Venezuela ha estallado de nuevo como una bomba en el debate político español y se ha llevado por delante la crisis catalana, el proyecto de Presupuestos y el caso Villarejo de la agenda pública. Desde que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, anunció su decisión de asumir de forma interina la Presidencia de la república para conducir el país a elecciones, desafiando abiertamente la autoridad del jefe del Estado, Nicolás Maduro, el país caribeño está en el centro de todas las miradas.
Y el reconocimiento del presidente “encargado”, como se ha autodenominado Guaidó, es la línea divisoria. PP y Ciudadanos se apresuraron no sólo a exigir el reconocimiento del nuevo presidente sino a hacerlo "en nombre" de los españoles, arropados por miembros de la comunidad venezolana en Madrid concentrados el miércoles por la tarde en la Puerta del Sol y el jueves por la mañana ante la puerta de los leones del Congreso de los Diputados.
La derecha española sigue así la senda marcada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Canadá, y de la mayor parte de América Latina, para quienes Guaidó es ya el presidente legítimo de Venezuela. Y ha puesto en marcha una ofensiva para exigir a Pedro Sánchez que España haga lo mismo.
El presidente español, en cambio, decidió optar por la prudencia y contribuir a forjar un pronunciamiento común de la Union Europea, al tiempo que intercambiaba opiniones con los presidentes de Colombia, Costa Rica y Ecuador —presentes como él en Davos (Suiza)— y hablaba telefónicamente con el presidente de la Asamblea de Venezuela.
Después de completar esas gestiones, fuentes de Moncloa aseguraron que Sánchez trasladó a Guaidó “su reconocimiento por el coraje con el que está comportándose en esta situación”. No le consideró presidente de la república, como le piden PP y Cs, pero sí le dejó claro que reconoce “la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana” y que la posición de España es la de la UE: petición de “elecciones libres, que permitan expresarse democráticamente al pueblo venezolano, y un rechazo rotundo del uso de la violencia y de la fuerza”.
El propio Guaidó aseguró a través de Twitter que entiende la llamada de Sánchez como una expresión de “total respaldo”:
El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, explicó horas después que no se puede descartar que los Estados miembros de la UE puedan acordar el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, pero defendió la necesidad de no precipitarse. En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, señaló que la UE exige a Maduro nuevos comicios, el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional y el respeto de la libertad y la seguridad de los legisladores. “Las cumpla o no las cumpla, habrá un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que decidirá los próximos pasos y medidas que tomar”.
Esperar es precisamente lo que no quieren PP y Ciudadanos. Ambas formaciones pretenden hacer de este asunto una cuestión decisiva en plena precampaña electoral y lo han puesto en la cima de sus prioridades. El partido de Pablo Casado sostiene que lo que lo en realidad está haciendo Sánchez es impedir que la UE impulse la caída de Maduro. Así lo aseguró en declaraciones a EsRadio su portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, según el cuál el Gobierno “está frenando que la diplomacia europea reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”. “La diplomacia española, a las órdenes de Pedro Sánchez y Josep Borrell, está jugando en contra de la libertad y la democracia del pueblo venezolano”, una actitud que atribuye a “una posición claramente ideológica de Sánchez, forzado por Podemos y por José Luis Rodríguez Zapatero a no desear la derrota de Maduro”. “Pedro Sánchez y Josep Borrell no quieren que Maduro sea derrotado, quieren que Maduro salga con honor o no salga”, subrayó.
Pablo Casado advirtió, por su parte, de que si Sánchez no hace lo que le pide “acabará siendo responsable de lo que está pasando. Si dejamos a su suerte al pueblo venezolano, los van a aniquilar. Todo el mundo libre somos responsables de lo que Maduro pueda hacer a su población”.
Movilización institucional de la derecha
PP y Ciudadanos se han movilizado para forzar el pronunciamiento de todas las instituciones en las que están presentes, desde el Ayuntamiento de Madrid al Parlamento de Estrasburgo, pasando por las asambleas de las Comunidades Autónomas y el Congreso de los Diputados.
