La sequía en España: ¿de verdad hay poca agua porque no llueve?

El año 2017 es el sexto año con menos agua en los embalses en esta época desde 1990. Esta semana, nuestras reservas hídricas se encuentran al 40,25% de su capacidad, y hay que remontarse a 2006 para encontrar un nivel inferior. Especialmente preocupante es la situación en el este y el sudeste español. La cuenca del Segura está al 15,6% y la de Júcar, al 25,6%. Y son zonas en peligro de desertificación o desertificadas, donde el agua es oro líquido. En el verano en el que nos hemos dado cuenta de que el cambio climático ya está aquí, la atmósfera no da tregua a España. Pero en plena crisis, hay voces que se preguntan: ¿De qué clase de sequía estamos hablando? ¿Realmente está lloviendo tan poco como para que nos estemos planteando cortes en el suministro en algunos pueblos? Voces ecologistas tienen serias dudas de que la sequía no sea tanto climática, sino producto de una falta de gestión.

Para empezar, dos hechos incontestables. El primero es que hemos sufrido una primavera excepcionalmente cálida en nuestro país, la más cálida desde 1965 según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cuanto a las precipitaciones, se ha tratado de una estación seca, con una precipitación media sobre España de 133 mm, valor que queda un 23% por debajo del valor medio del trimestre según el periodo de referencia 1981-2010. El segundo es la evidencia de que, a no ser que demos un brusco giro de timón a la acción climática a nivel local y global, cada vez vamos a contar con menos agua. Si no hacemos nada para atajar el calentamiento global, es decir, el escenario más pesimista, para finales del siglo XXI la región mediterránea experimentaría una reducción de precipitaciones de un 12% en invierno y un 24% en verano. A eso hay que sumarle el agua que se evapora consecuencia de la subida de temperaturas: en total, si no echamos el freno, contaremos en España con un 28% menos de agua en 2070.

La influencia del clima en nuestra hidrología es evidente, pero activistas expertos en agua insisten: "El problema de la sequía es que si nosotros analizamos al detalle… En 2016 llovió un 5% por encima de la media. Hemos sufrido una primavera seca, sí… Pero el problema es el exceso de consumo. Entra agua en los embalses, y se la llevan". El que habla es Santiago Martín Barajas, responsable de Agua en Ecologistas en Acción. Tanto él como Julia Martínez, de la Fundación para una Nueva Cultura del Agua, insisten en que el Gobierno, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea, mezcla constantemente dos conceptos: la sequía meteorológica (no hay agua porque no llueve) y la sequía de escasez de agua (no hay agua porque consumimos más de la que tenemos). La confusión es intencionada, mantienen, y atribuye causas naturales a una falta de recursos hídricos que, insisten, es política.

Si nos vamos al BOE, el preámbulo del Decreto 10/2017, del 9 de junio, de medidas contra la sequía, menciona los niveles de los embalses de las cuencas del Segura y del Júcar, donde el problema es más serio, pero no habla del descenso en las precipitaciones, lo que cuadra con la hipótesis ecologista: no se trata de que esté lloviendo menos, se trata de que consumimos demasiado. "En la cuenca del Segura, que está en situación de emergencia, han tenido unas precipitaciones que no han estado por debajo de la media", mantiene Martínez: sin embargo, la situación es crítica, por "un exceso en la presión de la demanda". El matiz diferenciador, que ayudaría a establecer causas y a atajarlas con precisión, no existe en la comunicación oficial del Gobierno.

¿Y qué causa ese "exceso en la presión de la demanda"? Los ecologistas lo tienen claro: los cultivos de regadío. En las próximas décadas, según un informe de Ecologistas en Acción, está prevista la creación de cerca de 700.000 nuevas hectáreas de regadío para todo el país, lo que supone un incremento de un 16,9% de las hectáreas dedicadas a este propósito existentes en España. "Es como si te dicen que vas a cobrar menos y tú gastas más", ejemplifica Martín Barajas. Su organización defiende desde hace años que España necesita parar en seco la creación de nuevos cultivos de este tipo e, incluso, eliminar algunas de las ya existentes. "No es que les tengamos manía a los agricultores. Es que hablamos de un recurso finito, que es el agua. Cuanto más se tarde en esta reconversión del regadío, será peor. Podemos hacerlo poco a poco, haciendo que la afección sobre los regantes sea la menor posible, o podemos dejar que lo haga directamente el clima", defiende.

