Qué quiso decir Rocío Monasterio cuando en enero de 2020 se definió durante una entrevista como “arquitecta de realidades” se presta a distintas interpretaciones. Pero fuera de discusión queda que lo que hoy amenaza con complicar el futuro de la líder de la ultraderecha parlamentaria madrileña se relaciona con su profesión de arquitecta. Y que la amenaza se cimienta en realidades que cabe resumir en dos palabras: visado falso. Lo anterior lo sustentan –presuntamente– datos desvelados por informaciones periodísticas y luego reflejados en la denuncia de Más Madrid que originó la apertura de una investigación de la Fiscalía. Abierta en marzo de 2020, son esas diligencias penales sobre la actuación profesional de Monasterio antes y después de obtener el título de arquitecta las que han llevado al ministerio público a interponer querella por falsedad documental. Para ese delito, el Código Penal prevé hasta tres años de cárcel.
Presentada hace una semana contra Monasterio ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) –el único que puede investigarla dado su aforamiento como diputada regional– el contenido de la querella permanece bajo llave en contra de la norma habitual. Pero sí se sabe que el texto se amarra como una enredadera a hechos que remiten a las dos palabras clave del primer párrafo: visado falso. ¿Cómo se habría falseado? Aportando de forma repetida y como visados originales el expedido el 3 de junio de 2005 por el Colegio de Aparejadores de Madrid para transmutar en vivienda lo que venía siendo un local. La conversión tenía como destinatario al actor Arturo Valls, que demandó a Monasterio por incumplimiento de contrato en una causa civil cuyo juicio se celebrará en julio.El local para la futura y fallida vivienda –ninguna licencia prosperó– se ubica en el barrio de Lavapiés.
Su línea de defensa: "¿Para qué voy a querer falsificar un visado?"
En junio de 2005, a Monasterio le quedaban cuatro años para finalizar la carrera de Arquitectura. Pero ya operaba en el sector a través de una empresa de su propiedad donde –y ese es uno de sus argumentos– tenía contratados a 11 arquitectos y aparejadores. “Cada uno firmaba lo suyo”, reiteró el 11 de mayo en una entrevista radiofónica con Federico Jiménez Losantos. Ella, y ese fue el zumbido que durante un tiempo había circulado en su beneficio, se limitaba a su labor de interiorista. Según El País, antes de ser arquitecta Monasterio firmó planos.
Monasterio, cuyo partido se ha convertido en acusador habitual en un despliegue imparable de denuncias de signo político, definió así la querella: "Es una más de estas para intentar amedrentar en momentos que les conviene". Y remarcó una pregunta que se perfila como una de sus grandes líneas de defensa: “¿Para qué voy a querer yo falsificar un visado de un aparejador si yo soy arquitecto superior con mi título y mi colegiado [colegiación]? Para eso lo hago yo de arquitecto, ¿no? Es completamente absurdo”.
Es más, pronunció una larga frase que conducía al equívoco sobre la querella que acaba de llegar al TSJM : “Esta es la misma denuncia que ya hicieron Podemos dos, este de la…, médico y madre, la que en el Colegio de Arquitectos archivaron, con El País que fue condenado…” En ese momento, el periodista interviene para reforzar que estamos ante una repetición de la misma denuncia: “¡Es la misma!”, dice Losantos. Y Monasterio lo ratifica: “¡Es la misma! Es la misma otra vez”. La única diferencia, añadió luego aunque la atmósfera de confusión se mantuvo, es que "Podemos dos" –Más Madrid– y la Fiscalía "van con tiempos distintos". Según sus palabras, si en 2016 usó una copia del visado es porque se la pidió "un cliente". Los datos que Más Madrid incorporó a su denuncia apuntan en cambio a que las copias falsas del visado se incorporaron a documentos dirigidos al consistorio.