“No habrá escapatoria, los grupos tendrán que decidir si están con la democracia en Venezuela o con la dictadura en Venezuela, con los demócratas y el nuevo presidente o con Maduro y la tiranía”, proclamó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la puerta de los leones del Congreso, a la que previamente había convocado a la oposición venezolana y ante la que, en nombre de los españoles, reconoció a Guaidó como presidente.
Junto a las dos formaciones de la derecha se movilizaron desde el jueves en Madrid cientos de venezolanos ataviados con banderas. Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, también exigió el reconocimiento de Guaidó con el argumento de que España no puede ser el “rabo” de Europa sino la “cabeza”. “Le pedimos al señor Sánchez que se pronuncie”, señaló en los pasillos del Senado invitado por el PP. “En ningún momento se trata ni de un golpe ni de una autoproclamación. Es simplemente el respeto a nuestra Constitución”, enfatizó, que otorga al presidente de la Asamblea la capacidad de asumir la jefatura del Estado de manera provisional cuando no hay presidente de la república —la oposición no reconoce la elección de Maduro en ese puesto— y convocar en el plazo de 30 días elecciones democráticas.
Y de diálogo, nada, advirtió López. “No sé qué le pasa a veces al señor Borrell cuando dice que volvamos a un diálogo. Son unos sátrapas los que están en el Gobierno, no son gente decente y no van a celebrar unas elecciones decentes”, subrayó.
La postura de la izquierda
Del lado contrario se situaron Podemos e Izquierda Unida. Pablo Iglesias calificó de “golpe de Estado” la autoproclamación como presidente Guaidó. En opinión del líder de la formación morada, “a Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo”. Por eso pidió a España y Europa que defiendan “la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica”.
También el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, habló de golpe. “Golpe de Estado en Venezuela. Se ha gestado durante años y tampoco es el primero. Ojalá fracase también este para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitaneada por el Gobierno de EEUU”, publicó en su perfil de Twitter. Izquierda Unida trasladó también su apoyo al pueblo soberano venezolano y “al legítimo gobierno de Nicolás Maduro”.
Ya cuando estaba en la oposición, y también en línea con la Unión Europea, el PSOE de Pedro Sánchez se negó a reconocer la victoria de Maduro en las elecciones a la Presidencia de Venezuela. “La investidura carece de legitimidad por ser el resultado de elecciones sin garantías democráticas”, defendió entonces la dirección socialista.
Una vez en el Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez ha apoyado todas las sanciones propuestas por la UE así como todas las iniciativas planteadas para facilitar una salida negociada para la crisis política venezolana.
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La última vez que la situación de Venezuela se planteó en un debate en el Congreso con el presidente fue el 24 de octubre. Lo hicieron Rivera y Casado aprovechando una sesión dedicada a la venta de armas a Arabia Saudí. Aquel día, Sánchez les acusó de ser “políticos sin escrúpulos” por utilizar “para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano”.
“En lo que están”, les echó en cara, “es en intentar capitalizar la crisis, el sufrimiento y el dolor de Venezuela para intentar reprochar al Grupo Parlamentario Socialista y a este Gobierno el apoyo de Unidos Podemos. Hablemos claramente: ¡a ustedes Venezuela no les importa! A ustedes lo que les importa es reprochar el apoyo de Unidos Podemos al Gobierno de España. Y eso es no tener vergüenza”.
El pasado octubre, el Ministerio de Exteriores citó al embajador de Venezuela y le instó oficialmente “a adoptar las medidas necesarias para permitir el retorno a la institucionalidad democrática, el pleno respeto a los Derechos Humanos y al ordenamiento legal venezolano”. En particular, el Gobierno de España llamó al de Venezuela “a la plena liberación de todos los presos políticos”.
Venezuela ha estallado de nuevo como una bomba en el debate político español y se ha llevado por delante la crisis catalana, el proyecto de Presupuestos y el caso Villarejo de la agenda pública. Desde que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, anunció su decisión de asumir de forma interina la Presidencia de la república para conducir el país a elecciones, desafiando abiertamente la autoridad del jefe del Estado, Nicolás Maduro, el país caribeño está en el centro de todas las miradas.