Cada vez que una institución pública decide implantar más hectáreas de regadío, la noticia es recogida con una lógica alegría por los agricultores de la zona en cuestión. Ecologistas en Acción, defiende Martín Barajas, no pretende tampoco dejarles en la estacada: apuesta por un plan progresivo de reconversión del sector para adaptarse ya no a una sequía puntual, sino a que, según todas las predicciones, cada vez vamos a tener menos agua. La Fundación Nueva Cultura del Agua apuesta por implantar ayudas directas a agricultores pequeños y medianos, en detrimento de las grandes agroindustrias, las menos perjudicadas por la sequía y las más beneficiadas por un sistema insostenible.

El quid de la cuestión radica en que no todo el mundo se ve perjudicado por igual en una situación de sequía, ni los recursos se reparten de igual manera, como denuncian los pequeños regantes de la cuenca en estado crítico, la del Segura. "Ves regadíos que antes no existían y que tienen agua, cuando tú ves que la gente no la tiene. Las plantaciones de leñosos se nos están secando porque no disponemos de ese agua mínima para poder mantenerlos, cuando en otras zonas están ampliando regadíos, además intensivos. No queremos más que nadie, queremos solo equidad, que se nos dé el mismo trato que a todos los demás", denunciaba Carlos Sánchez, presidente de la comunidad de regantes de Elche de la Sierra (Albacete), en un trabajo recientemente revisado sobre la cuenca elaborado por Greenpeace. La organización denuncia que en realidad sí que hay recursos hídricos suficientes, pero que se destinan a grandes explotaciones y campos de golf, mientras que el pequeño agricultor sufre: incluso con amenazas de por medio. Los activistas aseguran, informe de un hidrogeólogo mediante, que los cálculos sobre el agua no incluyen entre 500 y 800 hectómetros de agua subterránea que no se utiliza. Un extremo desmentido por el Gobierno valenciano, que asegura que esas aguas no se pueden consumir ni por las personas ni por los cultivos por sus altos índices de salinidad.

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Las medidas del Gobierno

El decreto 10/2017 recoge algunas medidas de urgencia: exención de impuestos a los titulares de derechos del uso del agua y moratorias a las cotizaciones de la Seguridad Social, principalmente. Se trata de medidas extraordinarias, más allá de las que recoge cada organismo de cuenca, soberano o dependiente de las comunidades autónomas, según el caso. Según argumenta Julia Martínez, el problema es que hay carencias evidentes: se sigue considerando la sequía como un problema puntual, no como una característica inherente a nuestro clima, con más o menos cambio climático; no se actúa preventivamente, "reduciendo la demanda en años normales, en los que llueve. Debemos tener agua de reserva para las sequías meteorológicas"; y, por último, no se ayuda directamente, pero sí mediante exenciones, a los agricultores más afectados.

Para añadir gravedad al asunto, la caída de la producción hidráulica en un 50%, dado el bajo nivel de agua en los embalses, ha disparado las emisiones de CO2 en España un 36% en lo que va de año, según informa Europa Press. La caída en el peso de las hidroeléctricas en la generación de energía eléctrica se compensa con las centrales de carbón y ciclo combinado, los mayores contaminantes de gases de efecto invernadero. Lo que, además, provoca que suba el precio de la factura de la luz. Es lo que coloquialmente se conoce como la pescadilla que se muerde la cola: la sequía provoca aumento de emisiones, las emisiones provocan cambio climático, y el cambio climático provoca sequía. El próximo 30 de septiembre termina el año hidrológico, el decreto contra la sequía aún no ha sido convalidado en el Parlamento y la oposición denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente "espera a que llueva". Pero la solución no caerá del cielo.