Sánchez decide situar a Cs como adversario, marcar distancias con el PP y evitar el cuerpo a cuerpo con Podemos

La ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez ya ha fijado su hoja de ruta para las próximas semanas. Lo hizo hace unos días en la reunión extraordinaria de la dirección que desplazó a los máximos dirigentes del partido a Valladolid.

En primer lugar, el PSOE ha decidido tratar de “despegarse” del PP después del cierre de filas motivado por la declaración de independencia del Parlament catalán. Los socialistas han vuelto a subrayar su discurso social y a enfatizar los casos de corrupción del PP con el objetivo de marcar distancias con Mariano Rajoy tras varias semanas de intensa coordinación que culminó con la aprobación de mutuo acuerdo de la intervención de la autonomía catalana. Se trataba de hacer “oposición de Estado”, justificaba Pedro Sánchez, para hacer frente a los independentistas.

Los socialistas han decidido, en segundo lugar, no cargar las tintas contra Podemos después de llegar a la conclusión de que esa confrontación no les favorece en Cataluña. Sánchez, además, sigue defendiendo que el PSOE es “la izquierda que aspira a unir a la izquierda; lo dijimos en el 39 Congreso y mantenemos y sostenemos este compromiso”, tal y como reafirmó hace apenas unos días ante los barones del partido. “Queremos unir a la izquierda porque en España hay una gran mayoría social progresista que sólo gobierna cuando se une” en torno al PSOE.

La tercera gran decisión estratégica de los socialistas es quizá la más relevante. La dirección de Pedro Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre, ha puesto en el centro de la diana a Ciudadanos, el partido no independentista con mejores expectativas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre y al que el PSC quiere disputar una buena parte del electorado que no se identifica con el independentismo.

El tono beligerante contra el partido de Albert Rivera ya se ha hecho visible en los últimos días. Los socialistas utilizan dos argumentos básicos para atizar a Ciudadanos: son los responsables de que el PP, ahogado por los escándalos de corrupción e incapaz de gobernar, se mantenga en pie, y son “la otra derecha” y, por tanto, el objetivo a batir por las formaciones de izquierda en las próximas elecciones.

Este planteamiento encaja con la estrategia del PSC en Cataluña, que quiere disputar a los de Rivera el primer puesto entre las fuerzas no independentistas y, por tanto, una posición clave a la hora de formar gobierno en el caso de que PDeCAT, ERC y la CUP no tengan mayoría absoluta o que, aún consiguiéndola, no sean capaces de fraguar un programa común de Gobierno en Cataluña para los próximos años.

Los mensajes que salen de Ferraz tienen todos el mismo molde: Ciudadanos es “la media naranja del PP”, PP y Cs son “las dos derechas”, Rivera es la muleta de Rajoy y no ha hecho otra cosa que “abrazar todas las tesis del PP” y su partido “ha pasado al PP por la derecha”.

En el fondo de este planteamiento está el deseo del PSC de querer disputar a Cs el voto moderado en Cataluña, uno de los motivos por los que su candidato, Miquel Iceta, acabó participando activamente en las manifestaciones por la unidad de España que se celebraron en Barcelona. Aquellas movilizaciones pusieron en el mercado electoral a un gran numero de catalanes descontentos con el independentismo cuya atención se disputaban en exclusiva Cs y PP, pero a los que ahora también se dirigen los socialistas. No por casualidad la cabeza visible de aquellas manifestaciones fue el exministro Josep Borrell, al que el PSC reserva un papel relevante en los últimos días de la campaña catalana.

El PSC trata de obtener su propia tajada del grupo de ciudadanos que no son partidarios de la independencia, incluso aquellos que son nacionalistas pero que no se identifican con el intento de ruptura unilateral protagonizado por los independentistas, y que al mismo tiempo no están dispuestos a votar al PP, al que consideran responsable de haber sembrado el malestar en Cataluña que ha llevado a casi la mitad de la población a apoyar el divorcio con España.

