Javier Luque, contable de la empresa pública ACM SA, no sabía que lo estaban grabando cuando llegó a la reunión, celebrada en junio de 2011. Allí estaban, entre otros, el delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (75.000 habitantes) y la concejal de Patrimonio Histórico. Un encuentro político de trabajo. Sin saber que sus palabras estaban siendo captadas, Luque empezó a relatar irregularidades, algunas con posible relevancia penal, en el seno de ACM, una especie de empresa de comunicación municipal. Nada que prestase un servicio indispensable. Éste es el origen del caso que ha puesto contra las cuerdas al diputado socialista por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de 1995 a 2016, cuando dimitió bajo la amenaza de moción de censura y con las posibles irregularidades de ACM ya destapadas. El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal a Gutiérrez Limones, para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a las cuentas de esta empresa pública. La investigación judicial que ahora asume el Supremo apunta a que Gutiérrez Limones, aforado por su condición de diputado, pagó un viaje familiar con dinero público y evitó la correcta fiscalización de la empresa ACM, donde se produjo una malversación de caudales públicos pendiente de cuantificar.
El Alto Tribunal se apoya en la exposición razonada recibida por el juzgado de Alcalá, que no puede instruir casos que afecten a aforados. La investigación trata de dirimir "la posible existencia de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en el seno de ACM", que fue creada en junio de 2001 y liquidada en mayo de 2013. Según el juzgado de Alcalá, Gutiérrez Limones permitió una gestión fraudulenta en la empresa pública, obstaculizó el control de sus cuentas y se benefició personalmente de este descontrol. El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil detectó, a través de la Agencia de Viajes del Corte Inglés, un gasto de 976,15 euros imputado a ACM SA que en realidad fue para un viaje Gutiérrez Limones con su mujer y sus dos hijos, según el juzgado de Alcalá. Entraron ahí billetes de tren, alojamiento y acceso a un parque de ocio (Warner) de Madrid.
El PSOE cita al diputado investigado por el Supremo por malversación de fondos públicos para que dé explicaciones
El problema legal de Gutiérrez Limones va más allá de su viaje familiar a la capital. Según la exposición razonada evaluada ahora por el Supremo, Gutiérrez Limones conoció las irregularidades en la empresa reveladas en la reunión por su contable, pero no adoptó ninguna medida. Además el interventor municipal declaró que el alcalde había mantenido una "actitud totalmente obstruccionista" para evitar el control contable y financiero de ACM, desatendiendo hasta seis reclamaciones por escrito.
Según la investigación judicial, tanto la Junta de Gobierno de Alcalá como la Junta General de ACM, ambas presididas por Gutiérrez Limones, presentaron una "actitud deliberada" de obstruccionismo paraevitar "el control contable, financiero y de eficacia de la empresa pública". "Ello facilitó el hundimiento de la entidad municipal y la malversación de caudales públicos", al mismo tiempo que "imposibilitó el descubrimiento de dichas actuaciones por parte del funcionario encargado", señala la exposición razonada, que recuerda que ni siquiera se celebraban los obligatorios consejos de administración trimestrales. La resolución elevada por el juzgado de Alcalá al Supremo concluye que existen "indicios" de "una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la entidad, Gerencia, Consejo de Administración y Junta General, en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público". No se precisa a cuánto ascienden estas "grandes cantidades". Lo que sí dice la exposición razonada es que "Gutiérrez Limones" era "conocedor directo" de todo ello. "No sólo por la realización directa de actos de malversación [...], sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancia de la que era conocedor desde el inicio, por las manifestaciones reiteradas del interventor y de los asistentes a la reunión con el contable". A pesar de esta situación de descontrol "se aprobaban año tras año las transferencias desde la Junta de Gobierno Local a favor de ACM", superando los 13 millones de euros.
Gutiérrez Limones es una figura política relevante en el PSOE andaluz de los últimos veinte años. Primero, porque ha sido alcalde de uno de los bastiones del PSOE en Sevilla, Alcalá de Guadaíra, donde nunca ha perdido el poder. Segundo, por su destacado perfil interno. Gutiérrez Limones fue, durante el tiempo en que José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario general, uno de sus principales hombres de confianza en Andalucía. Gutiérrez Limones se enfrentó a Susana Díaz por la secretaría general del PSOE de Sevilla en 2012. Perdió. El ascenso posterior de Díaz, que acabó convirtiéndose en presidenta de Andalucía en 2013, ha coincidido con la pérdida de influencia de Gutiérrez Limones hasta su dimisión como alcalde para quedarse como diputado de perfil bajo en el Congreso. La continuidad de Gutiérrez Limones en su escaño no colisiona con el código ético del PSOE, que señala que cualquier cargo público dimitirá o será suspendido cuando se llegue a la fase procesal de la apertura de juicio oral. Aún no estamos en ese punto, ni tiene por qué llegar. La investigación del Supremo lo determinará.
Javier Luque, contable de la empresa pública ACM SA, no sabía que lo estaban grabando cuando llegó a la reunión, celebrada en junio de 2011. Allí estaban, entre otros, el delegado de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (75.000 habitantes) y la concejal de Patrimonio Histórico. Un encuentro político de trabajo. Sin saber que sus palabras estaban siendo captadas, Luque empezó a relatar irregularidades, algunas con posible relevancia penal, en el seno de ACM, una especie de empresa de comunicación municipal. Nada que prestase un servicio indispensable. Éste es el origen del caso que ha puesto contra las cuerdas al diputado socialista por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de 1995 a 2016, cuando dimitió bajo la amenaza de moción de censura y con las posibles irregularidades de ACM ya destapadas. El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal a Gutiérrez Limones, para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a las cuentas de esta empresa pública. La investigación judicial que ahora asume el Supremo apunta a que Gutiérrez Limones, aforado por su condición de diputado, pagó un viaje familiar con dinero público y evitó la correcta fiscalización de la empresa ACM, donde se produjo una malversación de caudales públicos pendiente de cuantificar.