La negociación del pacto educativo que pretende poner los cimientos de una ley que sustituya a la denostada LOMCE avanza a paso muy lento en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios que están participando en la subcomisión llevan más de un mes para ponerse de acuerdo en el primero de los quince puntos que tiene el guion, que es el relativo al diagnóstico y a los retos del sistema. Todavía no han abordado un tema clave, como es la financiación, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el porcentaje de PIB que dedica a educación este 2018.
Precisamente que el Gobierno ponga encima de la mesa dinero "contante y sonante" es una condición "imprescindible, básica y fundamental" para que el PSOE esté en el hipotético acuerdo, según confirma su portavoz en materia educativa, María Luz Martínez Seijo (Valladolid, 1968). A su juicio, si el Ejecutivo no hace una propuesta seria de financiación el pacto "no tiene credibilidad ni sentido". Otro requisito para que su grupo esté en ese pacto es que proponga una nueva ley educativa, aunque asume que eso no ocurrirá en esta legislatura si no se aceleran las negociaciones.
Martínez Seijo, que recibe a infoLibre en el Congreso de los Diputados, explica que, en el ámbito de las propuestas, su partido propone ampliar el número de plazas de 0-3 años y de Formación Profesional que se ofrecen en la red pública e insiste en que su formación no quiere una "concertación a la carta" en los niveles no obligatorios. También cree que es urgente recuperar el número de docentes que había antes de los recortes para que puedan atender al conjunto del alumnado en condiciones de "calidad y equidad".
PREGUNTA. Tras un mes negociando siguen ustedes sin ponerse de acuerdo sobre el primero de los quince puntos del guion previsto. ¿Qué explica esta lentitud? ¿Están atascadas las negociaciones?
RESPUESTA. En este primer bloque –relativo al diagnóstico, los principios y retos del sistema educativo–está habiendo un debate intenso, largo y quizá demasiado exhaustivo porque se están abordando temas que luego volverán a ser tratados en los distintos bloques. Desde mi punto de vista el método tendría que ser más ágil y limitarnos a abordar las líneas generales, Pero el problema es que cada grupo parlamentario viene con propuestas que tienen que ir debatiéndose una a una, que se intentan negociar, que en algunos casos se votan y se aprueban o no se aprueban… Es cierto que se está prolongando mucho, pero también que se están marcando posiciones claramente definidas de los distintos grupos en cuanto a distintas propuestas.
P. Con esta perspectiva… ¿hay opciones reales de derogar la LOMCE en esta legislatura?
R. Podría haber una nueva ley si el trabajo de la subcomisión se acelera, se acaba en tiempo y se dan los condicionantes que algunos grupos hemos puesto encima de la mesa.
P. ¿A qué condicionantes se refiere?
R. El fundamental es el de la financiación porque en los últimos años ha habido un ataque sistemático a los recursos dedicados a financiar la educación y, en concreto, a la pública, que se ha traducido en penurias económicas, cierres de unidades, ratios elevadas, empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, imposibilidad de incrementar la oferta educativa adecuadamente, no atender a la diversidad de nuestro alumnado como éste requiere... La única manera de aportar algo al sistema es revertir esos recortes, que están marcados por la línea ideológica del PP; así como asumir el compromiso de que la educación en España es una prioridad y constituye el eje fundamental de desarrollo para nuestra sociedad. Para ello hacen falta unas garantías a través de la Presupuestos Generales del Estado pero también en el marco de la financiación autonómica, pues son las comunidades las que tienen la competencia de gestionar la educación.
P. Sin embargo, el partido que sustenta al Gobierno es el único que no ha puesto ninguna cifra económica para empezar a debatir. ¿Tiene sentido entonces seguir en la negociación?
R. Nosotros vamos a exigir esta financiación y esperamos que en los próximos días el PP y el Gobierno hagan una propuesta seria. Si no, esto no tiene ninguna credibilidad ni sentido. La comunidad educativa, en las múltiples reuniones que hemos mantenido, nos está reclamando esta cuestión de manera permanente. Para mejorar la educación de este país necesitamos modernizar y digitalizar nuestras aulas, mejorar la formación inicial y continua del profesorado, flexibilizar el currículum educativo, ampliar las plazas de 0-3 años y de Formación Profesional que se ofrecen en la red pública, abordar el problema del fracaso y el abandono escolar con programas preventivos y de refuerzo que atraigan a esos chavales que han dejado las aulas y que tienen derecho a volver al sistema… pero todas estas mejoras no se pueden abordar sin ese compromiso. Lo que no podemos hacer es hablar de lo que necesita el sistema educativo y lanzar un mensaje a la sociedad de que esto es posible cuando no lo es sin que haya una financiación. Para el PSOE es una condición imprescindible, básica y fundamental que haya dinero contante y sonante encima de la mesa para que una vez que se acuerden estas medidas puedan ser implementadas.
