Desde el 1 de enero de 1997 la contratación de cualquier póliza está sujeta al pago del Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS), un cargo que las empresas descargan en los individuos que la adquieren. Pasa con los vehículos o con las viviendas. Cuando alguien los compra y luego los asegura, parte de lo que paga va directo al Estado. En concreto lo hace el 8%, pero no en todos los casos. Hay un sector que está libre de esto desde hace años: el de la sanidad privada, precisamente el segundo que más facturó en los primeros nueve meses del año, sólo por detrás de los seguros de automóviles. Que son obligatorios.
Es una especie de anomalía. Y por ello los socios de Gobierno se han puesto como objetivo acabar con ello. El PSOE y Sumar cerraron este lunes un acuerdo —que por ahora ha quedado paralizado— en materia fiscal que, entre otros asuntos, contemplaba, textualmente, "eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad a infoLibre, la medida supondría, en síntesis, "quitar la subvención que existe ahora mismo a la adquisión de estos seguros". Y para el Estado, como mínimo, 425 millones de euros más al año, según los cálculos realizados en 2016 por el médico Juan Simó, analista del sistema sanitario y autor del blog Salud, dinero y atención primaria, a falta de datos oficiales.
Unespa, la patronal del sector, no tardó en reaccionar. En un comunicado hecho público este martes, la organización dejó claro que, de tener que pagar ese 8%, las aseguradoras repercutirían ese coste directamente sobre los asegurados. Es decir, sobre los 12,4 millones de personas que, defendieron, pertenecen a "muy diversos perfiles socioeconómicos". Pero no sólo eso. Además, amenazaron con un fuerte incremento de la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud que, defienden siempre, es el principal beneficiario de esta red dual. "La aprobación de dicha medida tendría, por tanto, efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles", advirtieron desde Unespa.
Es el argumento habitual cuando ven su negocio amenazado. Hace unos meses, cuando se puso encima de la mesa la renovación del concierto con Muface, las aseguradoras privadas pidieron al Gobierno, para aceptar seguir prestando servicio a 1,5 millones de funcionarios, un incremento del 40% en las primas que recibían por cada paciente. Si no, abandonarían el servicio y pondrían en riesgo de colapso, apuntaron, al Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello, lo hicieron. Y no obstante, desde el Ministerio de Mónica García siempre negaron que eso pudiera ocurrir.
"Sesgo regresivo"
Lo que pretende la medida que ahora se plantea lo han dejado claro en todo momento desde ese departamento: "Eliminar un incentivo fiscal a la compra de unos seguros que son totalmente regresivos". En ese adjetivo es en el que ponen el acento. Y no sólo en esta medida, sino en todas las contenidas en el acuerdo de los socios de coalición. "Los cambios fiscales introducidos persiguen que contribuyan más quienes más tienen", reflejaron el documento hecho público este lunes. Pero, ¿por qué el hecho de que los seguros privados de salud no estén gravados es regresivo? La respuesta está en a quién beneficia. Porque "normalmente quienes tienen contratada una póliza de seguros tienen una renta alta", señala Vicente Losada, de Audita Sanidad.
Los datos ofrecidos por Unespa este mismo martes hablan de 12,4 millones de personas aseguradas en nuestro país, un número que evidentemente es desigual en función de cada comunidad autónoma. Según el último Observatorio del sector sanitario privado de la Fundación IDIS, hay un 25,9% de todos los españoles y españolas que tienen una póliza contratada. Sin embargo, en Madrid ese porcentaje escala hasta el 38,7%; en Cataluña, hasta el 32,4%. Son, las dos, las regiones más ricas del país.
Pero ahondemos un poco más. La última Encuesta Nacional de Salud, que recoge datos de 2017, reveló que la doble cobertura mediante el añadido de un seguro privado es 10 veces mayor en el tramo de ingresos mensuales de más de 3.600 euros (40,8% de la población) que en el de menos de 1.050 (4,45%). Además, el último Barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó que del 23,2% de ciudadanos y ciudadanas encuestados con una póliza contratada por ellos mismos, el 43,6% de autoidentificaba como de clase alta o media alta. Sólo un 18,3% lo hacía como clase baja. Y sólo un 17,3% como trabajadora.
Incentivos a empresarios y ganancias millonarias
Pero la exención de impuestos no es el único beneficio fiscal de los seguros sanitarios privados. Hay otro del que se benefician, una vez más, las clases altas. En concreto, los empresarios que pueden deducirse hasta un máximo de 500 euros por cada trabajador asegurado (1.500 si tiene discapacidad) en una póliza colectiva. Y hay más. Los empleados, cuando reciben parte de su retribución mensual a través de este concepto, esa parte queda exenta de tributación hasta un máximo de 500 euros.
El negocio de los seguros de salud sigue sin tocar techo: ya factura un 36% más que antes de la pandemia
"Esto no está ahora encima de la mesa, pero debería. Al final estamos pagando todos la sanidad privada, porque las exenciones y las deducciones es dinero que no se recauda", lamenta Simó, que calcula en 1.000 millones las pérdidas totales para el Estado, , incluyendo en esta cifra los 425 millones no obtenidos por el IPS.
Mientras tanto, el sector no deja de crecer. Y ganar. Según los últimos datos publicados por Unespa, relativos a los primeros nueve meses del año, los seguros de salud han incrementado un 36,4% sus ingresos con respecto al mismo periodo antes de la pandemia. En concreto, desde enero y hasta septiembre las empresas se han embolsado 9.108 millones de euros, una cifra muy superior a la de 2019, que fue de 6.677 millones.
Al mismo tiempo, las listas de espera para una operación quirúrgica han aumentado un 26,3%. Y ambos hechos no son casuales. Hay detrás una relación de causa-efecto. Por eso hasta un 75,7% de las personas aseguradas responde, cuando se le pregunta, que contrató su póliza por "la rapidez con la que le atienden" en la privada.
Desde el 1 de enero de 1997 la contratación de cualquier póliza está sujeta al pago del Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS), un cargo que las empresas descargan en los individuos que la adquieren. Pasa con los vehículos o con las viviendas. Cuando alguien los compra y luego los asegura, parte de lo que paga va directo al Estado. En concreto lo hace el 8%, pero no en todos los casos. Hay un sector que está libre de esto desde hace años: el de la sanidad privada, precisamente el segundo que más facturó en los primeros nueve meses del año, sólo por detrás de los seguros de automóviles. Que son obligatorios.