La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que de forma reciente más ha visibilizado la situación de los nuevos emigrantes económicos, considera que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar en los últimos comicios están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior.
Atribuyen gran parte de esos problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Por ello, de cara a las próximas elecciones generales reclaman al Gobierno que atienda a sus reclamaciones para que no siga cayendo su participación en los comicios.
Entre ellas está la petición de que se agilicen los trámites a través de fórmulas telemáticas, que se amplíe la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas o que el Ministerio de Exteriores utilice todas las herramientas de comunicación disponibles para hacer una correcta difusión de los plazos del proceso de votación para los residentes en el extranjero. En el Gobierno reconocen el problema pero no concretan si adoptarán soluciones de cara a futuras citas electorales.
infoLibre resume a continuación los seis principales problemas que, según la Marea Granate, tienen los residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto desde el exterior, así como sus propuestas de soluciones:
1. inscripción presencial en consulados
Los problemas para ejercer su derecho al voto, aseguran los españoles expatriados agrupados en la Marea Granate, empiezan en la inscripción en el censo. Para poder votar, los españoles que llevan más de un año viviendo en el extranjero tienen que darse de alta el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) y los que llevan menos de 12 meses y no tienen la voluntad de permanecer más allá de ese tiempo tienen que hacerlo como no residentes, en lo que se llama la inscripción ERTA. Este último puede ser el caso de los estudiantes erasmus o de los trabajadores con contrato por tiempo definido.
El colectivo de expatriados denuncia que el procedimiento de inscripción no es uniforme y que son excepción los consulados en los que se permite la inscripción a distancia. "La mayoría de las inscripciones deben hacerse en persona, pero el problema es que cuando puedes hacerlo a distancia, como es el caso de San Francisco, te piden que envíes por correo la documentación con el pasaporte o el DNI originales lo que supone quedarte indocumentado", explica María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. "Es un problema enorme porque la primera barrera es poderse inscribir. No todo el mundo tiene el consulado al lado o tiene la capacidad de hacer un viaje", se queja.
El colectivo demanda que se facilite la inscripción telemática y denuncian que no hacerlo es una cuestión de "voluntad política". Aseguran que se podrían desarrollar herramientas telemáticas ya existentes como la sede electrónica del Ministerio de Exteriores que a día de hoy sirve para hacer algunos trámites consulares. Señalan que hacerlo "mejoraría la accesibilidad a los recursos del Estado, así como su eficacia y costes".
Este diario se puso en contacto con la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores para preguntarles si, de cara a las elecciones generales del próximo otoño y a futuras citas electorales, se contemplaba la posibilidad de facilitar la inscripción a distancia y se aceptara el envío de copias compulsadas de los documentos. Este departamento remitió a una respuesta parlamentaria que el ministro de Exteriores dio en el Congreso de los Diputados al diputado de IU Gaspar Llamazares el pasado 27 de mayo. En esta intervención, aunque reconoció el problema, José Manuel García Margallo no hizo mención alguna a la facilitación del trámite de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.
2. falta de información
Otra cuestión que los últimos meses vienen denunciando los españoles expatriados es la falta de publicidad que se ha dado al plazo que tenían para inscribirse en el CERA y así poder votar en las autonómicas de mayo. El censo se cerró el 30 de diciembre de 2014, por tanto, casi cinco meses antes de las elecciones. Y el trámite, que como se ha comentado se efectúa en su mayoría de forma presencial en los consulados, no fue promocionado a través de boletines o campañas oficiales, algo que sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de los extranjeros que viven en España.
Tampoco, denuncian los expatriados, a través de las páginas web de los consulados o sus redes sociales "donde muchos hacen anuncios de eventos o chascarrillos relacionados con la comunidad hispánica pero no difunden las noticias que más afectan a los emigrantes". Por ello, solicitan que se dé una correcta difusión de todos los plazos del proceso de votación haciendo uso de todas las herramientas de comunicación disponibles, entre las que citan también el correo electrónico de los registrados.
Tras la convocatoria de las elecciones, el censo volvió a abrirse durante una semana para la inscripción de los residentes temporales (voto CERA). El problema, sostiene Almena, es que de nuevo la inscripción tenía que ser presencial y con sólo un día en la práctica no laborable (el sábado) para poder acudir al consulado. "Es importante que informen con antelación y que habiliten el trámite por internet porque no todo el mundo tiene el consulado a mano", subraya. La respuesta parlamentaria del ministro García Margallo a la remitió su equipo de comunicación tampoco ofrece ninguna respuesta a este respecto. infoLibre preguntó de forma concreta si el ministerio contemplaba la posibilidad de hacer con suficiente antelación un anuncio público del cierre de censo a través de anuncios en las redes sociales o notas de prensa.
Tras las quejas de los últimos años el Ministerio de Exteriores sí ofrece en su página web algunos gráficos orientativos sobre los trámites que tienen que hacer los expatriados para votar aunque todavía no hay rastro de la página web que resuelva las dudas en torno al voto rogado que aseguraron a este periódico estar preparando el pasado febrero.
3. Trabas a la inscripción temporal
Entre las quejas de los expatriados está también la, a su juicio, aplicación "muy restrictiva" del real decreto que regula la inscripción consular de los emigrantes que llevan menos de un año en el exterior. "Conocemos casos en los que se ha negado a personas inscribirse como residentes temporales alegando que ya se inscribieron una vez de esa forma o personas a las que han obligado a hacer una declaración jurada para demostrar que llevan menos de un año residiendo en el país de destino", explica Almena.
