El ritmo desigual de España ante sus problemas con el agua: dinero europeo para depuradoras, sin plan para la transición del regadío

España es el país europeo que más infracciones ambientales comete de la Unión Europea. El 2020 se cerró con un 20% más de expedientes abiertos con respecto al año anterior. De estas multas o riesgo de multas, un 14% son derivadas del deficiente o inexistente tratamiento de las aguas residuales. "Tenemos un problema importante", reconoce el Gobierno, que este jueves ha anunciado 650 millones de euros provenientes de los fondos europeos para solventarlo. No es la única carencia con respecto a los recursos hídricos que sufre el país. Y no para todos hay un plan. Este lunes, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y, mientras organizaciones, empresas e instituciones se afanan en contarle al mundo lo mucho que les importa este recurso, el elefante en la habitación sigue sin ser abordado: España consume más agua de la que va a tener.

España tiene abiertos cinco grandes procedimientos en la UE por mala depuración de las aguas urbanas residuales, según informó este jueves el director general del Agua, Teodoro Estrela, en un briefing informativo para periodistas recogido por Europa Press. "Tenemos un problema importante de saneamiento y depuración", reconoció el director general, que estima en unas "500 ó 600" las actuaciones que se tendrán que llevar a cabo en esta materia "a lo largo y ancho" de la geografía española. 650 millones de euros se destinarán a este ámbito, procedentes de los fondos europeos, pero no son los únicos en materia de agua: 800 van para "la reconstrucción y la restauración de ríos y acuíferos", explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica; y 200 para la "digitalización de la administración del agua". 

Estrela cifró en 500 las aglomeraciones urbanas que no tienen los tratamientos adecuados para depurar sus aguas, por lo que Transición Ecológica prevé aprobar "en uno o dos meses" un plan para distribuir ese dinero entre los municipios y las comunidades autónomas que lo necsiten para solventar ese problema. Así, España se ahorrará el pago de 20 millones de euros al año que abona en concepto de sanciones por este motivo. El Gobierno tiene un plan para poner fin a la infracción. Para el resto de carencias con respecto a los recursos hídricos, sus iniciativas son insuficientes, advierten expertos y ecologistas. Aseguran que se necesita una "transición hídrica" que, por ahora, no se está planteando. 

El 80% del consumo de agua en España se destina a los cultivos de regadío. Según datos del Ministerio de Agricultura, el país contaba en 2019 con 3.828.747 hectáreas destinadas a este tipo de agricultura, un 1,44% más con respecto respecto a 2018 y un 2,55% superior a lo registrado en 2017. Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, aporta más números: en determinadas cuencas hidrográficas, como la del Segura, el consumo de agua es el doble de lo que la propia cuenca es capaz de regenerar. Es decir: una gestión insostenible del recurso, en su acepción más estricta. Sin embargo, las hectáreas siguen creciendo, la patronal agraria no quiere ni oír hablar de algo que no sean trasvases y no hay ningún discurso institucional que plantee, al menos, ponerle coto a la actividad ante una evidencia: en España cada vez va a llover menos y cada vez va a hacer más calor, lo que acelerará los procesos de evapotranspiración. El planeta nos está cortando el grifo.

El imperio del regadío clásico se sitúa en el este peninsular. Entre Almería, Murcia y la Comunitat Valenciana se levantan kilómetros y kilómetros de invernaderos que constituyen la "huerta de Europa". El clima es árido. Llueve poco y cuando lo hace, cae de forma torrencial en forma de gotas frías o DANAs. Pero la explotación de los acuíferos y el agua procedente del Tajo mediante trasvase calman la sed del sector hortofrutícola. Por ahora. Los ecologistas llevan años denunciando que muchas de estas hectáreas y pozos son ilegales, al igual que en Doñana, donde la presión del cultivo de la fresa amenaza con acabar para siempre con el valor de un ecosistema único en Europa. En Murcia, el Mar Menor está en la UCI tras años de presión urbanística y agrícola: los fertilizantes siguen filtrándose a la laguna y reaccionando con otros componentes para levantar una trampa mortal para flora y fauna. 

¿Qué está haciendo España para convertir en sostenible una industria insostenible? Nada, opina Martínez. "A día de hoy, todavía no hay algo que merezca la pena ser llamado transición hídrica", acusa. Los ecologistas piden que el país reduzca al menos en un 20% la extensión de su regadío. Sin embargo, las cuencas siguen aprobando proyectos de nuevos regadíos, "regularización" de los irregulares o ampliación de los existentes. Tanto Gobierno como Confederaciones Hidrográficas, autonomías y municipios siguen, al menos en el Segura, "mirando hacia otro lado". "No quieren enfrentarse a la existencia de regadíos ilegales", acusa la activista. En Doñana, las autoridades han clausurado pozos sin permiso con la protesta y el rechazo de regantes.

El director general de Agua aseguró este jueves que el tercer ciclo de planificación hidrológica, previsto para el periodo 2021-2027, no será aprobado hasta, al menos, la "primavera de 2022". Los documentos iniciales que ordenan la gestión de cada cuenca, asegura la Fundación Nueva Cultura del Agua, no plantean una "transición hídrica" que reduzca el regadío. Y eso que reconocen que el cambio climático va a impactar directamente en el agua disponible. "Todos los esquemas de temas importantes incluyen una ficha sobre cambio climático. Se ha limitado a decir generalidades de cuáles son los impactos en general. No ha habido una lectura en consecuencia en cada plan", acusa Martínez. 

Aun así, los regantes no están conformes. El pasado año, la asociación de regantes Fenacore rechazó la totalidad de los planes por, aseguran, prestar más atención a los caudales ecológicos (el mínimo de agua que debe circular por un río para no afectar al ecosistema) que a las necesidades de consumo de la agricultura. Aún quedan meses de negociaciones. 

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La medida "estrella", prosigue la portavoz de la FNCA, es "la modernización del regadío". Avances financiados con dinero público para gastar menos agua en los cultivos. Sin embargo, "una gran cantidad de estudios y evaluaciones han demostrado que la modernización no ahorra agua", explica, contundente, Martínez. Se trata de la paradoja de Jevons: cuando se mejora la eficiencia, se gasta más. La experta lo explica con un sencillo ejemplo. "Para producir un kilo de tomates hace falta menos agua por el riego por goteo. Sin embargo, lo que hacen es producir más kilos de tomates, no dejar más agua en el río". Estamos gastando más agua cuando va a haber menos. 

El Ministerio para la Transición Ecológica es plenamente consciente de que la economía española se basa, como otras muchas, en dinámicas insostenibles. Junto a actores locales y regionales, trabaja en planes de transición justa para encontrar un futuro para los trabajadores que vivían del carbón: junto a las empresas del sector del automóvil, apuesta por el coche eléctrico para no dejar atrás a nadie: pero el regadío continúa a todo trapo. Ecologistas en Acción es consciente de que sus intenciones de clausurar cultivos afectarían a comarcas enteras en las que la mayor parte del empleo se concentra en el sector primario. "El recorte puede tener un fuerte impacto económico y social, por eso es necesario planificar y poner en marcha, desde este momento, la reconversión de parte del sector agrícola de forma progresiva, con el apoyo de las administraciones públicas, con el fin de que la afección social sea la menor posible", defienden en su último comunicado sobre el tema. 

Pero por ahora, ni tan siquiera el dinero de Europa servirá para afrontar este problema. Y de tanto ir el cántaro a la fuente, al final se rompe.