Una pregunta circula informalmente por múltiples foros, suscitada por las cartas de nacionalismo exaltado y el chat cuartelero de antiguos mandos destapado por infoLibre. Pero, ¿es que han sido en la cúpula del Ejército todos (ultra)conservadores? La respuesta sería no. Pero, al mismo tiempo, sí es cierto que operan unos mecanismos que establecen un sesgo ideológico en el ascenso, a tenor de los elementos reunidos para este artículo. La endogamia, aunque en retroceso, sigue ahí. En 2004 todavía un 42% de los aspirantes a oficiales y suboficiales eran hijos de militares. Los mecanismos de ascenso mantienen espacios de discrecionalidad, entre los que destaca el papel de los “Consejos Superiores”, erigidos en pieza clave del sistema.
Además, el Ejército ha mandado poderosos mensajes en clave interna con su trato a la histórica Unión Militar Democrática (UMD) y más recientemente a la AUME. Funciona, a tenor del detallado relato de un oficial retirado, un “sistema” de sesgo conservador que determina destinos a través de mecanismos informales y reglas implícitas. “Ganas muchos puntos si además eres de La Obra”, señala este oficial retirado, en referencia al Opus Dei. La escasez de herramientas para que los militares reivindiquen sus derechos abrocha un sistema formalmente impecable pero con vicios de funcionamiento.
infoLibre apoya su análisis en testimonios, reglamentación de ascensos, resoluciones judiciales, nombramientos y ceses.
Reglamento y ley de ascensos
No se asciende por el mismo sistema a los distintos puestos. Los filtros en la base de la carrera son más objetivos, explican los militares consultados. Por ejemplo, a cabo y cabo primero se asciende por concurso-oposición. La antigüedad se mantiene para el ascenso de sargento a sargento primero en la escala de suboficiales y de teniente a capitán en la escala de oficiales, fruto de una reforma legal para potencier el mérito aprobada en 2007 y desarrollada en un reglamento de referencia y en diversas órdenes ministeriales. Los otros dos sistemas de ascenso –aparte de concurso-oposición y antigüedad– son por clasificación y por elección. Este es terreno más delicado. Y además afecta a la cúpula, desde donde se imprime más carácter al conjunto del Ejército.
Todos los ascensos por estas vías deben estar precedidos de una evaluación. A los puestos de mayor privilegio del Ejército, es decir, a coronel y finalmente a general, se llega por “elección”, el sistema con mayor margen de discrecionalidad, coinciden todos los consultados. No es baladí. Especialmente en el acceso al generalato, un bien codiciado y escaso. La ley fija un límite de 200, aunque en la práctica son más si se cuentan los que trabajan en el Ministerio, en puestos en el extranjero o en organismos internacionales, aunque estén ubicados en territorio nacional, explica un militar ya retirado.
La entrada a estos puestos se formaliza con un decreto acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Defensa, quien antes oye al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Aire o Armada, según corresponda. El proceso incluye la valoración de las evaluaciones de los candidatos, que especifican sus condiciones de idoneidad. Pero, ¿quién realiza la evaluación? El Consejo Superior de cada Ejército, órgano colegiado que asesora al Jefe del Estado Mayor y al ministro –ahora mismo ministra, Margarita Robles– de Defensa en todas las cuestiones clave, sobre todo las tocantes a nombres y estructura.
Estos Consejos Superiores son piezas fundamentales del sistema, porque en la práctica disponen de un gran margen para determinar los ascensos, coinciden las fuentes consultadas. Lo componen el general y el Jefe del Estado Mayor del Ejército que toque, así como el segundo de este. A ellos se suman un grupo de altos mandos, como generales jefes en los Ejércitos de Tierra y Aire y almirantes jefes en la Armada. “Para asesoramiento del Consejo se podrá convocar, con voz, pero sin voto, a aquellas personas cuya presencia se crea conveniente”, establece la ley. Cabe mucho en ese “se crea conveniente”.
Por los Consejos Superiores pasa no sólo el ascenso a general, sino otros que se realizan por el mecanismo de elección, por ejemplo a coronel, cuyo número también está tasado: 1.050. Ya no es como antes, cuando la antigüedad era la vía más común de acceso y la broma decía que un coronel no era más que un alférez viejo. El listado completo de atribuciones del Consejo Superior [ver aquí el artículo 4 de esta ley específica sobre su funcionamiento] apunta claramente a un papel de comité de notables: ser oído por el ministro sobre la designación del Jefe del Estado Mayor antes de llevar el nombre al Consejo de Ministros, efectuar las evaluaciones de ascenso a contralmirante, emitir informes sobre posibles “insuficiencias de capapacidades profesionales, a efectos de la limitación para ocupar determinados destinos”, ser oído en los expedientes disciplinarios, informar sobre empleos honoríficos...
