Vigo, Santiago de Compostela y Tarragona. Son las ciudades donde tres mujeres han sido asesinadas en los últimos dos días. Tres de los 43 feminicidios en lo que va de año –a falta de la confirmación de un caso este lunes en Cataluña–según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 103 según las organizaciones feministas.
El último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial apunta a que, durante el tercer trimestre del año, se registraron un 13,9% más de denuncias por violencia de género con respecto al mismo periodo de 2015 y un 5,7% más en cuanto a la cifra al trimestre inmediatamente anterior. Crece, asimismo, el número de condenas: el porcentaje agrupando todos los órganos judiciales ascendió entre julio y septiembre al 69,5% frente al 64,1% del mismo periodo de un año antes.
Pese a una lectura positiva de estos datos, el número de víctimas –36.079, un 11% más que en el 2015– deja poco margen para el optimismo. Así lo advirtió este lunes la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, quien reparó además en otro dato: el comportamiento del entorno de la víctima. La estadística revela que las denuncias presentadas por personas del entorno fueron un 0,13% en los juzgados y un 1,18% en atestados policiales. Durante el primer trimestre del año, estos datos fueron de un 0,29% y un 1,08% respectivamente, mientras que el segundo registró un 0,25% y un 1,16% de denuncias enmarcadas en esta categoría. Carmona criticó, a este respecto, que "no se acabe de dar un paso firme por familiares, amigos y conocidos para denunciar y acompañar a la víctima en el proceso y que todavía se busquen justificaciones para lo que no es otra cosa que terrorismo de género".
Un problema público
Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, cree imprescindible advertir, en primer lugar, que la violencia de género responde a un problema esencialmente público. La complejidad de la lacra machista requiere de un tratamiento que sitúe la principal responsabilidad en los poderes públicos. "El entorno tiene que apoyar al máximo, pero parece que volvemos a remitir al ámbito privado un problema que hemos conseguido que sea público y político", subraya Nuño, quien considera que la tarea de sentar bases en esta cuestión es imprescindible como precedente para abordar el papel del entorno.
Existen toda una serie de carencias institucionales que la experta conviene en señalar como principal obstáculo en la búsqueda de soluciones. "¿Qué pasa con la ley de igualdad o con la ley de violencia de género?", se pregunta Nuño. "Han pasado 12 años, y la norma obligaba a incorporar la educación en igualdad en todos los ámbitos educativos", lamenta.
La realidad es que los fondos económicos se han incrementado un 6,32% para la lucha contra violencia de género, pero continúan cayendo los destinados a igualdad –un 5,28% este año–, y desde el 2009 se han reducido casi a la mitad. "La violencia de género es consecuencia de la desigualdad", sentencia Nuño, "y de que se incumplan las leyes". También en el 2016 las partidas para políticas de igualdad y violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado supusieron únicamente el 0,01% del total. Una cifra "que demuestra la dimensión" del problema para los poderes institucionales.
Nuño insiste en no alimentar la idea de que la violencia de género es un problema privado o familiar, sino que se trata de una cuestión pública, una lacra que afecta a la sociedad en su conjunto. Y como tal, exige romper con el silencio que lo custodia, como paso clave –aunque no el único– en la lucha por una sociedad libre de violencia machista.
El paso de denunciar
Es en la ruptura del silencio donde cobra especial importancia el entorno de la víctima. No obstante, la decisión de interponer una denuncia continúa generando a día de hoy un conflicto derivado, fundamentalmente, de la ausencia de garantías. "El entorno afectivo debería denunciar", señala Laura Nuño, quien entiende que "en la teoría" la respuesta es un sí rotundo. Sin embargo, matiza, "en la práctica, mientras como sociedad y como políticos seamos incapaces de garantizar la integridad física de la víctima, nos podemos encontrar con el escenario de que denunciar derive en asesinato". Por ello, observa, "el entorno debe denunciar, pero también debemos ser capaces de proteger a la víctima".
Las carencias a nivel institucional son, según la investigadora, el principal obstáculo a la hora de interponer denuncias, ya sea por parte de la víctima o de su entorno. "La denuncia siempre tiene que venir acompañada de una protección", sentencia.
A juicio de Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, "es importante que la mujer se encuentre en un entorno que la acompañe en el proceso, sea cual sea: denunciar o tomar otras medidas". Reconoce que "parte de la impunidad de la violencia contra las mujeres tiene que ver con ese mirar para otro lado", por ello entiende que el entorno debe cambiar de perspectiva y "apoyar a la mujer en lo que decida hacer" con el fin de que "se sienta fuerte y segura".
Montero añade a la falta de ayuda institucional, un problema de "deshumanización de las relaciones". Considera, de este modo, que crear conciencia tanto a nivel social como institucional es un paso crucial para alcanzar un apoyo real y garantista. Señala, como requisito para ello, doe elementos clave: evitar establecer dudas sobre las mujeres y no tratar con condescendencia al varón que agrede.
Por su parte, Maribel Maseda, autora de La estadística invertida, se muestra categórica: "El entorno siempre tiene que denunciar". Y cuando no lo hace, agrega, "es porque cree que se está metiendo en un terreno personal donde no tiene que intermediar", en cuyo caso "estamos hablando de una muy mala información a la sociedad, que considera que se está entrometiendo en una relación íntima privada". Es necesario, por tanto, "transmitir que lo que se está haciendo es denunciar un delito tipificado por la ley".
Una mujer de 40 años con una orden de alejamiento, primera víctima de la violencia machista en 2017
Asimismo, Maseda incide en que el entorno "tiene que saber que cuando esta víctima está siendo atacada, el maltratador no lo está haciendo por primera vez", información que "llega tarde y mal a la sociedad". El agresor que maltrata a una mujer "ya ha sido agresor o agresivo con alguna otra mujer: con su madre, hermana o prima, algo que difícilmente se achaca a un problema de violencia de género", pero que finalmente tiende a conllevar un maltrato evidente.
El conflicto en este punto, recae sobre un discurso que habitualmente olvida al agresor. "No se denuncia porque hay miedo", subraya la feminista, quien entiende que la sociedad no debe defender a la víctima, sino denunciar un delito. "Si tenemos miedo de que el hombre se dé por aludido porque tememos encender su ira, estamos demostrando que la propia sociedad tiene miedo del maltratador, y entonces es muy complicado pedir ese paso adelante para denunciar". Resulta imprescindible, por ello, lanzar una advertencia directa al agresor, de forma que simultáneamente "la sociedad deje de recibir mensajes contradictorios ni premisas erróneas sobre las que asentar su idea respecto a este fenómeno".
Las expertas consultadas coinciden en que las causas del problema desvelan las posibles soluciones. Las carencias institucionales, la falta de protección, garantías y presupuesto, así como la desinformación o la ausencia de mensajes dirigidos al agresor, apuntan necesariamente a un trabajo que englobe la labor política y la conciencia social para afianzar la idea de que la violencia machista, lejos de esfumarse entre las cuatro paredes del ámbito privado, supone una lacra que afecta de forma rotunda al conjunto de la sociedad.
Vigo, Santiago de Compostela y Tarragona. Son las ciudades donde tres mujeres han sido asesinadas en los últimos dos días. Tres de los 43 feminicidios en lo que va de año –a falta de la confirmación de un caso este lunes en Cataluña–según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 103 según las organizaciones feministas.