Si en algo están de acuerdo el Gobierno de España y el de la Generalitat es en el origen del desencuentro. Ambas partes lo sitúan hace poco más de ocho años, el 28 de junio de 2010. Aquel día, el Tribunal Constitucional, a instancias de un PP que desde hacía varios años cabalgaba a lomos del agravio territorial para intentar convencer al electorado de que José Luis Rodríguez Zapatero estaba “rompiendo España”, echó por tierra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y dejó sin efecto, de un plumazo, la voluntad del Parlament, del Congreso de los Diputados y, lo que es peor, la de los ciudadanos catalanes, que cuatro años antes habían dado su apoyo a la norma estatutaria en referéndum vinculante por una incontestable mayoría del 73,9%.
La paradoja, como han recordado estos días el presidente Pedro Sánchez y los líderes independentistas catalanes, es que Cataluña es la única comunidad autónoma con un Estatuto en vigor que no ha sido refrendado en referéndum por sus ciudadanos. Una anomalía que el Gobierno quiere situar en el punto de partida de las negociaciones con la Generalitat.
Los máximos responsables políticos de España y Cataluña no se reúnen oficialmente desde abril de 2016. Fue en la Moncloa, a donde acudió el recién elegido president Carles Puigdemont a plantear a Mariano Rajoy las demandas del Govern. Cuentan las crónicas que ambos repitieron el encuentro, pero en secreto, un año más tarde, en enero de 2017, cuando las instituciones catalanas ya navegaban hacia la declaración de independencia que se consumaría diez meses más tarde.
Entre la anulación de una parte sustancial del Estatuto de Autonomía, en junio de 2010, y ese último encuentro en La Moncloa, las relaciones entre España y Cataluña han sido una sucesión de desencuentros. El Gobierno se limitó a rechazar, una tras otra, todas las propuestas que llegaban de la Generalitat sin ofrecer ninguna alternativa. Mientras tanto, las sucesivas convocatorias electorales —en 2010, 2012, 2012 y 2017— fueron consolidado una amplia mayoría parlamentaria independentista, pero sin llegar nunca a la mayoría absoluta de votos.
La propuesta de un pacto fiscal —la negociación de un modelo de financiación semejante al que disfrutan el País Vasco y Navarra—, con la que el president Artur Mas intentó reconducir la sentencia del Constitucional, fue rechazada de plano por Rajoy en la reunión que ambos mantuvieron en septiembre de 2012. El callejón sin salida condujo a elecciones anticipadas (noviembre de 2012) en la que los partidarios de una consulta soberanista ya eran mayoría en el Parlament.
Desde entonces hasta ahora, el guión ha discurrido siguiendo un único carril: la Generalitat y el Parlament tratando de convencer al Gobierno español de la necesidad de resolver el conflicto mediante un referéndum pactado y Mariano Rajoy rechazando cualquier posibilidad de convocarlo. La consulta del 9 de noviembre de 2013 que acabó costando a Mas una inhabilitación que aún le mantiene fuera de la política institucional, dio paso a las elecciones plebiscitarias de 2015, como un intento de demostrar la existencia de una mayoría independentista —lo lograron en escaños, pero no en votos—. En enero de 2016, Carles Puigdemont relevó a Mas como president, aupado por la CUP y fue apenas dos meses después cuando tuvo lugar su única entrevista oficial com Rajoy en la Moncloa.
Han pasado desde entonces más de dos años y muchas cosas han cambiado. Puigdemont está en Alemania, sometido a la justicia de aquel país, que debe decidir si se lo entrega al Tribunal Supremo español para ser juzgado como autor de un delito de malversación. Su lugar lo ocupa uno de su fieles, Quim Torra. Y en la Moncloa ya no está Rajoy, sino Sánchez, al que el independentismo catalán ayudó a llegar a la Presidencia hace sólo un mes.
Mientras PP y Ciudadanos, arropados por una buena parte de los medios de comunicación situados en su órbita, multiplican las denuncias de acuerdos secretos con los independentistas que amenazan la unidad de España, el Gobierno español sigue decidido a abrir un escenario de normalización. Sin que eso suponga una renuncia a impedir cualquier nuevo intento de saltarse el marco legal establecido, como demostró este viernes el Consejo de Ministro al poner en marcha la impugnación de la moción del Parlament que esta semana ratificó los objetivos de una resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.
Sánchez planteará a Torra reciprocidad, lealtad y compromiso. Esto es: respeto a las reglas de juego democrático —que el Govern y el Parlament no vuelvan a salirse del marco legal establecido—, voluntad real de ceder y llegar a acuerdos y disposición a dialogar también en Cataluña. La Cámara catalana ya dio esta semana un primer paso hacia la reciprocidad aprobando una propuesta del PSC —respaldada por Junts per Catalunya, ERC y los comuns— que insta a Torra a crear un “espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país”, en el que estén convocados los presidentes de todos los grupos y subgrupos con representación en la Cámara catalana.
Dos ámbitos de negociación
Todas las previsiones apuntan a que Sánchez planteará a su homólogo catalán dos ámbitos de negociación: la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat prevista en el Estatut y que no se reúne desde 2011 y la comisión del Congreso para evaluar el Estado Autonómico, que el independentismo boicotea desde su creación y en la que sólo participan, en estos momentos, PP y PSOE.
En la comisión bilateral el Gobierno quiere dar una segunda oportunidad a las demandas catalanas que planteó en su día el president Carles Puigdemont y que no tienen que ver con el marco legal. En la del Congreso, Sánchez se propone dar la oportunidad a PDeCAT y Esquerra de hablar de las reformas constitucionales y estatutarias necesarias para dar satisfacción a las demandas de autogobierno y identidad de Cataluña sin romper el vínculo con el resto de España.
El Gobierno quiere poner sobre la mesa el documento de 46 reclamaciones que Puigdemont entregó a Rajoy durante la última entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2016 dejando fuera, eso sí, el punto que reclamaba la celebración de una referéndum pactado.
Aquellas demandas ampliaban los 23 puntos del que entregó su antecesor Artur Mas a Rajoy en el verano de 2014 e incluía medidas sobre políticas sociales, política fiscal y financiera y un amplio capítulo sobre supuestos incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias autonómicas e interferencias en la acción de gobierno.
En materia de garantías de derechos sociales Puigdemont pedía abordar el déficit estructural de financiación del sistema público de salud, reparar la reducción de la financiación en políticas sociales, dinero para aplicar la ley de dependencia y respeto para la ley catalana de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
EL TC suspende la moción aprobada por el Parlament que pretendía culminar el proceso independentista
Cataluña reclamaba entonces respeto a la escuela pública catalana, fondos para las políticas activas de empleo, ser tenida en cuenta para la reubicación de refugiados, la corrección de la distribución del déficit 2016 y una modificación del “discriminatorio” sistema de financiación autonómica, entre otras materias sobre las que ahora el Gobierno de Sánchez está dispuestó a hablar. La cuestión fiscal, incluida la creación de una Hacienda catalana que gestione la recaudación de impuestos en los términos que defiende el PSC, también estará presente.
A ese documento el Gobierno quiere añadir otro que parte de la Declaración de Barcelona redactada el año pasado por el PSOE y el PSC en la que se proponía llevar a cabo las modificaciones legales necesarias, sobre todo leyes orgánicas, para dejar sin efecto una buena parte de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el Estatuto catalán.
¿Qué llevará Torra a la reunión? Previsiblemente buena parte de estas demandas. Pero también dos que el independentismo considera esenciales: un compromiso para convocar un referéndum pactado y el archivo de la causa judicial contra el procés. Dos cuestiones a priori totalmente inasumibles para el presidente del Gobierno.
Si en algo están de acuerdo el Gobierno de España y el de la Generalitat es en el origen del desencuentro. Ambas partes lo sitúan hace poco más de ocho años, el 28 de junio de 2010. Aquel día, el Tribunal Constitucional, a instancias de un PP que desde hacía varios años cabalgaba a lomos del agravio territorial para intentar convencer al electorado de que José Luis Rodríguez Zapatero estaba “rompiendo España”, echó por tierra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y dejó sin efecto, de un plumazo, la voluntad del Parlament, del Congreso de los Diputados y, lo que es peor, la de los ciudadanos catalanes, que cuatro años antes habían dado su apoyo a la norma estatutaria en referéndum vinculante por una incontestable mayoría del 73,9%.