niega que se los devolvieran en billetes de 500

La exalcaldesa de Valencia y senadora del Grupo Mixto, Rita Barberá, ha asegurado que desconocía el sistema de financiación del grupo municipal que presidía en el Ayuntamiento de Valencia ya que no formaba parte del comité de campaña, según explicaron fuentes del caso a los periodistas.

Barberá ha respondido durante casi una hora y media al interrogatorio del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado bajo el Gobierno socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, del fiscal y de su abogado defensor, José Antonio Choclán.

A la senadora se le atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

La exregidora valenciana ha reconocido ante el juez del Supremo haber abonado 1.000 euros al partido, aunque ha explicado que ese dinero no le fue devuelto y que tampoco conocía a nadie que hubiera recibido esa suma, tal y como considera la investigación realizada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que asegura que el dinero fue retornado a la senadora en dos billetes de 500 euros.

Sobre los 1.000 euros aportados, en concreto Barberá ha dicho que no recordaba quien le dijo que tenía que aportarlos, pero sí que eran de carácter voluntario y no había ningún "castigo ni amenaza" a las personas que no contribuyeran. Al mismo tiempo ha declarado que desconocía también si la medida tuvo éxito, puesto que ella no estaba en el comité de campaña, y aunque conoce a las personas que han asegurado que la cantidad le fue devuelta en dos billetes de 500 euros no sabe a qué puede obedece tal manifestación.

Niega la financiación ilegal

A lo largo de su declaración, ha negado "expresamente" que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal o existiera caja 'B' y que la secretaria del grupo, María del Carmen García-Fuster le diera cuenta de las aportaciones investigadas, informa Europa Press.

Sobre los hechos concretos de los que se le acusa, Barberá ha dicho que no sabía si el PP de Valencia manejaba dos cuentas corrientes -una de ellas en B- y si era el depósito residenciado en Caixabank la que recibía las subvenciones pues desconoce "todo absolutamente de las cuentas".

No obstante ha reconocido que para un militante era "aconsejable" que aportara una cuota dado que el partido necesita financiarse, y que la aportación era de 60 euros mensuales y los militantes sin cargo 30 euros, sin que ello pueda considerarse "financiación atípica".

También ha señalado que "a veces" había aportaciones extraordinarias y que era "típico en Valencia" reservar respecto de la Lotería una parte para el partido. Sobre García-Fuster, ha asegurado desconocer las manifestaciones que ésta ha realizado sobre aportaciones muy cuantiosas al PP por parte de terceras personas.

Ha añadido que en periodos de campaña electoral se formaba un comité del que formaban parte concejales, portavoces y varios militantes, y que su función era la de "sacar votos". No obstante, ha reconocido una "relación constante" con los miembros de este comité, especialmente con los que eran concejales.

En relación con las adjudicaciones a empresas en función de sus aportaciones al partido por los que se ha interesado el fiscal, Barberá ha manifestado que todas los contratos se adjudicaban por una comisión integrada por técnicos municipales, y que era esta mesa de contratación la que hacía la propuesta al órgano que tenía que aprobar el contrato.

En este sentido, Barberá ha señalado que no sabe de conversaciones entre el responsable de Imelsa Marcos Benavent -el arrepentido que ha desvelado la supuesta trama- y otras personas respecto a la "limpieza del sistema de contratación", y que no ha intervenido en dichas adjudicaciones ni hablado nunca con ningún empresario que en dicho momento tuviera interés en alguna adjudicación. Es mas, ha dicho que prohibió que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio.

A preguntas de su defensa, la senadora ha especificado que no tiene firma en ninguna de las cuentas por las que fue preguntada por el fiscal y que era García-Fuster quien llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo. Respecto a los gastos de campaña en 2015, ha señalado a su vicealcalde Alfonso Grau, y que ni él ni sus colaboradores directos le han hablado nunca de ninguna caja en 'B'.

No contesta a la acusaciónAsimismo, Barberá se ha negado a contestar las preguntas de la acusación popular

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, ejercida por el PSOE. No obstante, el magistrado Cándido Conde-Pumpido ha reclamado a la letrada socialista Gloria Pascual que realizara de todas formas las preguntas, para que hubiera constancia de las mismas.

En esta pieza separada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas y el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.

Tras una hora y media de declaración, Barberá ha salido del Alto Tribunal hacia un taxi que la estaba esperando, donde ha entrado junto con sus acompañantes eludiendo las preguntas de la prensa. Un puñado de personas la esperaba y la ha insultado a gritos de "borracha", "corrupta", "vas a pagar aunque te escondas en el Senado", "no te escondas que lo vas a pagar todo".