Una semana después de que reconociera que Juan Carlos I posee fondos opacos en paraísos fiscales, anunciase que Felipe VI renuncia a su herencia y que priva a su padre de la asignación que percibía, la Casa del Rey sigue sin dar respuestas cruciales sobre el mayor escándalo protagonizado por la monarquía española desde la restauración democrática. Ni la Zarzuela ni el bufete contratado por el rey emérito han despejado aún las incógnitas sobre el hallazgo de una cuenta suiza propiedad de una fundación panameña que, a tenor de lo que ha trascendido, ya tenía a Juan Carlos de Borbón como beneficiario mucho antes de que abdicase el 2 de junio de 2014.
Según la información conocida hasta ahora, en esa cuenta se depositaron en 2008 no menos de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. Y de ella, supuestamente en 2012 y tras el sorprendente viaje a Botswana para cazar elefantes en pleno fragor de la crisis que diezmó la economía española, salieron 65 millones de euros con destino a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, durante años amiga íntima del ahora rey emérito. El misterio rodea todavía los porqués, los cómo, los cuándo de todo lo ocurrido. Y sitúa en primerísimo plano la doble investigación abierta en Suiza –mucho más adelantada– y en España para confirmar si la adjudicación del AVE a la Meca en 2011 a empresas españolas implicó el pago de mordidas, de las que una parte habrían podido acabar en el bolsillo del rey.
Así, con un maremágnum de incógnitas flotando en la espesa niebla de la pandemia que paraliza el país, tampoco parece probable que el Congreso de los Diputados encuentre la salida del laberinto: los votos del PSOE, el PP y Vox ya vetaron hace una semana en la Mesa de la Cámara dos peticiones, una de ellas de Unidas Podemos y ERC, para que una comisión investigue el asunto. Este jueves, independentistas y nacionalistas (Esquerra Republicana, el PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG y Compromís) han presentado una nueva solicitud.
Mientras permanece en la retina la imagen del actual jefe del Estado lanzando un llamamiento a la unidad para superar la descomunal crisis sanitaria y económica pero sin dedicar una sola palabra a lo sucedido con su predecesor, infoLibre detalla varias preguntas clave. Parte de ellas han sido remitidas por escrito a lo largo de la semana a la Casa del Rey. Y parte, al despacho de Javier Sánchez-Junco, elegido por Juan Carlos I para ejercer "su derecho a la defensa". Son las siguientes pero, de momento, para ninguna hay respuesta.
1. ¿Por qué guardó silencio felipe vi si ya hace un año asumió como cierta la existencia de un fondo opaco?
De los seis puntos que contiene el comunicado oficial con que el domingo 15 de marzo de 2020 la Zarzuela puso definitivamente en el disparadero al rey emérito, el 5.1 contiene la primera gran incógnita de la serie. Su redacción literal es la que sigue: "Mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S.M. el Rey por el despacho de abogados Kobre & Kim (UK), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento –sin ninguna justificación documental– de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum [constituida en Panamá], desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos". Previamente, el comunicado se refiere a la otra fundación del caso, Zagatka, de Liechtenstein, en la que según distintas informaciones periodísticas también Felipe VI figura como beneficiario heredero.
Aunque el texto recalca que la carta del bufete Kobre & Kim, que representa a Corinna, no incluía "ninguna justificación documental", es la propia Casa del Rey la que concede absoluto crédito a la participación del rey emérito en Lucum. Porque el comunicado reserva su tramo final a tres afirmaciones de Juan Carlos de Borbón. Y la primera de ellas señala que "de las dos fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M el Rey". Dado que el nombre de Juan Carlos de Borbón no aparece en ninguno de los documentos oficiales depositados en el Registro de Panamá –figuran testaferros profesionales, entre ellos el suizo Arturo Fasana, muy conocido en España por su relación con la trama Gürtel– solo puede facilitar información de Lucum si él es su beneficiario real.
A la vista de los entrecomillados de los párrafos anteriores y de las medidas adoptadas por el rey –la renuncia a la herencia y la retirada de la asignación presupuestaria adjudicada a su padre–, la pregunta no es si la Casa del Rey alberga hoy alguna duda sobre el vínculo de Juan Carlos I con Fundación Lucum sino otra muy distinta: la de por qué dejó transcurrir un año en silencio y solo se decidió a dar difusión oficial al asunto un día después de que el diario británico The Telegraphpublicase su condición de beneficiario heredero. La fecha del comunicado oficial coincidió con la entrada en vigor de la declaración de estado de alarma que mantiene noqueado al país. ¿Eligió la Zarzuela ese momento para efectuar lo que en comunicación se conoce como una voladura controlada, o lo que es lo mismo aquí, para difundir un asunto de extraordinaria gravedad en un momento en que otro de aún mayor calibre amortiguaría los efectos? No hay respuesta.
2. ¿Le ha explicado el rey emérito a su hijo cuál era el origen del dinero?
Que el rey guardase silencio durante un año abre camino a la segunda pregunta de la serie: ¿ha facilitado Juan Carlos de Borbón a su hijo explicaciones sobre el origen de los fondos opacos que hayan manejado Fundación Lucum y la otra fundación del caso, denominada Zagatka y localizada en Liechtenstein? Y si lo ha hecho, ¿cuándo ha sido?
Ese es uno de los interrogantes esenciales que continúan en espera de respuesta. Porque la existencia de la Fundación Lucum ha salido a la luz en las investigaciones abiertas por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra a raíz de los audios donde Corinna narraba que el rey había cobrado parte de las mordidas que un consorcio de empresas españolas pagó para hacerse en 2011 con la adjudicación del AVE a la Meca. Durante mucho tiempo y precisamente porque la "amiga entrañable" la señaló en aquellas cintas publicadas en julio de 2018, el nombre de Shahpari Zanganeh, viuda del traficante de armas Adnan Khashoggi, ha planeado como el de la intermediaria que manejó el cobro y reparto de aquellas comisiones. Hasta ahora había permanecido en silencio. Pero este jueves y mientras las caceroladas de protesta atestiguan el creciente malestar con la monarquía, Zanganeh ha salido a la palestra para negarlo todo. Ni siquiera, ha dicho, tuvo "nunca" relación con Juan Carlos de Borbón.
Pese a la relevancia de la cuestión, el comunicado de Zarzuela no detalla si el jefe del Estado pidió explicaciones a su padre. Lo que dice el texto es que Felipe VI le trasladó una copia de la misiva del bufete londinense a Juan Carlos I y que el 12 de abril de 2019 acudió a un notario –no revela cuál– ante el que dejó constancia de esto: que había "dirigido una carta a su padre". Y que lo había hecho "a fin de que si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum dejara sin efecto tal designación".
¿Conminó el rey a su progenitor en esa carta a desvelar de dónde habían salido los fondos que nutrían o habían nutrido la cuenta que Lucum abrió en el banco suizo Mirabaud y desde la que en 2012 se transfirieron supuestamente 65 millones a otra cuenta de Corinna zu Sayn Wittgenstein, esta localizada en otro paraíso fiscal, el de Bahamas? ¿Fue esa explicación la que, al mes de recibir aquella misiva de los abogados de Londres –Corinna asegura que a esa le siguieron más y avisa de que se conocerán–, le llevó a advertir al notario de que "no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad"? ¿Fue conocer el origen del dinero lo que le condujo también a manifestar ante el mismo notario "no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento" a participar en nada que pudiera "no estar en estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada"?
De momento, tampoco hay respuesta: ni de la Zarzuela, a la que este periódico envió la serie enumerada en el párrafo anterior, ni del bufete que representa a Juan Carlos de Borbón, al que solicitó información directamente sobre el origen de los fondos. No es posible por tanto resolver otras incógnitas estrechísimamente vinculadas como son las que vienen a continuación: ¿en qué hechos basa el rey su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder así como a cualquier activo que pudiera no estar en consonancia "con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad", entrecomillado que figura en el punto 2 del comunicado? ¿Es por el origen de los fondos cuya pertenencia a Juan Carlos I confirma ahora la Casa del Rey? ¿Por su ocultación en cuentas abiertas en paraísos fiscales o en países como Suiza? ¿Porque esos bienes no hayan sido declarados a la Hacienda española? También esas cuestiones quedaron sin respuesta de Zarzuela.
3. ¿Cuáles son las "autoridades competentes" a las que el rey trasladó copia de la carta de los abogados de Corinna?
En esa última pregunta del párrafo anterior y que cuelga del tronco de las hipotéticas explicaciones que nadie sabe si se solicitaron ni si se dieron, reside la clave de otro interrogante: el comunicado oficial dice que ante la información contenida en la misiva de los abogados de Corinna, Felipe VI "adoptó preventivamente" varias decisiones. La primera de ellas, "trasladar copia de dicha carta a S.M el Rey don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes".
Dado que los portavoces de Corinna aseguraron este miércoles que el rey emérito la llamó de inmediato, insistió en que se vieran y viajó para reunirse con ella en Londres el 16 de marzo , es decir, 11 días después de la fecha de la carta, parece claro que Juan Carlos I sí obtuvo copia de la misiva. Excepto, claro, que los abogados de la empresaria hayan incurrido en una mentira flagrante aunque nadie ha desmentido nada hasta ahora. Pero ningún dato permite saber quiénes fueron las "autoridades competentes" a las que la Casa del Rey les dio igualmente traslado. ¿La Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Hacienda o directamente la Agencia Tributaria? No se sabe.
Lo único confirmado es que, ni entonces ni en los 12 meses sucesivos, la Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento de lo revelado por Corinna a través de sus abogados: en espera de los datos requeridos al fiscal ginebrino Yves Bertossa, la fiscalía que dirige Alejandro Luzón se enteró de lo sucedido hace un año el domingo por la tarde una vez vio la luz el comunicado de Zarzuela.
Pero, en marzo de 2019, Anticorrupción ya llevaba tres meses investigando oficialmente un supuesto delito de corrupción internacional por el supuesto pago de comisiones en el AVE del desierto. El rey emérito no podía hace un año ni puede ahora quedar inscrito en el ámbito de los involucrados en esas diligencias de Anticorrupción porque solo el Tribunal Supremo está facultado para investigarle. Pero la constatación de que la Jefatura del Estado y no un periódico o una televisión ya daban hace un año absoluto crédito a la carta de los abogados de Corinna, tanto como para que el rey difunda ahora su renuncia a la herencia de su padre, habría podido imprimir un giro drástico a los acontecimientos. La legislación vigente establece que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de hechos susceptibles de ser considerados delictivos tiene la obligación ineludible de comunicar su hallazgo a la justicia. ¿Qué pasó aquí? De momento, también el Gobierno se niega a responder
4. ¿Declaró Juan Carlos I esos fondos y tributó por ellos?
¿Y qué hechos podrían ser eventualmente delictivos dado lo que se conoce hasta el momento y estarían así sujetos a la obligación de ser comunicados a la justicia? Pues los expertos consultados por infoLibre, entre ellos la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha, creen que la existencia de un fondo opaco en el paraíso fiscal de Panamá que habría llegado a disponer de al menos 100 millones de dólares presenta todos los visos de un delito fiscal. ¿Incluso si, aun siendo cierto, la fundación que los manejaba –Lucum– en una cuenta del banco suizo Mirabaud los hubiese comenzado a ocultar en 2008, cuando el padre de Felipe VI ostentaba el cargo de mayor rango institucional del Estado y gozaba por tanto de inviolabilidad absoluta? Incluso así, entienden todas las fuentes cuya opinión ha requerido este periódico. Fue en 2008 cuando, según Tribuna de Ginebra, llegaron a cuenta de Lucum 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí.
Entre las preguntas que el bufete que representa a Juan Carlos de Borbón no ha accedido a responder figuran varias relacionadas con un hipotético delito fiscal y otro de blanqueo, es decir, de afloramiento de dinero escondido: ¿ha tributado el rey emérito por esos fondos? ¿Ha movido desde 2014 dinero allí depositado y, en caso afirmativo, quiénes fueron los destinatarios? ¿En concepto de qué transfirió 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein si es que efectivamente dio tal paso? ¿Fue una donación, un "regalo" –esa es la versión de su antigua amiga–, una solicitud de custodia temporal? No ha habido respuesta.
