El Sáhara fue un territorio español durante casi cien años, desde 1884 hasta 1975. Ese año, el último Gobierno del dictador Francisco Franco decidió abandonar sus compromisos en el territorio y dejarlo en manos de Marruecos y Mauritania. A día de hoy, el Sáhara Occidental es, según Naciones Unidas, el último territorio de África por descolonizar. Y el Estado español mantiene responsabilidades legales, aunque los diferentes gobiernos españoles se han desentendido de ellas. Después de cuarenta y siete años, la situación del Sáhara Occidental sigue sin estar resuelta, pese a las sucesivas resoluciones de la ONU al respecto.
Este martes, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado una proposición de ley en el Congreso para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 y también a sus descendientes directos en primer grado de consanguinidad. La iniciativa ha pasado el primer trámite en el Congreso —la toma en consideración— con 168 votos a favor gracias al sí del grupo confederal, del Partido Popular de Ciudadanos y del resto de los aliados habituales del Ejecutivo de coalición. La única formación que ha rechazado la propuesta ha sido el PSOE, mientras que Vox se ha abstenido.
"Compartimos la meta, que es acabar con el agravio del que son objeto los saharauis con respecto a otras comunidades históricas, pero no compartimos el diseño", ha resumido el portavoz de los socialistas, Sergio Gutiérrez, durante el debate en el pleno del Congreso. Sin mencionar en ningún momento a Marruecos, el diputado del PSOE ha justificado el rechazo de su grupo a la iniciativa al asegurar que el procedimiento para la concesión de la ciudadanía a personas de antiguas colonias es el de "residencia abreviada de dos años".
De poco le han servido al PSOE las palabras del portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que ha pedido el apoyo "de todos los grupos" con independencia de "la solución" que crean más viable para solucionar el conflicto. Santiago ha asegurado que España tiene una "deuda histórica" con los saharauis tras haber "vendido en la práctica el Sáhara a Marruecos" y ha dejado claro que para su partido la prioridad es su derecho de autodeterminación. "Haremos todo lo posible", ha asegurado, para que se pueda celebrar el referéndum previsto por la ONU "tantas veces postergado" y "sean libres para elegir su futuro, el que ellos quieran".
El resto de portavoces parlamentarios, a excepción de la extrema derecha, han mostrado su apoyo a la iniciativa. “Nadie debería estar huérfano de patria, huérfano de Estado”, ha valorado Miguel Ángel Jerez, que ha sido el encargado de defender la posición de los populares. El diputado del PP ha reconocido que "estamos ante un proceso inacabado" frente al que España tiene "una responsabilidad histórica". En ese sentido, ha asegurado a Unidas Podemos que "van a encontrar un PP proactivo y decidido a impulsar el reconocimiento de la ciudadanía a saharauis que en su día nacieron bajo dominio español".
"No creemos que tengamos que hablar de concesión de la nacionalidad sino de restitución", ha manifestado el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu. "Esta iniciativa viene a saldar algunas cuentas pendientes con el pueblo saharaui", ha resumido el portavoz del PNV, Mikel Legarda. "Se debe cumplir con el mandato de la ONU para culminar la descolonización del territorio", ha defendido, por su parte, la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez. "No apoyar esta propuesta es una injusticia y una infamia", ha zanjado Joan Baldoví, de Compromís.
"Si no podemos ser saharauis, tenemos que ser españoles"
La llegada al Gobierno de España de una coalición de izquierdas en la que una de las partes —Unidas Podemos— defiende abiertamente la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, alimentó las esperanzas del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional. Pero las ilusiones depositadas en el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se enfriaron rápidamente tras el cambio de postura del presidente del Gobierno perpetrado en marzo del pasado año. Sánchez abandonó la tradicional postura de neutralidad mantenida por los gobiernos españoles en el conflicto del Sáhara y tomó partido por Rabat.
Ese anuncio que provocó la indignación de los partidarios de la autodeterminación del territorio.Tal y como explica Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, en conversación con infoLibre "la adquisición de la nacionalidad a los saharauis nunca ha sido una reivindicación principal del Frente". "Nuestro objetivo último es el derecho a la autodeterminación e independencia", expone.
Sin embargo, Arabi sí que admite que esta iniciativa supone "el reconocimiento" de que España "asume sus responsabilidades jurídicas con el pueblo saharaui". En ese sentido, considera que podría "poner fin" a una "desigualdad histórica en este ámbito" y señala que "son bienvenidas todas las iniciativas que contribuyan a la aminoración y reparación del daño causado por la colonización inconclusa del Sahara Occidental".
Coincide con él Sidi Talebbuia Hassan, un abogado saharaui y activista de los derechos humanos que actualmente vive en Madrid. "El pueblo saharaui no reivindica pertenecer a un Estado u otro. Nosotros no somos marroquíes ni argelinos ni mauritanos. Es más, tampoco somos españoles propiamente hablando", explica. A su juicio lo ideal sería tener la "doble nacionalidad": "Pero si no podemos ser saharauis, tenemos que ser españoles", resume en declaraciones a este periódico.
Talebbuia considera que el pueblo español "tiene una relación de respeto y amor" hacia el pueblo saharaui y por eso cree que la propuesta "bienintencionada" de Unidas Podemos ha tenido un aval tan mayoritario, pese al rechazo del PSOE: "Hasta hace cuatro días eramos otra provincia más y ese vínculo persiste", razona. "No han pasado ni dos generaciones y a lo largo de estas últimas décadas este vínculo sigue vivo a través de programas como Vacaciones en Paz o las caravanas de solidaridad", expone.
Una medida que podría afectar a entre 350.000 y 400.000 personas
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Talebbuia estima que esta medida podría afectar a entre 350.000 y 400.000 personas. "Si sale adelante, afectaría a toda la población saharaui de los campamentos y a buena parte de los territorios ocupados. La última publicación oficial que hizo ACNUR en 2018 estimaba la población de los campamentos en 180.000 personas. Es el mismo número de gente que hay en los territorios ocupados", explica. Aun así, insiste en que esto son "estimaciones" porque no hay una "cifra oficial pública".
El abogado considera que es "poca gente" en comparación con el millón de sefardíes al que el Ejecutivo concedió la nacionalidad en 2015. Es decir, a los descendientes de los judíos expulsados de España hace más de 500 años. "Es un número muy pequeño en comparación con lo que es la población española. No habría un cambio radical", aclara.
Sin embargo, Talebbuia no es muy optimista respecto al futuro de esta ley. "Mucho me temo que no va ir a ninguna parte. Se va a quedar en el titular", lamenta. "Se va a morir con esta legislatura y la siguiente legislatura a ver quién lo reconduce. Con toda seguridad, será otra proposición de ley porque esta no tiene tiempo material de salir adelante", asegura. Además, el abogado tampoco ve "intención ni voluntad" por parte del PSOE y del PP para que este cambio prospere.
El Sáhara fue un territorio español durante casi cien años, desde 1884 hasta 1975. Ese año, el último Gobierno del dictador Francisco Franco decidió abandonar sus compromisos en el territorio y dejarlo en manos de Marruecos y Mauritania. A día de hoy, el Sáhara Occidental es, según Naciones Unidas, el último territorio de África por descolonizar. Y el Estado español mantiene responsabilidades legales, aunque los diferentes gobiernos españoles se han desentendido de ellas. Después de cuarenta y siete años, la situación del Sáhara Occidental sigue sin estar resuelta, pese a las sucesivas resoluciones de la ONU al respecto.