España se ha convertido en los últimos años es un importante exportador de armas y productos militares, y buena muestra de ello es que, solo en 2017, las empresas españolas vendieron a otros países "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, de los cuáles una importante porción fue a parar a dictaduras y países en conflicto. No obstante, la venta el material militar y los servicios relacionados con el sector que se venden tanto al extranjero como dentro de España está dominada por unas cuantas grandes compañías y grupos, algunas con participación pública y otras de capital privado. Tanto es así que, en 2016, un total de siete empresas coparon el 75,1% de la facturación por ventas de material y servicios relacionados con la defensa en España, según datos recogidos por el Centro Delàs de Estudios por la Paz.
Según la información que facilita dicha organización –dedicada a la investigación de la industria armamentística y "los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados"–, en 2016 las empresas con sede en España facturaron un total de 7.788 millones de euros por la venta de productos o la prestación de servicios relacionados con el sector militar. Dicha industria, según reflejan los datos del Centro Delàs, da trabajo a más de 30.000 personas, y está compuesta por centenares de empresas: tal y como explica el instituto, "el Ministerio de Defensa de España tiene unas 500 empresas suministradoras de bienes y servicios".
No obstante, dentro de este grupo de compañías, hay varios gigantes que copan por sí mismos una buena parte del mercado, y un grupo destaca sobre el resto: Airbus. La división de defensa del consorcio formado por Francia, Alemania y España facturó en 2016 –último año del que hay datos completos– un total de 3.637 millones de euros en ventas relacionadas con el sector de la defensa –aviones de combate y transporte, helicópteros...– a través de compañías como Airbus Defence Space, Airbus Military o Airbus Operations. La participación española en dicho consorcio es pública, ya que el Estado controla el 4,17% de las acciones, aunque su participación es minoritaria con respecto a Francia y Alemania.
La segunda empresa en la clasificación de las compañías con una mayor producción en el ámbito de la defensa en 2016 es también pública, aunque sus cifras son mucho menos abultadas. La compañía en cuestión es Navantia, ahora presidida por Susana de Sarriá y cuyo único accionista es el Estado español, que facturó un total de 665,5 millones de euros por la construcción y venta de embarcaciones y sistemas militares. Los astilleros de Navantia, ubicados en Ferrol, Cartagena y Cádiz, así como las oficinas centrales de la empresa en Madrid, dieron trabajo a cerca de 5.000 personas en 2016, según los datos recopilados por el Centro Delàs.
Indra es la tercera empresa que más facturó por servicios o productos relacionados con el sector militar en España en 2016 con un total de 598,7 millones de euros, aunque a diferencia de Navantia, esta actividad supuso una parte minoritaria de sus ventas –en torno al 22%, según el Centro Delàs–. Al igual que Airbus, la compañía –presidida desde 2015 por Fernando Abril-Martorell– está participada de forma minoritaria por el Estado, que posee un 18,71% de los títulos y es su máximo accionista individual. En los últimos años, la empresa ha vendido al sector militar productos de electrónica, simuladores de vuelo o sistemas de tiro.
Cuatro compañías privadas
El primer grupo privado que aparece en este ranking es Maxam, a través de su división de armamento Expal, acrónimo de Explosivos Alaveses: la compañía, dedicada a la fabricación de explosivos, minas, municiones o bombas, facturó en 2016 a través de sus varias marcas un total de 362,5 millones de euros. Según indica en su propia web, Expal "cuenta con más de 1.300 empleados y 11 centros de producción" en varios países, y su matriz Maxam está dirigida por José Fernando Sánchez-Junco, un viejo conocido de la administración pública: entre 1980 y 1989 ocupó varios puestos de director general en el Ministerio de Industria en los gobiernos de Felipe González, y ahora compagina la dirección de Maxam con su presencia en el consejo de administración de Ferrovial.
Por su parte, Industria Turbo Propulsores (ITP) facturó en 2016 un total de 243,7 millones de euros por la venta de productos para el sector de la defensa, fundamentalmente componentes de motores de aeronaves militares. Precisamente 2016 fue el último año en el que ITP tuvo mayoría de capital privado español, ya que fue entonces cuando la empresa de ingeniería Sener –que también vende productos de defensa– decidió vender su participación mayoritaria por 720 millones de euros a la compañía británica Rolls-Royce, que ahora controla el 100% del capital de ITP.
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La operación fue autorizada por el Gobierno en diciembre de 2017, y según informó El País generó preocupación entre los expertos, dado que ITP representa a España en consorcios internacionales que fabrican motores para aviones como el caza Eurofighter o el avión de carga militar A400M. Según informa la propia compañía en su web, en 2017 su departamento de productos militares tuvo un peso del 20% en sus ingresos, mientras el Centro Delàs asegura que esta cifra fue de más del 30% en 2016.
La sexta empresa de la clasificación por ventas de material de defensa en 2016 es Santa Bárbara Sistemas, propiedad del grupo estadounidense General Dynamics: la compañía, especializada en cañones, armas ligeras y –especialmente– blindados, facturó ese año 186,4 millones de euros. Santa Bárbara fue una empresa pública hasta el año 2000, cuando el Gobierno de José María Aznar decidió privatizarla en una operación que, años después, criticaría el Tribunal de Cuentas por el sobrecoste de casi 200 millones de euros que conllevó. Y no ha sido la única polémica que ha rodeado a la empresa, que también ha sido acusada de suponer una puerta giratoria para ex altos cargos castrenses: en 2010, Santa Bárbara Sistemas contrató al general Carlos Villar Turrau, Jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2006 y 2008, una decisión que generó críticas en las propias Fuerzas Armadas.
Aernnova es la compañía que cierra el grupo de siete empresas que agruparon en 2016 tres cuartas partes de toda la facturación por productos y servicios relacionados con la defensa. La sociedad, que se dedica a la fabricación y el mantenimiento de componentes para aviones y que preside Ignacio López Gandásegui, ingresó ese año 154,4 millones de euros por servicios relativos al sector militar. La cifra es muy similar a la que facturaron las empresas del Grupo Thales, una compañía de capital francés que ingresó 134,4 millones de euros por la venta de equipos y componentes de telecomunicaciones para el sector de la defensa.
España se ha convertido en los últimos años es un importante exportador de armas y productos militares, y buena muestra de ello es que, solo en 2017, las empresas españolas vendieron a otros países "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, de los cuáles una importante porción fue a parar a dictaduras y países en conflicto. No obstante, la venta el material militar y los servicios relacionados con el sector que se venden tanto al extranjero como dentro de España está dominada por unas cuantas grandes compañías y grupos, algunas con participación pública y otras de capital privado. Tanto es así que, en 2016, un total de siete empresas coparon el 75,1% de la facturación por ventas de material y servicios relacionados con la defensa en España, según datos recogidos por el Centro Delàs de Estudios por la Paz.