P. ¿Si esa condición no se da el PSOE se irá de la subcomisión?
R. Confío en que si el Gobierno tiene intención de llegar a un pacto educativo esté a la altura de las circunstancias y aporte una financiación. Si no, lo que nos estaría trasladando es que nos ha estado tomando el pelo durante todo este año a los grupos parlamentarios y a la sociedad en general haciendo creer que hay una voluntad de volver a la senda del consenso con la comunidad educativa que no es real. Esto, sin duda, tendría efectos sobre su credibilidad en materia educativa, que ya está muy mermada. Lo que vemos hasta ahora es que el Gobierno no ha hecho nada para que el pacto sea posible y el ministro de Educación ha utilizado la negociación para no actuar y dejar que la LOMCE siguiera su curso. Nosotros tenemos claro que sin financiación y sin un cambio de ley no puede haber pacto. Lo que estamos exigiendo es lo que nosotros mismos nos hemos exigido cuando hemos gobernado: una ley dialogada con la comunidad educativa, que contó con respaldo amplio de las fuerzas políticas y con un marco de financiación clarísimo que además fue acompañado por unos programas de cooperación territorial para complementar su implantación.
P. ¿Cuál es la propuesta económica del PSOE y dónde quiere invertir ese dinero?
R. Nosotros, siendo conscientes de la gran necesidad de inyección económica que requiere todo el Estado del bienestar, hemos hecho una propuesta muy realista que consiste en hacer un incremento progresivo de unos 1.500 millones de euros anuales entre lo que le corresponde al ministerio y a las comunidades autónomas con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB (ahora es del 3,6%). Las medidas se tienen que abordar dentro de un marco de consenso, aunque hay una serie de evidencias que requieren de actuaciones inmediatas. Entre ellas, recuperar el número de docentes para que puedan atender al conjunto del alumnado en condiciones de calidad y equidad, pues se han perdido 30.000 plazas por los recortes; crear 200.000 plazas de FP con ciclos formativos adaptados a los nuevos puestos de trabajo y que puedan dar salida a los jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo y del marco laboral; modernizar el sistema con nuevos métodos de trabajo que tienen que ser asumidos por el profesorado; potenciar la formación en lengua extranjera de nuestros alumnos con desdobles y a través de la enseñanza integrada; favorecer el modelo de escuela inclusiva para evitar unas tasas de fracaso escolar que están atascadas; regular adecuadamente la Educación Infantil de 0-3 años con una tendencia progresiva hacia la universalización y la gratuidad garantizada desde la escuela pública, pues no queremos una concertación a la carta en los niveles no obligatorios…
P. Usted anunció el pasado verano un "otoño calentito" con iniciativas que tenían "efectos perjudiciales" y cuya solución, dijo, no podía “esperar". Por ejemplo: los conciertos a colegios que segregan por sexo o el carácter evaluable de la asignatura de religión. Las iniciativas se registraron pero están paralizadas. ¿Por qué?
R. Las registramos porque entonces estaba paralizado todo el tema de la subcomisión, pero decidimos detenerlas para ser leales a las negociaciones ya que esas cuestiones están en el guion que vamos a abordar. No obstante, están ahí y se pueden activar en cualquier momento si esto se atasca. Cuando nos hemos sentado a negociar hemos sido serios. Digo esto porque, durante estos meses, el resto de grupos no han hecho lo mismo, pues han empezado a registrar iniciativas que sí han llegado a debatirse a pesar de que están dentro de lo que se va a abordar en el pacto. En concreto, las relativas al adoctrinamiento, la Alta Inspección Educativa, el MIR docente, los conciertos educativos… No sé a qué están jugando los grupos parlamentarios, desde luego, no a la lealtad de las negociaciones, pero allá cada uno con sus circunstancias.
P. ¿Son estas sus líneas rojas o todo es negociable?
R. Son nuestras posiciones y las mantenemos, claro. Por ejemplo, en relación a la programación de la oferta educativa, lo que no vamos a defender nunca es lo que defiende el PP, que es la libertad de elección del tipo de centro a demanda social. Respetamos la función y el trabajo que hacen los centros concertados, pero entendemos también que tienen una responsabilidad en el cumplimiento de los criterios de escolarización al igual que los centros públicos. Estamos radicalmente en contra del pago de cuotas, pues si un centro tiene un concierto tiene que garantizar la gratuidad. De no hacerlo, están excluyendo a cierto alumnado. Tampoco estamos de acuerdo con los cambios introducidos en la LOMCE, que prevé la posibilidad de ceder suelo público para construir centros concertados o crear zonas únicas de escolarización.
P. Una de las proposiciones incluía el blindaje a la oferta de plazas públicas y concertadas que decidan los gobiernos autonómicos. Sin embargo, en Aragón y la Comunitat Valenciana, donde gobierna su partido, los tribunales frenaron el recorte al número de aulas concertadas. ¿Mientras la LOMCE siga en vigor va a ser imposible que estos Ejecutivos cumplan con el compromiso de "reducir progresivamente los conciertos"?
R. Por eso decimos que se tiene que volver a un marco de racionalidad y por eso registramos esta proposición de ley porque creemos que las comunidades autónomas tienen que tener el control de sus recursos económicos. Hay que recordar que el PP había presentado previamente, en junio, otra iniciativa para ampliar lo que ya habían garantizado en la LOMCE a través de la petición de la libertad de elección de centro a demanda social, que supondría que cualquier familia que lo reclamara, en cualquier lugar de España, pudiera tener derecho a una plaza concertada.