"El registro consular da acceso a algunos de los servicios básicos como la renovación de documentación o la participación en procesos electorales. La imposibilidad de acceder a estos servicios de una manera asequible nos convierte en ciudadanos de segunda y vulnera claramente nuestros derechos básicos", denunció la Marea Granate en una carta enviada el pasado enero al director general de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores de la que no han recibido respuesta.
En una de estas situaciones se encontró María R., residente en Berlín. Hace tres años estuvo en Alemania durante unos meses para hacer un curso intensivo de alemán, después regresó a España y volvió el pasado verano, ya con un empleo. Como duda de que su situación vaya a ser definitiva, intentó inscribirse de nuevo como residente temporal –lo había hecho ya en 2011 para poder votar en las generales de ese año– y en el consulado ahora le negaron esa posibilidad. Para inscribirse como residente permanente se había pasado el plazo, así que la única opción que le quedó para poder votar el pasado 24-M fue comprar un billete de avión y regresar a España.
No obstante, hay que tener en cuenta también que registrarse como residente permanente tiene fuertes desincentivos. A saber: el hecho de perder la posibilidad de votar en las elecciones municipales y, algo que preocupa mucho a los expatriados, el acceso a la sanidad pública, pues desde el 1 de enero de este año el derecho a la atención sanitaria con cargo a la Administración de los ciudadanos españoles quedó ligado a la residencia.
4. Fallos en la aplicación para rogar el voto
En el centro de la polémica está también la reforma de la ley electoral que PSOE y PP pactaron en 2011 y que, además de hurtarles la posibilidad de votar en las elecciones municipales a los inscritos como residentes permanentes, obliga a todos a pedir expresamente el voto, el llamado voto rogado. Tras las quejas de la Marea Granate el Ministerio de Exteriores habilitó para las últimas elecciones autonómicas y municipales una aplicación telemática que, sin embargo, ha dado muchos fallos.
"Fue una chapuza. Estaba hecha deprisa y dio muchísimos problemas, no dejaba subir documentos de más de 100 KB", se queja Almena. De hecho, el colectivo llegó a editar una guía para ir salvando los errores que generaba el sistema ideado por Exteriores. Respecto a este tema, la única respuesta recibida por el ministerio fue la respuesta de García Margallo en el Congreso, en la que únicamente dijo que se había creado "un nuevo procedimiento que permite realizar los envíos de las solicitudes por internet".
Además, la Marea Granate recuerda que para los inscritos como temporales (menos de un año de residencia en el extranjero)el trámite siguió siendo obligatoriamente presencial en los consulados, con la dificultad añadida en tiempo y dinero en el caso, por ejemplo, de tener cruzar medio país un día laborable para ir al consulado.
5. retraso en la Recepción de papeletas
En las últimas elecciones, denuncian desde la Marea Granate, también se dieron casos de personas, especialmente residentes fuera de Europa, que a pesar de haber reclamado el voto por el procedimiento establecido nunca recibieron las papeletas o llegaron fuera de plazo. Aseguran que esta situación supone que los emigrantes no tengan garantizado en ningún caso su derecho al voto y provoca "miles de abstenciones forzadas, bien por denegación de ruego de voto, por la no recepción de las papeletas o por la llegada de estas fuera de plazo
Por eso el colectivo demanda que se amplíe "considerablemente" la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas. Asimismo, reclaman que haya igualdad de condiciones y que cuando el envío de papeletas se retrase por la impugnación de listas –tal y como ocurrió en las últimas autonómicas en la Comunidad de Madrid– se amplíe el plazo de envío también para los emigrantes. "Eso no ocurrió en los últimos comicios y supuso un total agravio comparativo. No somos ciudadanos de segunda". A este respecto, el ministro de Exteriores se limitó a decir en el Congreso que se habían suscrito convenios de franqueo prepagado y se habían empleado valijas diplomáticas extraordinarias o mensajería urgente. infoLibre preguntó el miércoles al Ministerio del Interior si se había planteado la posibilidad de aumentar los plazos, pero no obtuvo respuesta.
6. la multiplicación de trámites del Voto rogado
Pero más allá de las cuestiones de tipo burocrático, como las mencionadas, en el origen de las protestas está la modificación de la ley electoral realizada en 2011 que introdujo el "voto rogado" y, con él, una nueva obligación para los españoles que residente en el extranjero: además de inscribirse en el censo tienen que notificar su intención de votar antes de cada elección. Solo así pueden recibir, antes del día del sufragio, la documentación que les permite hacerlo.
El PSOE exige al PP suprimir el voto rogado que él mismo aprobó cuando estaba en el Gobierno
En su momento, PP y PSOE, que aprobaron la reforma con el apoyo de CiU y PNV, la defendieron argumentando que contribuiría a eliminar el fraude electoral. Sin embargo, las elecciones europeas de mayo de 2014 fueron un ejemplo de las consecuencias de una reforma de la que el PSOE parece haber tardado poco en arrepentirse tal y como demuestran las múltiples peticiones de cambio legislativo que han dirigido al actual Gobierno.
De las 1.692.618 personas inscritas en el censo CERA (residentes permanentes), 62.002 solicitaron el voto, aunque sólo 34.310 (el 2%) ejercieron finalmente el derecho a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En los mismos comicios pero en 2009 –cuando aún no existía la obligación de rogar el voto– de los 1.232.902 electores inscritos en el censo votaron 173.474, el 14,1%. En porcentaje, la disminución del porcentaje de votantes fue del 85% entre unos comicios y otros.
A este respecto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó el pasado miércoles en el Congreso que las reformas electorales se hacen por consenso y no por iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, por lo que emplazó a los partidos a presentar la reforma en la Cámara si –dijo– realmente hay tanta unanimidad.
La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que de forma reciente más ha visibilizado la situación de los nuevos emigrantes económicos, considera que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar en los últimos comicios están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior.