Casi 114 millones de euros. Exactamente, 113.960.33. A esa cifra ascienden los pagos a dedo efectuados entre enero y julio por la sanidad pública madrileña mediante las llamadas “convalidaciones de gasto”, una figura legal de “carácter excepcionalísimo” y para “casos puntuales”, como ya en 2018 señaló la Audiencia Nacional pero que la Comunidad de Madrid viene utilizando para abonar sin contrato formalizado servicios previstos de antemano. Por ejemplo, la limpieza de centros de atención especializada, que por esta vía ha reportado 42,5 millones a tres empresas: Serveo Servicios SA, Clece y Garbialdi.
Según la lista de acuerdos adoptados semana tras semana por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y examinados por infoLibre, las convalidaciones de gasto del conjunto de consejerías se elevan en los primeros siete meses del año a 161,42 millones. Lo anterior significa que los pagos a dedo por servicios sanitarios representan nada menos que el 70,5% del total.
Dirigida por Fátima Matute desde la formación del nuevo Ejecutivo de Ayuso tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, la Consejería de Sanidad aseguró el viernes a este medio que “una de las primeras medidas adoptadas” ha sido la de “llevar a cabo una revisión de aquellos contratos en los que se haya efectuado una convalidación de gasto con el objetivo de evitar que se reiteren en el futuro”. “Desde Sanidad -agregaron sus portavoces- ya se está trabajando en ello para revertir esta situación”. Las convalidaciones rastreadas -las aprobadas en los siete primeros meses del año- se corresponden con el mandato de Enrique Ruiz Escudero como titular de Sanidad.
En respuesta a este medio, la Consejería sostuvo que entre los pagos sujetos a revisión se encuentran los de limpieza de centros sanitarios pero no facilitó explicaciones sobre por qué una administración de gran potencia administrativa como la madrileña acude a la convalidación de pagos para un servicio siempre previsto por definición -la limpieza de centros sanitarios- y radicalmente opuesto a otros urgentes e inesperados. Sus portavoces se limitaron a subrayar que las convalidaciones constituyen una fórmula legal. Cuando se han producido -dijeron- se ha hecho para garantizar servicios que “por su importancia no pueden dejar de ser prestados al ciudadano”.
La pregunta que, hasta ahora y como ya sucedió en años anteriores, continúa sin respuesta es por tanto la que sigue: por qué, ya sin pandemia y por tanto de vuelta a la normalidad, la Comunidad de Madrid ha permitido que contratos que expiraban en una fecha conocida de antemano no fueran sustituidos por otros fruto de una nueva licitación abierta, pública y sujeta al principio de libre competencia. O no quedaran sujetos a una moratoria a través de una prórroga formalizada por escrito en caso de concursos en suspenso por la interposición de recursos o paralizados por cualquier otra circunstancia adversa.
Como publicó infoLibre en octubre de 2021 también tras una investigación propia, el Gobierno de Ayuso había pagado 800 millones desde enero de 2020 mediante convalidaciones de gasto. Los principales beneficiarios, grandes empresas. En la lista de ganadores ya entonces aparecían empresas que ahora repiten, como Clece, filial de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez. O la firma de seguridad Alerta y Control, así como Ilunion Lavanderías, de la ONCE. O la tecnológica Accenture. También, el dúo integrado por Air Liquide Healthcare España SL y Oximesa, proveedores de servicios de terapia respiratoria domiciliaria.
En junio de 2018, una sentencia de la Audiencia Nacional aclaró con detalle el confuso y casi desconocido concepto de convalidación de gasto. En aquella resolución resaltaba que los supuestos de convalidación “deben tener carácter excepcionalísimo, para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuación al margen del procedimiento legal contractual”. “En la práctica, sin embargo, se viene utilizando como si de un procedimiento ordinario se tratara -proseguía el texto-, tramitando como convalidaciones de gastos, o de reconocimiento extrajudicial de créditos, propuestas de acuerdos de regularización de gastos en contrataciones irregulares, exista o no dotación presupuestaria”.
Dos meses antes, el entonces jefe de la oposición municipal de Madrid en nombre del PP, el ahora alcalde José Luis Martínez Almeida, había desautorizado las convalidaciones aprobadas por el equipo de la progresista Manuela Carmena. Fue él quien introdujo la idea de los pagos a dedo: "La convalidación -dijo Almeida, de profesión abogado del Estado- es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público como consecuencia de una mala gestión previa por parte del equipo de Gobierno".
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Pese a todo, el Ejecutivo que encabeza su jefa como presidenta del PP madrileño continúa sin ofrecer explicaciones sobre el asunto.
En mayo, dos semanas antes de las elecciones autonómicas, Más Madrid interpuso una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que la admitió a trámite pero no ha tomado aún ninguna decisión. En la denuncia, el grupo que encabeza en la Asamblea Regional Mónica García cuantificaba en 1.700 millones los pagos a dedo realizados mediante convalidaciones a lo largo de 2020, 2021 y el primer semestre de 2022.
En cuanto en septiembre comience de nuevo el curso político, la formación izquierdista acudirá a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), como anunció hace dos semanas en su cuenta de Twitter el diputado Eduardo Gutiérrez. “Necesitamos -escribió en la red social- que la CNMC nos saque de dudas y nos aclare si para #PPAyuso el libre mercado es el que tiene ahí colgado”.
Casi 114 millones de euros. Exactamente, 113.960.33. A esa cifra ascienden los pagos a dedo efectuados entre enero y julio por la sanidad pública madrileña mediante las llamadas “convalidaciones de gasto”, una figura legal de “carácter excepcionalísimo” y para “casos puntuales”, como ya en 2018 señaló la Audiencia Nacional pero que la Comunidad de Madrid viene utilizando para abonar sin contrato formalizado servicios previstos de antemano. Por ejemplo, la limpieza de centros de atención especializada, que por esta vía ha reportado 42,5 millones a tres empresas: Serveo Servicios SA, Clece y Garbialdi.