Mecanismos informales
Fidel Gómez, historiador militar especializado en la Unión Militar Democrática (UMD), afirma que el sistema es “formalmente correcto”, pero su funcionamiento no es neutro. Y no sólo por el sistema de elección en el que interviene el Consejo Superior. Por ejemplo, explica, en los ascensos por clasificación –lo que antes se llamaba por selección– influyen los temidos IPEC, nombre con el que se conoce a los informes personales de calificación, que hacen los superiores y "tienen mucho peso en la decisión final”, explica Gómez.
No obstante, el mayor margen de discrecionalidad se da cuando entran en juego los Consejos Superiores, especialmente cuando deciden sobre futuros coroneles y generales, señala Gómez. “El Consejo Superior tiene aquí mucha capacidad, porque hay pocas plazas y muy buenos currículos. Se produce una cooptación. Cuando sale, por ejemplo, una plaza a general de brigada, se tira del ciclo de ese año de los coroneles y se acaba haciendo una propuesta a Defensa. Eso no se suele modificar. Defensa suele aceptar lo que le proponen. Y, si no, no se hace público, salvo alguna excepción rara. Todo el sistema de elección, tanto a coronel como a general, se basa en la discreción”, apunta.
Gómez recalca que los candidatos a general suelen tener perfiles “intercambiables”. “En el Ejército del Aire, el perfil mayoritario es el de piloto, con jefatura de gran unidad, destinos en el extranjero... Los méritos y trayectorias son parecidas en casi todos. Por lo tanto, el Consejo Superior es el que a última hora señala. Y esa decisión siempre se puede presentar como criterio objetivo, que es lo que exige la ley”, explica.
Con un Ejército de tradición secular, que hizo una Transición y no una ruptura desde el franquismo, la existencia de este sistema retroalimenta –según Gómez– una híper representación de perfiles derechistas en el alto escalafón. “El sesgo derechista de los generales está muy claro, eso a su vez redunda en que se siga en esa línea”, explica.
La “discrecionalidad” de la que habla Gómez provoca que las decisiones sean difícilmente impugnables en el orden contencioso-administrativo. Aunque ha habido casos, antes del cambio de normativa. En 2004 la Audiencia Nacional anuló el proceso de ascenso de una promoción de militares por la intervención en el mismo de dos mandos del Ejército cuyos hijos formaban parte del mismo. La resolución judicial afirmaba que dos miembros del Consejo Superior del Aire “se tenían que haber abstenido en el proceso de ordenación de la 41ª promoción de la Academia del Aire al pertenecer sus hijos a dicha promoción”.
Transición simbólica
Gómez otorga relevancia, a la hora de entender el funcionamiento rutinario, al hecho de que el Ejército se haya resistido a completar una transición simbólica, un déficit que no se corresponde con el gran paso dado con su completa subordinación al poder político. La estatua ecuestre de Franco no fue retirada de la Academia Militar de Zaragoza hasta 2006. Más tarde aún se produjo la retirada de la placa del “Caudillo de España” colocada en 1956 en el Cuartel General del Aire. Esa ligazón simbólica con el franquismo, a juicio de Gómez, no ha determinado un anhelo golpista –“eso está superado”, afirma–, pero sí ha facilitado a los perfiles más conservadores un total acomodamiento, mientras los más progresistas han tenido mayores cortapisas para expresarse.
Fidel Gómez afirma que el Ejército envió un mensaje claro de puertas adentro con el trato dispensado a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). Condenados nueve de ellos en 1976 a penas que sumaban 43 años de cárcel, la reincorporación de todos ellos al Ejército no se produjo hasta 1987 y hasta 2010 no recibieron una condecoración del Gobierno. Gómez recalca que todos ellos vieron además limitado su acceso a ascensos y destinos deseados. Venían marcados por un antecedente que era estigmatizador, cuando en realidad fueron auténticos pioneros en la demanda de democratización. El trato que se les ha dado, subraya Gómez, constituye un mancha en el historial del Ejército.
Un caso especialmente “sangrante”, afirma el oficial retirado Miguel López, fue el del coronel de infantería de marina Miguel Bouza, “vetado para el ascenso a general porque había pertenecido a la UMD”. Así lo explica José Ignacio Domínguez, otro militar retirado: “Siendo el número uno para el ascenso a general, y contando con el beneplácito del Cuerpo de Infantería de Marina, fue vetado para el ascenso por los almirantes del Cuerpo General de la Armada con el beneplácito del ministro de Defensa, Narcís Serra. El motivo del veto fue, obviamente, que Bouza había pertenecido a la UMD”.
