Congreso y Senado no han arrancado la XIII Legislatura de una forma paralela en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de sus señorías.Senado Así, mientras la Cámara Baja ya tiene en marcha un código de conducta que afecta a los diputados de la nueva legislatura y que viene a completar otro tipo de obligaciones ya contempladas en el reglamento de la Cámara, el Senado va algunos pasos por detrás y no ha puesto todavía en práctica las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), el organismo anticorrupción del Consejo de Europa.
Hace más de cinco años que este organismo venía reclamando a España mayor transparencia y controles para poner coto a la corrupción en el poder legislativo.
El fin de la XII Legislatura con la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del socialista Pedro Sánchez dejó en el registro de la Cámara un borrador remitido a la Mesa del Senado firmado por todos los grupos parlamentarios. Era el resultado de un grupo de trabajo constituido para hacer una serie de propuestas que, entre otras cuestiones, se adaptase a las recomendaciones del cuarto informe de Evaluación del Greco.
En el borrador remitido al órgano de Gobierno de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso infoLibre, se dan por "consensuadas y finalizadas" un total de ocho propuestas que van desde la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en lo que tiene que ver con las declaraciones de actividades de bienes y rentas de los parlamentarios a la modificación del reglamento del Senado, también en materia de declaraciones de actividades y bienes patrimoniales y rentas, pasando una propuesta de código de conducta de los parlamentarios y una "norma sobre registro de los grupos de interés" que operan en la Cámara.
Otra cuestión de interés tenía que ver con la actualización de los datos, una obligación de los parlamentarios en cuanto cambian las circunstancias y los datos consignados inicialmente. No obstante, los senadores que trabajaron en este documento lo dejaban negro sobre blanco: "Dentro de los meses de julio y agosto de cada año todos los parlamentarios presentarán la declaración de modificación de los bienes patrimoniales y rentas correspondientes al ejercicio económico del año anterior. En el caso de que no existieran variaciones, la declaración señalará esta circunstancia".
Infracciones por omisión de datos
A diferencia de lo que ha ocurrido en el Congreso, la propuesta del Senado contemplaba una reforma del reglamento de la Cámara para introducir que la Comisión del Estatuto de los Senadores –vendría a sustituir a la actual Comisión de Incompatibilidades– "será competente para la instrucción de los procedimientos por infracción de la obligación de declarar las actividades, los bienes patrimoniales y las rentas".
Según el documento que todavía no ha visto la luz –los grupos podrían retomar los trabajos puesto que generó un amplio consenso– se considerarán infracciones leves, por ejemplo, el retraso de más de dos meses a la hora de presentar las declaraciones (suele hacerse en el momento en el que se registran como parlamentarios) y la omisión involuntaria de alguno de los datos a consignar. Estas infracciones se sancionarían con un apercibimiento.
Mientras, la omisión "dolosa" de datos o la falsedad de los mismos serán consideradas infracciones graves y la idea es que fuesen sancionados con multas de entre diez días y seis meses de la asignación constitucional. La asignación constitucional es el sueldo base de los parlamentarios y está ubicado en 2.981,90 euros al mes.
Entre las citadas propuestas a la Mesa del Senado se incluyen una serie de normas que vienen a clarificar y homogeneizar los datos que sus señorías tendrían que aportar en las declaraciones de bienes patrimoniales y de rentas. Así, se contemplaba que las declaraciones de bienes patrimoniales de los senadores —y de los diputados porque la idea era que se extendiesen los mismos preceptos al Congreso— deberían incluir "el nombre de las entidades a cuyo capital pertenezcan las acciones, participaciones o cuotas que se declaren". Y, también, "el nombre de la persona o entidad financiera que haya concedido el crédito o préstamo que se declara, la fecha de la concesión, el importe, el saldo vivo de la deuda y el tipo de interés". Este tipo de datos son clave a la hora de controlar posibles episodios de conflicto de interés.
¿Qué ocurre en el Congreso?
En el Congreso están más avanzados en esta materia, pero a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, fue imposible que el código de conducta fuera fruto del consenso de los diferentes grupos parlamentarios.
La obligación que tienen sus señorías de presentar una declaración de intereses es una parte fundamental del código de conducta, aprobado el 28 de febrero de 2019 por un acuerdo de la Mesa del Congreso. La presidenta de la Cámara por aquellas fechas, Ana Pastor (PP), tomó la iniciativa después de que este trabajo, encargado a los grupos parlamentarios, no avanzase.
