Los seis detenidos este martes en el marco de la operación que la UCO llevada a cabo en la sede del UGT-Asturiasoperación que la UCO llevada a cabo en la sede del UGT-Asturias para investigar presuntas irregularidades en la gestión de cursos de formación han sido puestos en libertad sin medidas cautelares aunque siguen como investigados, según ha aclarado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez, tal y como le había recomendado su abogado. A la vez que Rodríguez Braga, también han quedado libres los otros cinco detenidos: la actual responsable de comunicación del sindicato, exsecretaria de Administración y Comunicación en UGT-Asturias y exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero; el exsecretario de Formación y Relaciones Institucionales de UGT-Asturias, Daniel Rodríguez Vázquez, y Manuel Díaz Cancio, que fue secretario ejecutivo en la etapa de Rodríguez Braga. También fueron detenidos Silvia Sariego, responsable de administración del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias, y Alberto González, trabajador de UGT-Asturias.
"Se proseguirá con la instrucción de la causa, incorporándose a la misma a estos seis investigados", señalan desde el TSJA a través de un comunicado, desmintiendo así las primeras declaraciones de Daniel Rodríguez, exsecretario de Formación de UGT-Asturias, apuntando que quedaban "en libertad sin cargos" a su salida de los juzgados.
Cinco de los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar hasta analizar la nueva documentación, mientras que Silvia Sariego se ratificó en la declaración que prestó durante más de cuatro horas en las dependencias de la Benemérita. Todos se han ido a su domicilio a expensas de una nueva citación.
El TSJA ha explicado que, tras el trámite de esta mañana en sede judicial, "la magistrada ha dictado orden de libertad sin medida cautelar pero, a partir de este momento, los seis seguirán ostentando la condición de investigados en la causa, abierta en el juzgado por un delito contra la hacienda pública, en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental". El auto refleja, asimismo, la obligación expresa de comunicar cuantos cambios de domicilio tuvieran, a efectos de posibles notificaciones judiciales.
A primera hora de este miércoles, según recogía Europa Press, los abogados de la defensa anunciaron que los detenidos no podrían prestar declaración debido a la gran cantidad de documentación, más de 3.000 folios, que el juzgado y los abogados tenían que examinar previamente.
Según confirmaba el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo el martes, la operación se ha desarrollado al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato UGT. Concretamente el Juzgado ha ordenado el registro de tres sedes sociales domiciliadas en el mismo edificio de la Plaza General Ordóñez de Oviedo: la de la Unión Regional de Asturias de la UGT, la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES) y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur).
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Supuesta actuación fraudulenta de subvenciones públicas
Fue hace poco más de un año cuando el fiscal Gabriel Bernal formuló denuncia ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales. Las diligencias de investigación se incoaron en el mes de diciembre de 2014, tras un informe presentado en Fiscalía por la UCO denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
El fiscal señalaba que los hechos se referían, en esencia, a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales. En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias.
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