Para que los ciudadanos visualicen al PSC como la fuerza transversal capaz de representar al bloque más moderado del electorado —se presentan a sí mismos como la opción “del sentido común”— es por lo que Iceta decidió dar entrada a antiguos militantes democristianos que hasta hace poco formaban parte de una de las dos almas de la desaparecida Convergència i Unió.

El espacio de “la mayoría”

El propio Sánchez subraya, siempre que tiene ocasión, su apuesta por abrir “un nuevo tiempo” entre los dos extremos: los que se quieren ir y los que pretenden recentralizar el Estado. Un espacio en el que, en palabras del secretario general del PSOE, “habita la mayoría de la ciudadanía en Cataluña”. Se trata, señaló en la reunión del Comité Federal del día 11 de noviembre, de “romper la política de frentes que nos trajo hasta aquí, porque esa lógica de bloques es la que bloquea [sic] precisamente la solución a la crisis en Cataluña”.

Este objetivo, la búsqueda de una solución de gobierno transversal, no es nuevo en el PSOE. Pedro Sánchez ya lo había asumido mucho antes del referéndum de 1 de octubre. Su alianza preferida era entonces una que incluyese al PSC y al PDeCAT, siempre y cuando en esta formación se hubiesen impuesto ls tesis más moderadas, lo que finalmente no parece haber ocurrido. En aquellos días los socialistas otorgaban enorme valor político a la experiencia de trabajo conjunto que han acumulado con la antigua Convergència en muchos ayuntamientos catalanes y en instituciones como la Diputación de Barcelona en los que aún hoy, pese a la crisis soberanista, todavía comparten tareas de gobierno.

La idea entonces era tender puentes hacia el PDeCAT. La antigua Convergència, calculaban los socialistas, iba a necesitar alianzas más allá de Esquerra para reparar los daños que el pacto con los republicanos les ha causado, pero el renovado liderazgo de Carles Puigdemont, insólito candidato a la Presidencia de la Generalitat —huyó a Bélgica para eludir la acción de la justicia española y hacer más visible el conflicto soberanista—, dificulta mucho esta salida.

Queda ahora por ver si será posible una fórmula con Esquerra, siempre que renuncie a la independencia unilateral, y con Catalunya en Comú. O si, en el caso de que el PSC sea el partido más votado de los no independentistas en un Parlament sin mayoría absoluta de PDeCAT, ERC y las CUP, Iceta está dispuesto a ser presidente con los votos de Ciudadanos y del PP.

Las únicas líneas rojas que los socialistas han puesto hasta ahora sobre la mesa son que no pactarán con quienes pretendan repetir la vía unilateral hacia la independencia y que no investirán a ningún candidato de la derecha (PP y Cs).

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Lo que no podrá hacer el PSOE es apuntarse el éxito que pretendía como artífice del diálogo parlamentario para solucionar la crisis catalana. Al boicot inicial de los nacionalistas (ERC, PDeCAT, PNV y Bildu) y de Unidos Podemos a la comisión de evaluación del Estado de las autonomías se ha sumado ahora la actitud de PP y Cs, que este jueves dejaron claro a los socialistas quién tiene el control: ambas formaciones han forzado la suspensión virtual de la comisión hasta el mes de enero.

A este contratiempo se suma el potencial desestabilizador que para el PSOE tiene el debate sobre financiación autonómica y que amenaza con enfrentar a los presidentes autonómicos socialistas más hostiles a Sánchez (Susana Díaz, Emiliano García Page o Javier Fernández) con el PSOE vasco e incluso con el PSC en plena batalla electoral en Cataluña.

Los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias e incluso el de Aragón, Javier Lambán, y sobre todo Ximo Puig, el jefe de Gobierno de la Generalitat valenciana, exigen mejoras en la financiación de sus territorios no necesariamente compatibles con los intereses de Euskadi y de Cataluña. En esta última comunidad Miquel Iceta se dispone a defender un “pacto fiscal” que muchos socialistas identifican con el cupo vasco. Por si fueran poco los intereses enfrentados, la presidenta de Baleares sigue su propia estrategia en busca de un estatus especial como el que ya disfruta Canarias en virtud de su insularidad.