Pese al relato de Monasterio, la secuencia real de hechos fue la siguiente: Más Madrid interpuso una denuncia ante la Fiscalía tras las informaciones periodísticas sobre el asunto. La Fiscalía abrió diligencias. Entretanto, la negativa de la cúpula del Colegio de Arquitectos a investigar si la dirigente de Vox había incurrido en intrusismo provocó un escándalo y la dimisión de la decana. Finalmente, la Fiscalía ha formulado una querella que se traducirá ahora, salvo sorpresa, en que sea un tribunal el que comience a investigar lo sucedido. Y algo más: la afirmación de Monasterio sobre la condena al diario El País juega con otra baraja trucada: porque, en efecto, el periódico fue condenado. Pero no por publicar mentiras sobre Monasterio y su actuación profesional antes de poseer el título de arquitecta en una pieza publicada en una de sus revistas semanales, sino por resistirse a que la dirigente de Vox ejerciera el derecho de rectificación. Lo que el periódico adujo es lo que tradicionalmente ha mantenido la prensa a escala internacional: que "no se puede rectificar lo que el artículo no dice".
Pero tanto el juzgado de primera instancia donde recayó la demanda –el 49– como la Audiencia Provincial concluyeron lo contrario: que “puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad”. Así se lee en la primera sentencia. La segunda, dictada a modo de confirmación por la Audiencia Provincial de Madrid, abunda en la misma línea. Y lanza de nuevo un aviso que traducido al lenguaje coloquial cabría condensar así: que quien ejerce su derecho de rectificación puede decir la verdad o no. "La resolución judicial que estima una demanda de rectificación –dice la Audiencia– no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada".
Transmutar una nave en un loft de lujo... con o sin permiso
A tenor de los datos y documentos que puso en manos del ministerio público el grupo municipal de Más Madrid, aquel de 2005 fue en efecto el visado que utilizó por partida triple quien hoy encabeza el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, crucial para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica y cuya eventual presencia en el Gobierno del PP continúa siendo una incógnita. El visado fue usado por primera vez y tal como era de esperar en 2005; pero en 2011 llegó una copia del mismo sello a las oficinas municipales; y en 2016, otra. El Ayuntamiento de Madrid había planteado objeciones las tres veces, así que la repetición no sirvió de nada: el proyecto quedó en agua de borrajas.
Fue a través de su empresa Rocío Monasterio y Asociados, una de las dos cuya propiedad sigue haciendo constar hoy como diputada autonómica en Madrid [pincha aquí para acceder a su declaración de bienes], como la dirigente de Vox trabajó en la reforma de sótanos, locales, naves o garajes para convertirlos en viviendas diáfanas tocadas por la imagen del lujo: los célebres lofts.
El caso de Arturo Valls se ha convertido en el más conocido. Pero en absoluto fue el único. La serie seguía una pauta común: la conversión en espacios residenciales de inmuebles en suelo industrial, mucho más baratos que los calificados para vivienda o uso comercial pero cuya adaptación al planeamiento urbanístico no siempre estaba garantizada.
Junto con el actor, otro de los perjudicados que forman parte del elenco de personajes famosos o conocidos es Ignacio Aguado, exvicepresidente de Madrid y líder madrileño de Ciudadanos en la pasada legislatura. Aguado se contaba entre los afectados por la construcción de un bloque de 26 lofts levantado ilegalmente en suelo industrial.
Mano a mano... y sin licencia de ocupación en su propia casa
Nacida hace 47 años, con un discurso que se proclama acérrimo defensor de los valores cristianos y erigida en el gran ariete de Vox contra los llamados menas –los menores inmigrantes no acompañados, o sea, solos–, Monasterio solía trabajar de la mano de su marido y ahora portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Y, lo que es más importante y a tenor de la información que en 2019 fue desvelando el diario El País, lo hacía en determinados casos sin licencia urbanística.
En la lista de obras irregulares detalladas por ese rotativo –18 casos–, se integran también las relativas a la mansión de cuatro plantas con gimnasio, garaje y piscina en la terraza donde vive el matrimonio en una zona de lujo cercana al estadio Bernabéu. Carente de licencia de ocupación, como desveló eldiario.es, llegó a pesar una orden de clausura sobre la casa de Espinosa y Monasterio, quien durante la última campaña electoral acuñó la expresión “la izquierda pija”. El orden nominal utilizado respecto a la pareja en relación a su vivienda no lo marca el género sino que de sus declaraciones parlamentarias de bienes se infiere que está a nombre del marido desde 2010. El matrimonio optó por el régimen de separación de bienes.