Continuidad
Lo que no ha supuesto estigma alguno son los apellidos vinculados al franquismo. Eduardo González-Gallarza Morales, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire entre 2001 y 2004, es hijo de Eduardo González-Gallarza Iragorri, que fue Jefe de Estado Mayor y ministro del Aire con Franco. En el acto de relevo, el ministro José Bono dijo del Jefe de Estado Mayor saliente que era "hijo de un héroe de la aviación española", como recogió ABC en su crónica. Agustín Muñoz-Grandes Galilea, nombrado Jefe de la Fuerza de Acción Rápida del Ejército de Tierra en 1992 y Jefe de la Región Militar Sur en 1997, es hijo de Agustín Muñoz Grandes, que fue responsable de la División Azul, Jefe del Alto Estado Mayor y vicepresidente con Franco.
El militar retirado José Ignacio Domínguez lamenta que no existan investigaciones detalladas claras, con nombres y apellidos, sobre las redes familiares en el seno del Ejército y su trayectoria en el mismo. Ha sido siempre, asegura, un “tema tabú”.
Sí que existe, aunque sin nombres, una valiosa aportación salida del ámbito académico. En 2004 vio la luz el informe Quiénes son y qué piensan los futuros oficiales y suboficiales del Ejército español, fruto de una investigación de cuatro años que incluyó 311 preguntas a todos los alumnos de academias de oficiales y suboficiales de los tres ejércitos, con 32 centros y más de 2.500 alumnos. “En 1964 aproximadamente el 70% eran hijos de militar, cifra que se redujo al 60% tras veinte años. Hoy representan el 42%”, recoge el informe, que detecta una marcada tendencia al conservadurismo nacionalista y al corporativismo.
Destinos, ascenso y sistema
Miguel López, oficial retirado del Ejército del Aire, afirma que existe un sistema que favorece la “endogamia” y el “sesgo ideológico”. Pone el foco no sólo en el sistema de ascensos, sino también los destinos. Así lo explica: “Los destinos más sexy, los que mejor perfilan una carrera exitosa, son los adjudicados por el sistema de libre designación, común a todo el funcionariado, pero del que se abusa. Para poder acceder a uno de esos destinos se exigen unos requisitos que no todos tienen: determinado nivel de idiomas, curso de Estado Mayor, curso superior de logística, inteligencia o recursos humanos, determinadas horas de vuelo (para los pilotos), curso de operaciones especiales... Pero para acceder a cursar esos estudios o conseguir dichas competencias, debes pasar por un proceso de selección. Ahí intervienen muchos factores: tu antigüedad, tus calificaciones en el IPEC, la importancia de tus destinos anteriores... ¿Qué ocurre? El IPEC es un sistema de calificación en el que el criterio subjetivo del jefe tienen un peso enorme. Si no eres de su cuerda, lo tienes difícil, por lo que no se te ocurra dar opiniones sobre política cuando estás tomando un café con él o sus allegados, por mucho que ellos sí lo hagan con toda libertad. Te juegas tu porvenir profesional”.
Para los ascensos, afirma, ocurre algo parecido. “La junta de evaluación que decide quién asciende y en qué orden tiene en cuenta cursos, destinos e IPEC, además de información que no aparece escrita en ningún documento accesible, pero que en todo momento pueden tirar de ella cuando hay alguna sospecha. Hablo de los servicios de inteligencia interior, lo que comúnmente llamamos segunda bis. Cualquier arresto que hayas tenido a lo largo de tu carrera a los dos años puede ser borrado de la hoja de servicios pero, como diríamos en informática, queda en segundo plano sólo si así lo deciden. No lo ves, pero ahí está”, explica. Lo que acaba ocurriendo, según López, es que opera “un sistema”, de carácter más o menos informal, que al excluirte te priva de “puestos relevantes” y por supuesto de “estrellas”, es decir, de acceso al generalato. Este oficial retirado ilustra el “sistema” con un caso: un compañero que podría haberle hecho el relevo en un destino de la OTAN en Luxemburgo fue descartado porque había estado preparando oposiciones para juez y fiscal. El comentario que le llegó a López fue: “Este no, que igual pierde los papeles”. Es decir –traduce López–, se trataba de un perfil poco controlable.
