Los hechos a partir de los cuales la magistrada juez del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid Carmen Rodríguez-Medel ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del presidente del PP, Pablo Casado, en relación con el título de máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos, guardan notables semejanzas con los que afectan a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, aunque en este caso su situación no ha llegado —al menos de momento— a ser materia de investigación judicial.
Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y dirigentes del PSOE se han mostrado muy críticos con Casado a la vista de lo ocurrido con su máster, pero ester lunes guardaron silencio en torno a la ministra de Sanidad. Fuentes del Ejecutivo consideraron suficientes las explicaciones que Montón ofreció en rueda de prensa en el ministerio, si bien ninguno de sus compañeros ni nadie del PSOE salió públicamente a defender su comportamiento.
La juez señaló en su día varios indicios de que Casado cometió un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio basándose en que el máster que adorna el currículum del líder del PP fue obtenido en el marco de “una serie de actuaciones” llevadas a cabo bajo la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde dirigidas “a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local edición 2008-2009 sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”.
El de Montón no es el mismo máster —el suyo es sobre Estudios Interdisciplinares de Género y lo cursó un año académico después que Casado— pero sí fue diseñado y puesto en práctica por el controvertido Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid que ha sido desmantelado tras el estallido del caso Cifuentes.
Los indicios de culpabilidad de Casado en los que se basó la jueza para pedir al Supremo su imputación guardan la siguientes similitudes con la situación de la ministra:
Currículum vitae
Tanto Casado como Montón hicieron constar en sus currículos estar en posesión de sus respectivos títulos de máster por la Universidad Rey Juan Carlos. El primero en Derecho Público Autonómico y la segunda en estudios de género, ambos impartidos por el mismo instituto que está siendo investigado por la justicia y que ha sido desmantelado por la propia universidad. En lo que a Casado se refiere, la juez considera este hecho, así como el pago de la matrícula correspondiente, un indicio más de los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye al líder del PP.
Inasistencia a clases presenciales
La jueza afirma que ninguno de los alumnos del grupo ordinario del máster de Casado, que acudían regularmente a clase, recuerdan haberle visto por las aulas. Y el propio presidente del PP reconoció “en sus explicaciones públicas que no fue a clase” a pesar de que en el folleto informativo del curso “consta con claridad, en el apartado denominado ficha técnica, que la modalidad era presencial”.
La ministra de Sanidad reconoció este lunes que no asistió a las clases de la mitad de las asignaturas del máster —seis de doce—, precisamente las que se impartieron entre septiembre y diciembre de 2010, cuando era portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso. Aunque ella misma reconoce que, tras faltar a las primeras sesiones, se confesó “horrorizada” por su propio comportamiento y así se lo hizo saber por escrito a la directora del máster, admite también que acabó por no asistir a las clases de ese semestre después de que la responsable del curso le asegurara que no era necesario acudir a las aulas, algo que también transmitió a otras alumnas —según Eldiario.es— a pesar de que el máster, según el preceptivo folleto que regía su convocatoria, era de “modalidad presencial”.
Ni rastro de los trabajos con los que fueron evaluados
Pablo Casado reconoció ante los medios que “fue evaluado únicamente conforme a unos trabajos, por tanto, sin examen o prácticas de ningún tipo”, tal y como señaló en su día la jueza que investiga el caso máster. Unos trabajos de los que “no consta rastro documental, ni de su remisión a la universidad por correo postal, electrónico o de otro tipo”. A modo de explicación, el líder del PP aseguró haberlos entregado en mano, “a diferencia de lo que ocurre con muchos alumnos que sí acudían a clase y sin embargo entregaban por mail los trabajos”.
Casado dice tener esos trabajos, así que la jueza quiere que los entregue al Supremo, además del ordenador original con el que afirma haberlos realizado y que declaró tener aún en su poder. “Una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial puede determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”, sostiene el escrito que la jueza envió al Supremo.
La ministra también asegura haber sido evaluada mediante la presentación de trabajos que, sostiene, también entregó en mano. Aunque, en su caso, afirma no conservarlos, ni siquiera en el ordenador que utilizaba entonces y que, igual que Casado, aún conserva. De hecho, explicó el lunes en rueda de prensa, en él todavía está el trabajo final con el que completó el máster que asegura haber llevado a cabo.
Sin ir a clase, Carmen Montón acabó superando las seis asignaturas —a cuyas clases presenciales no acudió y presentando trabajos de cuya existencia no hay constancia— con tres sobresalientes, un notable y dos aprobados, lo que le permitió completar el máster con una nota media de 8,43.
“Hice lo que me pidieron”
A la vista de las posibles irregularidades que puedan afectar a ambos másteres, la excusa del presidente del PP y de la ministra de Sanidad es idéntica: ambos aseguran haber hecho lo que los profesores les pidieron, tanto en lo que se refiere a acudir a las aulas como a la presentación de trabajos.
Casado, destacó en su momento la titular del Juzgado número 51 de Madrid, asegura que hizo lo que “se le pidió” y que “era coherente con la oferta pública que se hacía de este postgrado, cuando con la mera lectura del folleto se puede comprobar que no es así, que el mismo diseñaba un curso presencial”. Eso es, exactamente, lo que ha pasado con Carmen Montón, si bien la ministra ha hecho público un correo electrónico, que aún conserva, en el que la responsable de su máster le comunica que “está previsto que se pueda cursar a distancia también”, extremo corroborado por otras alumnas.
Ambos, Casado y Montón, pese a haberlos incluido en sus currículos, sostienen también que la realización de sus respectivos másteres no les supuso ventaja alguna para sus respectivas carreras, ni en el ámbito académico ni en el profesional ni en el político.
La relevancia pública
Casado sostiene que no enseña los trabajos de su máster porque "no son públicos"
La relevancia pública de Pablo Casado es esencial para que la juez pueda sostener indiciariamente la acusación de prevaricación administrativa y cohecho impropio que ha trasladado al Supremo, porque con la “mecánica orquestada” por el responsable del instituto que impartía los másteres, Enrique Álvarez Conde, “sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”.
Casado, afirma la juez, “pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional”, porque en esa época “ya era diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, partido que ostentaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.
De manera análoga, cuando la ministra de Sanidad cursó su máster en el instituto dirigido por Álvarez Conde, ya era una personalidad política relevante, porque como diputada en el Congreso se ocupaba en los debates de trasladar la voz del PSOE en los temas de igualdad y acababa de jugar un papel muy destacado en la ponencia de la reforma de la ley del aborto.
Los hechos a partir de los cuales la magistrada juez del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid Carmen Rodríguez-Medel ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del presidente del PP, Pablo Casado, en relación con el título de máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos, guardan notables semejanzas con los que afectan a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, aunque en este caso su situación no ha llegado —al menos de momento— a ser materia de investigación judicial.