Seis meses sin luz en la Cañada Real: a los vecinos sólo les queda la Justicia

Han pasado la mitad del otoño de 2020 y todo el invierno posterior –con temporal Filomena de por medio– sin luz. Y la situación continúa esta primavera. Los vecinos de la Cañada Real se han manifestado y también se han dirigido a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos concernidos –la capital, Rivas-Vaciamadrid y Coslada–, así como a la Delegación del Gobierno, pero el problema persiste. Tampoco la empresa distribuidora, Naturgy, se hace responsable, pues achaca la falta de suministro a las "sobrecargas por conexiones ilegales e incontroladas y la manipulación de la red". Ante la falta de avances en encontrar una solución, los vecinos han acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades ante lo que algunos consideran una "crisis humanitaria" que afecta a más de 4.000 personas –casi la mitad niños– y que ya dura demasiado tiempo.

Asociaciones de vecinos de la Cañada Real y también particulares han acudido a la justicia por diferentes vías y por distintos motivos. Unos aprecian vulneración de derechos y posible comisión de delitos previstos en el Código Penal por la falta de suministro general que se viene dando desde el pasado octubre en los sectores V y VI de la antigua vía pecuaria; otros denunciaron por omisión de socorro tras el fallecimiento de un hombre de 74 años a principios del pasado enero; otros piden a la Fiscalía de Madrid que investigue la situación y presente la correspondiente querella contra los que considere responsables de la falta de suministro y los daños que esto ha podido generar a los vecinos. Sea como sea, detrás de cada iniciativa hay un denominador común: en la Cañada Real hay continuos cortes de luz desde otoño del año pasado, un problema que las administraciones siguen sin ser capaces de resolver.

La pelota sigue botando de un lado a otro y seis meses después del primer apagón, nadie parece tener la solución. Mientras tanto, los vecinos de la Cañada Real han pasado una de las peores olas de frío que se recuerdan en la Comunidad de Madrid y se han calentado como han podido. Otros, ni eso, tal y como alertaron los familiares de un hombre de 74 años que falleció el pasado 2 de enero en el sector VI. La denuncia se interpuso en los Juzgados de Madrid y en la Fiscalía de Protección de los Mayores para que se investigara a fondo la relación de su muerte con los cortes de luz. También señalaban directamente al Gobierno regional y a Naturgy por un presunto delito de omisión del deber de socorro, pero fue finalmente desestimada. Ángel García, presidente de una asociación vecinal, ya alertaba hace unos meses de problemas sanitarios que podría traer aparejada la falta de luz.

El problema está enquistado, pero de momento los vecinos no están corriendo demasiada suerte en sus demandas judiciales. Sin embargo, aún tienen la esperanza de que los jueces o fiscales al menos investiguen qué está pasando en la Cañada Real y qué administración o administraciones se debe hacer cargo. Es el caso de una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, cuyo titular, Juan José Escalonilla, decidió archivar tras la presentación de un informe de Naturgy y sin realizar ninguna diligencia más, según explican a infoLibre fuentes jurídicas. La resolución ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, que aún está pendiente de resolver.

Cinco posibles delitos

El recurso recuerda que la denuncia inicial aludía a varios posibles delitos derivados del corte de suministro eléctrico, como coacciones sobre vivienda habitual, trato degradante y daños, aunque también denegación de auxilio y prevaricación administrativa por omisión, estos dos últimos señalando a la Comunidad de Madrid como presunta responsable al tratarse de un terreno que en 2011 "pasó a ser un bien patrimonial" de la Administración autonómica.

Según recuerdan los denunciantes, el Pacto Regional de Cañada Real de 2017 establece que "los poderes públicos deberán adoptar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) y siguiendo las premisas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III, para lo cual una de las prioridades es la de garantizar a los ciudadanos de Cañada Real un adecuado suministro de energía eléctrica". Y asimismo, afirman que "el corte de suministro tiene que ver con las manipulaciones efectuadas por UFD-Naturgy en las instalaciones de la zona".

