El Senado reanuda el martes las sesiones plenarias tras casi dos meses desde que celebrara la última, el 18 de diciembre. En este nuevo pleno estarán ausentes siete ministros por diversos motivos de agenda, lo que ha provocado fuertes críticas del PSOE. A su juicio, el Gobierno se desentiende de la Cámara Alta. Un senador cobra 2.813 euros brutos al mes, en 14 pagas, más 1.823 euros para los que proceden de fuera de Madrid o 870 euros para los electos por la capital.
La Cámara Alta también cubre los gastos de transporte en avión, tren, automóvil o barco de sus miembros, a quienes facilita una tarjeta para desplazarse en taxi con 3.000 euros al año de crédito. En dietas, los senadores perciben 150 euros al día si están de misión oficial en el extranjero y 120 euros si viajan dentro de España. También reciben móviles, tabletas electrónicas y un despacho con ordenador a cargo del erario público.
"Mariano Rajoy y sus ministros parecen empeñados en marcar un récord de tiempo ausentes en esta Cámara. No se sabe dónde están pero, desde luego, no en el Parlamento cuando se les necesita", ha afirmado Marcelino Iglesias, para subrayar que la última vez que el presidente asistió a una sesión plenaria fue a comienzos de noviembre, "casi 100 días sin pisar el hemiciclo".
El dirigente socialista, que llevará su queja a la próxima Junta de Portavoces del Senado, se ha mostrado especialmente crítico con la ausencia el martes de la más de la mitad de los miembros del Gobierno. Sólo podrán acudir, precisa, la vicepresidenta y los ministros de Sanidad, Justicia, Empleo, Hacienda y Economía.
La sesión incluirá una batería de preguntas al Gobierno sobre la reforma de la ley del aborto, a cargo de senadores del PSOE y de la Entesa pel Progrés de Catalunya. También, la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, el plan del carbón, la aplicación de la LOMCE o las consecuencias del último temporal. Además, tomará posesión de su cargo el sustituto de Tomás Gómez (PSM), José Quintana Viar.
Balanzas fiscales
En el turno de interpelaciones, el grupo parlamentario de CiU aprovechará el primer pleno del año para plantearle al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, un asunto que ha suscitado gran interés en las últimas semanas: la publicación o no de las balanzas fiscales, elaboradas y publicadas por el Gobierno por última vez en 2008 balanzas fiscales.
La coalición catalana ha presentado una interpelación en la que rechaza que el Gobierno se haya negado a dar a conocer este instrumento "e incluso dificulte que las comunidades autónomas que lo deseen tengan a su disposición los datos de base", asegura el senador Ferran Bel, autor de la iniciativa.
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A su juicio, las balanzas fiscales son una importante herramienta de información "como lo es la balanza de pagos", más allá del uso que se haga después de los datos, dice Bel. El senador critica que a pesar de que hay un mandato del Congreso para elaborarlas anualmente, el Gobierno no ha vuelto a hacerlo desde 2008, lo que supone "quebrantar el principio de transparencia" y "alimentar la opacidad".
"Según declaraciones del ministro Montoro, las balanzas fiscales a pesar de ser 'correctas', metodológicamente hablando, se puede hacer un 'uso indebido' de las mismas, lo cual ha hecho que algunos ciudadanos piensen que 'necesitan independizarse' y, por lo tanto, la solución del Gobierno es dejar de publicarlas", relata el senador en su interpelación.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha encargado a un grupo de expertos el diseño de una nueva metodología para calcular el origen y flujo del dinero público entre el Estado y las comunidades, para que sea una herramienta con más información que las tradicionales balanzas fiscales. Estas, sin embargo, también serán calculadas como parte de esas nuevas cuentas públicas regionalizadas. El informe de estos expertos se dará a conocer a finales de marzo.
El Senado reanuda el martes las sesiones plenarias tras casi dos meses desde que celebrara la última, el 18 de diciembre. En este nuevo pleno estarán ausentes siete ministros por diversos motivos de agenda, lo que ha provocado fuertes críticas del PSOE. A su juicio, el Gobierno se desentiende de la Cámara Alta. Un senador cobra 2.813 euros brutos al mes, en 14 pagas, más 1.823 euros para los que proceden de fuera de Madrid o 870 euros para los electos por la capital.