Mientras Abengoa intenta salir de su profunda crisis empresarial, la sombra del saqueo de El Ejido, la ciudad de los invernaderos por antonomasia, persigue a la compañía con sede en el complejo de Palmas Altas, en Sevilla. La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación sobre el caso Poniente, en el que se investiga una red político-empresarial liderada por el entonces alcalde, Juan Enciso (del PP de 1991 a 2005, luego independiente hasta 2011), que supuestamente se quedó con más de 80 millones de euros del Ayuntamiento, ha realizado una descripción inclemente de los procedimientos de la que fuera empresa bandera de Andalucía.
Según la Abogacía del Estado, dos empresas filiales de Abengoa, Befesa y Aygesa, realizaron una facturación falsa a la empresa mixta de aguas de más de 16,5 millones de euros entre 2002 y 2009, contribuyendo al saqueo de las cuentas municipales en el contexto de una amplia dinámica defraudatoria. Dicha facturación, señala el escrito, "no estaba prevista en las condiciones de la concesión y debe considerarse improcedente por no corresponder a servicios realmente prestados a Elsur", que era el nombre de dicha empresa mixta. Consultada por infoLibre, la compañía declina realizar comentarios por tratarse de un caso abierto.
El caso de corrupción investigado, que llevó a la detención fulminante de Enciso en 2009, hunde sus raíces en 1994, tres años después de su llegada a la alcaldía. El Ayuntamiento aprobó la creación de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido SA (Elsur), a la que se entregó la gestión de diversos servicios municipales. La empresa privada que se integró en la empresa junto con el Ayuntamiento fue Abengoa. El reparto fue del 70% para el socio privado y del 30% para el socio público. Los ingresos de Elsur abarcaban el suministro de agua y saneamiento –que se facturaba directamente a los abonados–; el canon por el mantenimiento de alumbrado, zonas verdes, red viaria y edificios –que el Ayuntamiento pagaba a Elsur–; y servicios fuera de canon también contratados a la empresa mixta por el Ayuntamiento.
Los hechos que serán juzgados tuvieron lugar entre 2002 y 2009, pero la Abogacía del Estado pone el foco en los acontecimientos desde mucho antes. Por ejemplo, la facturación real al Ayuntamiento de El Ejido por servicios de mantenimiento dentro del canon y por servicios y obras facturadas fuera de canon, en el periodo 1996-2008, se disparó sobre la previsión realizada: de un cálculo previo de 47,9 millones a una facturación de 171,7 millones.
Además Elsur se sirvió de un servicio de subcontrataciones irregular –según la Intervención General del Estado–, realizando una "masiva cesión ilegal de trabajadores" entre las subcontratatas y la propia empresa mixta. Con todo ello la empresa lograba disminuir sus beneficios contables, así como los impuestos que debía pagar, según la Abogacía del Estado. La mecánica descrita en el texto acusatorio es la siguiente: el entramado societario de subcontratas facturaba a Elsur a precios "inflados, desorbitados", que permitían a dicha empresa mixta justificar el cobro de más dinero del Ayuntamiento. Al final lo pagaban los contribuyentes de El Ejido, la tercera ciudad de Almería con cerca de 90.000 habitantes. Las complicidades estaban tejidas entre las subcontratas, Elsur y el Ayuntamiento, según la investigación judicial.
Servicios no prestados
La Abogacía del Estado describe cómo Abengoa, entonces presidida por Felipe Benjumea, participó supuestamente de la dinámica defraudatoria. La compañía, socio privado de Elsur, cobró a dicha empresa mixta 20,1 millones de euros, de los que –según la Agencia Tributaria– sólo correspondían al canon 14,3. "En el caso en que se considerase real algún asesoramiento técnico prestado por el socio privado a Elsur, éste ya se habría remunerado dentro de esos 20.103.854,40 euros facturados como recuperación de canon", señala la Abogacía del Estado. Sin embargo, el socio privado también facturó a Elsur, a través de las sociedades Befesa y Aygesa, un total de 16.548.086,59 euros entre 2002 y 2009, en concepto de servicios genéricos de apoyo a la gestión y otros servicios, bajo el nombre de servicios fee y extrafee, según la Abogacía del Estado.