"La empresa se justifica en riesgo para la seguridad de las personas, sin embargo el corte en sí mismo considerado, realizado a las puertas del invierno y en medio de la pandemia covid-19, ha colocado a todo el vecindario en una situación límite con un riesgo superior, generando una verdadera alarma social", explican los denunciantes en su recurso, en el que alegan "inconsistencias gruesas" en el informe que Naturgy aportó al juzgado y tras el cual la causa fue archivada por Escalonilla. El escrito de los vecinos atribuyen a la compañía eléctrica "falta de rigor en la comparativa del consumo medio español con el de Cañada Real", unas conclusiones que consideran "sesgadas para denostar a la población" de la antigua vía pecuaria para hacer "depender el corte de suministro en un consumo descontrolado derivado de plantaciones de marihuana".

Los denunciantes critican ante la Audiencia Provincial que el instructor haya asumido "acríticamente" las conclusiones del informe de Naturgy, sin ningún tipo de contraste, y no haya realizado "diligencias adicionales que partan de fuentes que no sean la propia compañía denunciada", como por ejemplo una mera "inspección ocular" de los sectores V y VI, la realización de un peritaje de oficio o de parte" o la toma de declaración a los "responsables y autoridades que autorizan o mantienen el corte en los suministros de electricidad en dichos distritos".

Sin luz tras la intervención de Naturgy

Estos vecinos están aún a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie y determine si enmienda la decisión del juez Escalonilla para que siga indagando basándose en los hechos expuestos en la denuncia o si, por el contrario, está de acuerdo con él y archive definitivamente las actuaciones. Pero este no es ni mucho menos el único intento que han hecho ciudadanos de la Cañada Real para intentar buscar justicia a su situación. Media docena de vecinos del sector V han optado por acudir a la Fiscalía para que realice las actuaciones que considere convenientes y, en caso de encontrar indicios, presentar querella o denuncia.

En este caso, relatan cómo "debido a la situación de falta de suministro eléctrico que se estaba dando en el sector VI" y que se prolongaba más de 45 días el Comisionado para la Cañada Real del Ejecutivo autonómico les comunicó que Naturgy "iba a realizar unas actuaciones en la red general para equilibrar las líneas eléctricas y mejorar la actual instalación" y que "se iba a independizar" la línea eléctrica de la que alimenta la iluminación de la A3 y ciertas instalaciones y gasolineras que están conectadas a la misma red del sector V Sector 5. "Ha sido tras dicha intervención, que teóricamente iba a suponer una mejora, nos hemos quedado completamente sin luz en el sector V desde el pasado día 17 de noviembre" sin facilitar "informe técnico alguno", denuncian.

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Para estos vecinos, "se está justificando de forma falsa que el problema de la sobrecarga va ligado a demandas excepcionales de potencia eléctrica, como pueden ser cultivos de marihuana", pero alegan que a diferencia del sector VI, el V es "un ámbito pequeño de poco más de un kilómetro de longitud y menos de 100.000 metros cuadrados, con un número limitado de viviendas y con parcelas destinadas cien por cien al uso residencial".

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la denuncia sigue en manos del Ministerio Público, que ha solicitado información adicional para recabar los datos oportunos de cara a decidir si ve indicios de posibles delitos en la problemática relatada por los vecinos del sector V.

Estos son sólo dos de los intentos que se han presentado en los tribunales y en los que ambos se señala directamente a la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional responden de forma taxativa: no tienen competencias para resolver el problema. Desde la Consejería de Vivienda indican a infoLibre que sus atribuciones incluyen el realojo que, de hecho, aseguran estar acometiendo en cumplimiento del Pacto Regional y del que ya han cumplido la primera fase para 150 familias de la Cañada Real, a falta de otras 25 que serán reubicadas próximamente. De la situación en los sectores V y VI, admiten que, de momento, es un "callejón sin salida" y que son los ayuntamientos a los que compete la asistencia en servicios sociales y a la Delegación del Gobierno para desmantelar los cultivos de marihuana a los que Naturgy achaca las sobrecargas.