Opus Dei
Aquí salta otro factor citado por todos, pero difícil de delimitar. López lo afirma sin dudar: en el “sistema”, dice, “ganas muchos puntos si además eres de La Obra”. “No te imaginas qué porcentaje de altos mandos son opusdeístas”, añade. No es sencillo calibrarlo. En España nadie está obligado a declarar sobre su religión. Y además el Opus es una organización que, al mismo tiempo que promueve la colocación de sus miembros en todos los espacios sensibles de la sociedad –judicatura, universidad, finanzas, política, defensa–, aboga por la discreción. Soft power en torno a la religión, el dinero y la influencia. "Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes", dejó escrito el fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, una frase que resume una forma de entender cómo se relaciona el Opus con la sociedad.
El poder político se ha situado en ocasiones en sintonía con esta realidad. Federico Trillo, ministro de Defensa de 2000 a 2004, tenía una conocida pertenencia al Opus. Julia de Micheo, que fue su mano derecha, también era del Opus, como recoge este perfil de la Ser. Pedro Morenés, ministro de Defensa de 2011 a 2016, se formó en la Universidad de Navarra, vinculada al Opus. Con Morenés firmó en 2014 Defensa un convenio de colaboración con La Obra con cargo al erario público. María Dolores de Cospedal, su sucesora en el ministerio hasta 2018, que en Semana Santa ponía las banderas a media asta por la muerte de Cristo, dio continuidad a este acuerdo, que suponía la formalización de una relación que, aunque es un secreto a voces, no suele aparecer en los papeles.
Asociaciacionismo
Fidel Gómez enfatiza un rasgo del Ejército clave, a su juicio, para que puedan funcionar mecanismos informales que favorecen a los perfiles conservadores: la escasez de herramientas de defensa de los derechos de los militares. Gómez forma parte de los fundadores en 2005 de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). “La creamos al amparo del derecho fundamental de asociación. Pero no estaba regulada ni reconocida. Hay que recordar que a nuestro líder, Jorge Bravo, lo han llegado a arrestar tres veces. Es increíble que en 2020 mantengamos centros disciplinarios en los que se te encierra no por delitos, sino por faltas administrativas”, señala.
Hasta 2011 no se aprobó una Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, que dio carta de naturaleza a la AUME y otras asociaciones de militares. Pero el nivel de asociacionismo en el Ejército dista mucho del alcanzado en la Guardia Civil, que sólo en torno a la AUGC –organización referente de la AUME– reúne a unos 30.000 agentes. “Yo, personalmente, fui vetado para un puesto en el gabinete del Jemad porque en la entrevista con el director comenté que entre mi experiencia estaba haber sido delegado de la AUME en la organización europea Euromil”, cuenta Miguel López.
Cuatro décadas de transición inacabada en las fuerzas armadas
Carreras progresistas
¿Significa esto que no se puede llegar muy alto en el Ejército siendo progresista o, mejor dicho, siendo identificado como tal por la élite de Ejército? Tanto Fidel Gómez como Miguel López afirman que sí, pero que son “excepciones”. “Julio Rodríguez hizo carrera como general en destinos fuera del ámbito de decisión del cuartel general. Su perfil era conocido por Carme Chacón, que lo nombró Jemad. Es un caso infrecuente, que llega a posiciones de máxima responsabilidad por nombramiento político”, explica Gómez.
Todos los consultados citan el caso emblemático de Alberto Piris, nombrado general en 1988, de ideas progresistas conocidas ya entonces. Cuatro meses después, pidió el pase a la reserva. El País publicó que lo hizo tras ser destinado a tareas de “selección y adquisición de nuevos materiales”. “Lo hicieron general, sí. Pero lo enviaron a un mal destino. Una cosa es la ley y otra el reglamento”, explica Miguel López, que afirma que este es uno de los casos en que se demuestra cómo un sistema impecable formalmente acaba no siéndolo en su funcionamiento.
Una pregunta circula informalmente por múltiples foros, suscitada por las cartas de nacionalismo exaltado y el chat cuartelero de antiguos mandos destapado por infoLibre. Pero, ¿es que han sido en la cúpula del Ejército todos (ultra)conservadores? La respuesta sería no. Pero, al mismo tiempo, sí es cierto que operan unos mecanismos que establecen un sesgo ideológico en el ascenso, a tenor de los elementos reunidos para este artículo. La endogamia, aunque en retroceso, sigue ahí. En 2004 todavía un 42% de los aspirantes a oficiales y suboficiales eran hijos de militares. Los mecanismos de ascenso mantienen espacios de discrecionalidad, entre los que destaca el papel de los “Consejos Superiores”, erigidos en pieza clave del sistema.