En puertas de la campaña para las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, el ayuntamiento de Madrid legalizó la vivienda. Para la pareja finalizó lo que Monasterio había calificado como problemas derivados de "trabas burocráticas". El chalé había sido construido incrementando el volumen y la superficie más de lo que les permitía la licencia de obra.
Una condena por impago, el primer revés judicial de la pareja
Antes que el de su propia residencia, la pareja ya había recibido un primer revés judicial. Destapado por infoLibre, fue el impago a un proveedor tras las obras en una vivienda del acomodado barrio de la Fuente del Berro lo que provocó en 2013 la condena de la principal compañía de su marido, Premium Capital Management SL, entonces denominada Metaphore Project Management SL.
Hubo otra reforma que sentó en el banquillo por estafa a Espinosa de los Monteros, aunque terminó absuelto en primera instancia y los denunciantes no recurrieron. La sentencia absolutoria fue dictada en 2014. En el centro del torbellino también ahí estaba Premium Capital Management, cuyo nombre continuaba siendo aún Metaphore Project.
Para entonces, y aunque es en otra compañía donde Espinosa declara ante el Congreso su mayor participación accionarial –Citrum SL, 804.128 euros–, Premium Capital Management ya aparecía como su gran mascarón empresarial. Tanto es así que en 2007 la firma contabilizó un beneficio neto de 186.000 euros. Sin embargo, su dueño asegura que un año antes –así lo explicó él mismo en Twitter en 2019– y por sus “muchas deudas” se había marchado a Polonia a trabajar de lunes a viernes.
Cofundadores con el amigo de Agag condenado en 'Gürtel'
La absolución de 2014 se inscribió en el capítulo de episodios afortunados del matrimonio como ya había ocurrido con otro fechado en 2003. Aquel año –así lo aseguró en su día el hoy portavoz de Vox en la Cámara Baja–, ambos cortaron el hilo societario que desde el 12 de abril de 2002 y a través de la mercantil Habitabile SL les había unido a un empresario llamado Jacobo Gordon.
El abogado de Monasterio llegó a tachar de "inapropiada" la falsificación en la que el TSJM no ve delito por "burda"
Su amistad con Alejandro Agag y su papel como impulsor de proyectos inmobiliarios con la participación de Luis Bàrcenas –el llamado Twain Jones– , Gordon alcanzó llegado el momento un pacto con la Fiscalía para minorar su condena previa admisión de culpa. Junto con Espinosa y Monasterio había fundado en abril de 2002 Habitabile, una de las sociedades cuya pertenencia al universo empresarial de la trama Gürtel investigó la Policía y que se dedicaba, entre otras cosas, a transformar locales en viviendas.
Los nombres de Espinosa de los Monteros y de Monasterio aparecen en un informe policial de la causa. Pero solo como cofundadores de la empresa. La legislación mercantil no obliga a escriturar la venta de títulos o acciones. Y tanto Gordon como Espinosa y Monasterio sostienen que los dos últimos se desprendieron de los suyos en 2003. Ninguno de los dos prestó declaración en ningún momento. Las fuentes consultadas aseguran que en el sumario no consta que fueran objeto de ninguna pesquisa destinada a verificar en qué fecha enajenaron sus participaciones en Habitabile.
Qué quiso decir Rocío Monasterio cuando en enero de 2020 se definió durante una entrevista como “arquitecta de realidades” se presta a distintas interpretaciones. Pero fuera de discusión queda que lo que hoy amenaza con complicar el futuro de la líder de la ultraderecha parlamentaria madrileña se relaciona con su profesión de arquitecta. Y que la amenaza se cimienta en realidades que cabe resumir en dos palabras: visado falso. Lo anterior lo sustentan –presuntamente– datos desvelados por informaciones periodísticas y luego reflejados en la denuncia de Más Madrid que originó la apertura de una investigación de la Fiscalía. Abierta en marzo de 2020, son esas diligencias penales sobre la actuación profesional de Monasterio antes y después de obtener el título de arquitecta las que han llevado al ministerio público a interponer querella por falsedad documental. Para ese delito, el Código Penal prevé hasta tres años de cárcel.
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