Con menos de una semana de vida, el nuevo Gobierno socialista ha afrontado este miércoles su primera gran prueba de fuego. El terremoto comenzó a sacudir los cimientos de la Moncloa a primera hora de este miércoles, cuando El Confidencial desveló que el ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, fue condenado en 2017 por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó cuando trabajaba como presentador de televisión. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó al titular de Cultura a pagar 243.000 euros –incluyendo recargos e intereses– por dejar de abonar la citada cantidad, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. Tres años en los que Huerta facturó 798.521 euros a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006, y que le han costado la dimisión.
Tras conocerse la noticia, Huerta se puso en contacto con Pedro Sánchez para aclararle lo sucedido. Y, posteriormente, el ministro entró en directo en las tres principales radios a nivel nacional –Cadena Ser, COPE y Onda Cero– para dar su versión de los hechos. Durante su entrevista en Onda Cero, Huerta aseguró de forma contundente que “no hubo mala fe” ni ocultó “nada”. “Lo que hubo fue responsabilidad como ciudadano. En ese momento, pagué”, afirmó el ministro. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció todo lo contrario: “Se estima que la conducta del obligado tributario no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable, en el sentido que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, señala la sentencia del 16 de mayo de 2017.
En opinión del juez, la conducta de Huerta fue “encaminada a eludir su carga tributaria por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los ejercicios inspeccionados, sin que puedan apreciarse ninguna de las causas de exclusión de la responsabilidad”. “Ha de concluirse que la conducta del sujeto infractor es culpable y que la buena fe o inexistencia de culpa, presumida por la ley, queda destruida por la prueba de que ha actuado, cuando menos negligentemente, con el resultado de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en perjuicio del erario público”, concluyó el tribunal.
"Cambio de criterio"
Cómo el presidente y el ministro maduraron la decisión
Por otro lado, Huerta aseguró por activa y por pasiva que no había defraudado. "Es un cambio de criterio fiscal", dijo. La jugada del entonces periodista fue la siguiente: Telecinco contrató a Almaximo Profesionales de la Imagen para que le prestara una serie de servicios, y dicha sociedad, de la que Huerta era único accionista y administrador, le encargó a su vez este trabajo a Huerta. A los ojos de Hacienda, esta situación es lo que se denomina una “operación vinculada”, que es la que se produce entre una sociedad y uno de sus socios o administradores. Para evitar que se produzca una elusión de impuestos, Hacienda es muy estricta y establece de forma tajante que las operaciones vinculadas “se valorarán por su valor normal de mercado”.
Y aclara que ese valor de mercado es “aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia”. Eso es lo que no ocurrió en el caso de Huerta. En 2007, por ejemplo, su empresa facturó 287.094 euros. Según los criterios de Hacienda, la cantidad que debería haber ingresado y tributado por la vía del IRPF en ese año el periodista –es decir, el valor de la operación vinculada– ascendía a 206.613 euros, teniendo en cuenta que se podía deducir unos 80.480 euros por gastos relacionados con la actividad artística. Sin embargo, lo que realmente ingresó y tributó Huerta vía IRPF fueron apenas 43.065 euros, según recoge la sentencia del TSJM.
A mediodía, PP y Podemos ya habían exigido la dimisión del periodista convertido en político, mientras Ciudadanos se limitaba a pedirle que diera explicaciones en el Congreso de los Diputados. “Son las 9 y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido”, escribió en su cuenta de Twitter el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, exigió la dimisión o destitución del ministro de Cultura si se ha acreditado que tuvo “voluntad de defraudar a Hacienda”. Pasadas las 19.00 horas, Huerta anunció que dejaba finalmente la cartera.
Con menos de una semana de vida, el nuevo Gobierno socialista ha afrontado este miércoles su primera gran prueba de fuego. El terremoto comenzó a sacudir los cimientos de la Moncloa a primera hora de este miércoles, cuando El Confidencial desveló que el ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, fue condenado en 2017 por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó cuando trabajaba como presentador de televisión. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó al titular de Cultura a pagar 243.000 euros –incluyendo recargos e intereses– por dejar de abonar la citada cantidad, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. Tres años en los que Huerta facturó 798.521 euros a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006, y que le han costado la dimisión.