Los expertos sondeados creen remota la posibilidad de que el dinero alojado en una cuenta suiza haya sido objeto de tributación ordinaria como si se tratase de una nómina. Y entienden que todo apunta a un delito fiscal. ¿Por qué? Porque Juan Carlos de Borbón abdicó en junio de 2014. Dos años antes, en octubre de 2012, una nueva ley había estipulado que nunca prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. Y que no prescriben porque el dinero no declarado que se termine localizando en otros países pasará a formar parte de la "base liquidable general" del ejercicio "más antiguo entre los no prescritos". El más antiguo es en este caso 2015. Y, para entonces, Juan Carlos de Borbón ya no gozaba de inviolabilidad.
En aplicación de la ley citada, la 7/2012, una orden desarrolló en enero del siguiente año lo concerniente a cómo declarar las propiedades y fondos ubicados en el extranjero. Y lo hizo para crear el llamado "Modelo 720", el formulario donde deben consignarse las propiedades y activos localizados en terceros países. El Modelo 720 prevé sanciones muy elevadas para los evasores. En diciembre, Bruselas demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) porque considera excesiva la penalización que impone. Por ahora, el TJUE no se ha pronunciado.
Si bien algunos expertos consideran factible demostrar en muchos casos un delito de blanqueo incluso si hay supuestos testaferros por medio –es decir, si la entrega a Corinna de aquellos 65 millones no hubiese sido una donación perfectamente reglada sino un traspaso de activos para borrar la pista de su verdadero propietario– creen mucho más probable llegar al final en cuanto al delito fiscal. Y ello por la aplicación del ya mencionado Modelo 720. Ahora bien, la obligación de declarar bienes ubicados en el extranjero, sea cual sea su naturaleza, solo es aplicable para los contribuyentes que tributan en España.
5. ¿Tributa el rey emérito en España desde su abdicación?
Rufián dice que volverán a pedir la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos y reta al PSOE a rectificar
La precisión hecha en la última línea del párrafo anterior tiene sentido, dice una de las fuentes consultadas, si tras su abdicación el rey emérito no pasó a ser residente fiscal en otro país. A priori, esa hipótesis parece casi descabellada. Pero cualquier ciudadano que viva fuera de España seis meses al año deja de tener aquí su residencia a efectos tributarios. Es decir –continúa la fuente–, si el padre de Felipe VI hubiese decidido pasar más de la mitad del año en otro país a partir de que abdicó como jefe del Estado en junio de 2014, el Modelo 720 le sería de imposible aplicación. El mismo experto asegura que la Casa del Rey le podría haber seguido abonando la asignación presupuestaria prevista. Ahora bien, con retenciones distintas a las establecidas para contribuyentes españoles: el 19% si el país donde reside más de la mitad del año pertenece a la UE o del 24% si se trata de otros territorios.
A la Zarzuela este periódico remitió la siguiente pregunta: ¿posee Juan Carlos de Borbón residencia fiscal en España? En caso negativo, ¿dónde la tiene fijada a día de hoy y desde cuándo? La Casa del Rey tampoco respondió a esa cuestión. Ni lo hizo el bufete Sánchez-Junco, al que infoLibre planteó esa misma doble pregunta.
Mientras comienza a abrirse paso el debate de si la solución a la crisis abierta en la institución por el escándalo de los fondos opacos sería el exilio, como sostiene el periodista José Antonio Zarzalejos, quien en febrero de 2013 y ya en medio de la tormenta del caso Urdangarinanticipó la abdicación que llegaría al año siguiente, las dudas sobre el delito fiscal asoman también por otro flanco: "Si se hubiera acogido a la amnistía fiscal de 2012 sería discutible", aseguró este jueves uno de los expertos a que ha acudido infoLibre. Esa pregunta no pudo, en consecuencia, ser planteada a la Casa Real ni al abogado de Juan Carlos I.
Una semana después de que reconociera que Juan Carlos I posee fondos opacos en paraísos fiscales, anunciase que Felipe VI renuncia a su herencia y que priva a su padre de la asignación que percibía, la Casa del Rey sigue sin dar respuestas cruciales sobre el mayor escándalo protagonizado por la monarquía española desde la restauración democrática. Ni la Zarzuela ni el bufete contratado por el rey emérito han despejado aún las incógnitas sobre el hallazgo de una cuenta suiza propiedad de una fundación panameña que, a tenor de lo que ha trascendido, ya tenía a Juan Carlos de Borbón como beneficiario mucho antes de que abdicase el 2 de junio de 2014.