Esta facturación "no estaba prevista en las condiciones de la concesión y debe considerarse improcedente por no corresponder a servicios realmente prestados a Elsur", señala el escrito acusatorio. "Esta falsa facturación –añade– era una manera de remuneración para el socio privado, que justifica el porqué no se preocupó por no haber recibido nunca dividendos de Elsur. Puesto que ya estaba siendo remunerado por esta vía, evitando además compartir los beneficios de Elsur con el socio público".
Actualmente Elsur se llama Aguas de El Ejido. Continúa siendo una empresa mixta de prestación de servicios municipales. La compañía Abengoa mantiene una participación del 41% a través de Abengoa Water, según informa la empresa a infoLibre. La gestión del agua es una de las áreas a las que la compañía está dando prioridad para tratar de salir de la profunda crisis que se abrió con su desplome a finales de 2015.
65 procesados
El número de procesados en el caso Poniente entre políticos, funcionarios y empresarios asciende a 65. Los delitos serían prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Los principales acusados son Enciso y José Alemán, ex interventor municipal, que se enfrentan a penas de 49 y 79 años de cárcel, respectivamente. También ejercen la acusación el Ayuntamiento de El Ejido e Izquierda Unida. El juzgado de instrucción 2 de Almería aún debe recibir los escritos de las defensas y de la Fiscalía antes de enviar el caso a la Audiencia para que se celebre el juicio, que tendrá lugar cuando Enciso (El Ejido, 1950) se acerque ya a los 70 años.
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El caso Poniente es el mayor escándalo de corrupción destapado en Almería. Enciso, empresario hortofrutícola con intereses en la construcción, llegó a ser un referente local en el PP andaluz. Alcalde desde 2001, acumuló victoria tras victoria electoral hasta que su luz se apagó en 2011, cuando llegó a presentarse pero perdió, ya investigado por la justicia y tras un paso por la cárcel. Su estilo hizo fortuna: campechano y bravucón, no tenía empacho en vincular abiertamente la inmigración con la delincuencia. "Llegan en patera, sin nada y acompañados del traficante de turno", dijo una vez. En El Ejido, en pleno corazón del invernadero almeriense, con abundante mano de obra inmigrante, ese discurso era inflamable.
Su salto a los telediarios se produjo en 2000, con motivo de unos graves altercados racistas en El Ejido, cuando encadenó una serie de declaraciones que alentaron a los grupos racistas descontrolados. Las ONG denunciaron que Enciso obstaculizaba su trabajo. No fue expulsado del PP ni por racismo ni por corrupción. Lo echaron en 2005 en el contexto de una de las espectaculares batallas internas del partido en Almería. Enciso acabó perdiendo ante Gabriel Amat, actual presidente del partido y de la Diputación, además de alcalde de Roquetas de Mar. Entonces Enciso montó el Partido de Almería (PAL), con el que siguió ganando elecciones. El PSOE llegó a pactar con el PAL para gobernar la Diputación. El pacto duró hasta la detención de Enciso en 2009.
El Ejido no consigue dejar atrás las investigaciones judiciales sobre supuestos casos de corrupción. El actual alcalde, Francisco Góngora (PP), está procesado por delito fiscal.
Mientras Abengoa intenta salir de su profunda crisis empresarial, la sombra del saqueo de El Ejido, la ciudad de los invernaderos por antonomasia, persigue a la compañía con sede en el complejo de Palmas Altas, en Sevilla. La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación sobre el caso Poniente, en el que se investiga una red político-empresarial liderada por el entonces alcalde, Juan Enciso (del PP de 1991 a 2005, luego independiente hasta 2011), que supuestamente se quedó con más de 80 millones de euros del Ayuntamiento, ha realizado una descripción inclemente de los procedimientos de la que fuera empresa bandera de Andalucía.