Otra de las novedades de este código es la de la incorporación de una Oficina de Conflicto de Intereses, un órgano que tendrá por objeto resolver las dudas que genere la aplicación de las nuevas normas y comprobar la veracidad de las declaraciones que los diputados trasladen al registro de intereses. En los últimos años una de las principales quejas de los trabajadores de la Cámara Baja en materia de transparencia ha sido que ni había personal ni dotación presupuestaria para estas tareas. Y que siempre que estallaba un escándalo era a raíz de investigaciones de los medios de comunicación.
Para la redacción de este código, el Congreso recurrió como modelo a documentos similares que controlan los intereses de diputados del Parlamento EuropeoParlamento Europeo.
El documento
Las declaraciones de actividades y bienes y rentas del Congreso no han cambiado esta legislatura. Los documentos a consignar por los parlamentarios son los mismos que los que han tenido que cumplimentar en los últimos años.
En la declaración de intereses, que es obligatoria en la Cámara Baja a partir de esta XIII Legislatura, se exige que los diputados detallen tres apartados. Uno: actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos. Se pide concretar año, empleador, sector y una breve descripción. Dos: donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión. Se pide concretar el objeto, la persona "benefactora" y una breve descripción en la que se incluya una "valoración aproximada". Y tres: otros intereses a declarar.
Conflicto de interés
El principal objeto del Código de Conducta es evitar que exista conflicto de interés. Y esto ocurre, según el propio documento, "cuando un diputado tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que pueda poner en duda la objetividad e independencia del diputado o que este no persiga la consecución del interés general".
Para evitar que se produzcan estas situaciones, los parlamentarios están obligados, por este código, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de conflicto de intereses. "En el caso de que el conflicto no se pueda resolver, el parlamentario lo pondrá en conocimiento antes de que se inicie el debate del pinto de que se trate en la sesión del Pleno o de la Comisión, mediante escrito dirigido al presidente de la Cámara, en el primer caso, o de la Comisión correspondiente en el segundo".
Si hay duda sobre si un parlamentario podrá estar incurriendo en un conflicto de interés o sobre el alcance del mismo, el afectado podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara. El órgano de Gobierno del Congreso, con carácter confidencial, resolverá lo que proceda. Y, si lo considera necesario, podrá solicitar previamente un informe al respecto a la Comisión del Estatuto del Diputado.
Por primera vez, se deja por escrito la prohibición de que los parlamentarios reciban "obsequios o beneficios similares que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta" como político. Y también la obligación de hacer pública su agenda institucional. Esta podrá ser consultada en el portal de transparencia de la institución.
Dentro de su agenda, también deberá precisar las reuniones que mantenga con representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. El Reglamento del Congreso de los Diputados tiene pendiente una reforma en la que, entre otros asuntos, debe abordar una regulación de los lobbies. lobbies
Tras una XII Legislatura marcada por la polémica de los currículums falsos y estudios y tesis doctorales bajo sospecha, a partir de ahora los diputados podrán colgar en la web institucional, en el apartado destinado a sus perfiles personales, los títulos, datos y archivos que consideren relevantes.
¿Se impondrán sanciones?
El presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara, especialmente en el caso de conflicto de intereses, reza en el texto que se ha estrenado esta legislatura.
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Debe ser la Comisión del Estatuto del Diputado la que elabore de un informe sobre la posible infracción. Este órgano escuchará al diputado afectado y podrá recabar un informe de la Oficina de Conflicto de Intereses. El informe de la Comisión deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. De ahí, pasa a la Mesa.
Las sanciones en esta materia no son nada frecuentes.
Las declaraciones de intereses de los diputados serán públicas en cuanto reciban el visto bueno de la Comisión del Estatuto del Diputado, pendiente todavía de constituirse. La idea de los grupos era que antes de que termine julio estén conformadas todas las comisiones parlamentarias, si bien lo más probable es que este órgano no se reúna hasta después del verano teniendo en cuenta que entramos en periodo no ordinario de sesiones.
Congreso y Senado no han arrancado la XIII Legislatura de una forma paralela en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de sus señorías.Senado Así, mientras la Cámara Baja ya tiene en marcha un código de conducta que afecta a los diputados de la nueva legislatura y que viene a completar otro tipo de obligaciones ya contempladas en el reglamento de la Cámara, el Senado va algunos pasos por detrás y no ha puesto todavía en práctica las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), el organismo anticorrupción del Consejo de Europa.