P. ¿Con qué partido está encontrando el PSOE más sintonía en la subcomisión?
R. Depende de cada punto que se aborde. Ha habido todo tipo de acuerdos, pues en la subcomisión la negociación es permanente. Nos hemos sentido a gusto con propuestas de ERC, de Unidos Podemos, de Ciudadanos… creo que no se puede hablar de bloques.
P. Se lo pregunto porque Unidos Podemos les acusa de haber ido "de la mano" del PP en la definición de qué mayorías requerirán las propuestas para ser aprobadas.
R. Teniendo en cuenta nuestra experiencia de Gobierno y nuestra experiencia política por haber pasado más legislaturas en el Congreso, entendemos que si el objetivo es alcanzar un pacto de Estado para dar estabilidad al sistema educativo que tenga durabilidad tiene que tener unos consensos mayores que una mayoría simple. Si no, nos vamos a encontrar dentro de dos años con un nuevo escenario electoral que podría modificar todo el trabajo que se ha realizado durante un año en el Congreso. O le damos un carácter de seriedad o, francamente, ¿a qué estamos jugando? Entiendo que ellos tengan su estrategia política y me parece respetable, pero creo que una política de Estado como es la educación requiere unas mayorías más amplias para que lo que se está acordando ahora con mucho esfuerzo no pueda cambiar dentro de tres días. También es cierto que el escenario de la subcomisión tiene un hándicap importante, que es que no todos los grupos parlamentarios están participando. Por lo tanto, a veces el juego de las votaciones permite que haya propuestas que, si el PP no vota a favor, no salen. Pero eso no depende de la fórmula de los 3/5, sino de la falta de asistencia de determinados grupos parlamentarios.
P. ¿Qué grupos parlamentarios no están asistiendo?
R. A las sesiones estamos asistiendo los cuatro grandes [PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos] y ERC, que ha empezado a asistir aunque no siempre participa en las votaciones. Falta el PNV, el PdeCat, el Grupo Mixto… Nosotros buscamos un encaje que no permitiera al PP tener el poder de veto, pero eso exige una seriedad en la asistencia por parte de todos que no existe. A nosotros no nos pueden recriminar el haber buscado un encaje para eliminar el poder de veto del PP, con el que no estábamos de acuerdo, pero con el que se garantiza una mayoría suficiente para que esto no pueda cambiar de un día para otro.
P. ¿Le preocupa que España sea el sexto país de la UE con mayor segregación en las aulas por motivos socioeconómicos?
R. Me parece muy grave, especialmente porque el sistema educativo español siempre había sobresalido en el criterio de equidad. De la segregación social apenas se habla. En España tenemos cada vez más diferencias socioeconómicas y eso se traduce en las escuelas. Ese informe pone de manifiesto que es una realidad todo aquello que el PSOE viene denunciando en los últimos años respecto a la LOMCE y la política del tijeretazo en materia educativa. Ese informe también reveló que Madrid es la comunidad en la que hay más segregación por nivel socioeconómico, lo que es consecuencia de unas políticas que siempre hemos denunciado que serían demoledoras.
P. ¿Cómo se contrarresta esta situación?
El pacto educativo entra en vía muerta
R. Nosotros hemos defendido siempre las políticas de equidad e igualdad, que la política de becas ha sido básica para todos y que la escuela tiene que ser garantía del ascensor social. Un alumno, en el momento en el que entra en un centro, tiene que tener garantizada la atención a la diversidad, independientemente de la que sea; contar con profesores de apoyo si los necesita; con becas de comedor y para el material escolar... Y eso pasa por unas políticas de inclusión efectivas y realistas. También es imprescindible que ningún alumno pueda quedarse fuera de un centro porque le exijan una cuota, como ocurre en ciertos concertados.
P. ¿Por qué el PSOE defiende una medida que premia igual a ricos y pobres, sin progresividad, como es la gratuidad de la primera matrícula para todos los alumnos de las universidades públicas?
R. La medida supone la ampliación de un derecho, como ya existe en la sanidad, donde el derecho a la asistencia es independiente de la renta. Además, sólo se va a implantar en las universidades públicas y exige que el alumnado apruebe, pues solo será gratuita la primera matrícula. Esta propuesta la enmarcamos dentro de nuestra voluntad de avanzar hacia el modelo de sociedad que queremos, basada en el conocimiento, más desarrollada y preparada… y en el que la educación integral sea el eje principal.
La negociación del pacto educativo que pretende poner los cimientos de una ley que sustituya a la denostada LOMCE avanza a paso muy lento en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios que están participando en la subcomisión llevan más de un mes para ponerse de acuerdo en el primero de los quince puntos que tiene el guion, que es el relativo al diagnóstico y a los retos del sistema. Todavía no han abordado un tema clave, como es la financiación, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el porcentaje de PIB que dedica a educación este 2018.