Los movimientos para intentar que se retiren los símbolos independentistas del espacio público continúan. Este lunes, el colectivo Societat Civil Catalana ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que tomen la iniciativa y denuncien ante los ayuntamientos la presencia de lazos amarillos, carteles o cualquier otro tipo de simbología de carácter independentista en las calles de sus municipios. Para ello, ha puesto a disposición de quien lo quiera usar un escrito plantilla que sólo deben cumplimentar con sus datos personales antes de remitirlo al consistorio. "Cada ciudadano es libre de defender la postura política que considere, pero en ningún caso esta opinión se debe imponer al resto de la población, inundando la vía pública con símbolos que reflejan su pensamiento", aseveran desde la entidad en un comunicado.
La iniciativa de Societat Civil Catalana se une a la ofensiva puesta en marcha a nivel político. Pocas horas después de que el colectivo presentara en su página web el formulario, Ciudadanos ha registrado una solicitud en el Congreso de los Diputados para que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, comparezca en comisión para informar sobre las actuaciones que llevará a cabo su departamento para poner fin a "la continua ocupación" de espacios que "deberían ser de todos los ciudadanos" y que se encuentran "secuestrados" por el independentismo. Un paso que se suma a la campaña de retirada de símbolos en los municipios catalanes impulsada por el partido naranja hace apenas una semana.
Mientras tanto, desde la Generalitat de Cataluña se defienden poniendo sobre la mesa los derechos fundamentales. En una respuesta escrita a varias preguntas de Ciudadanos sobre el presunto "adoctrinamiento" en las escuelas catalanas, el Govern de Quim Torra asegura que la colocación de lazos amarillos en colegios de Cataluña forma parte de "la libertad de expresión" y afirma que el sistema educativo catalán ejerce "con estricta neutralidad política". "Es un derecho fundamental que, obviamente y como principio general, hay que respetar", concluye el Ejecutivo de Torra. Pero, ¿dónde empieza y dónde acaba la libertad de expresión a la hora de colocar simbología política en los espacios públicos?
¿Instituciones o particulares?
Tanto Ciudadanos como Societat Civil Catalana plantean su ofensiva poniendo sobre la mesa una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que se obliga al Ayuntamiento de San Cugat del Vallès a retirar una estelada colgada por el consistorio en una plaza del municipio. En este caso, el juez consideró que la actividad suponía "la privatización del espacio público" y vulneraba "los principios de objetividad y neutralidad institucional" a los que están sujetas las administraciones. "Tal exigencia de neutralidad es incompatible con actuaciones institucionales 'partidistas', alineadas con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión al resto", recogía la decisión del TSJC.
Desde la Associació de Municipis per la Independència (AMI) no tardaron en condenar el texto judicial. En un comunicado, llamaron a los ayuntamientos a no acatar la sentencia: "La AMI vuelve a mostrar el más firme compromiso en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y rechaza cualquier acto de censura que pretenda impedir o restringir la libertad de expresión como un valor superior del Estado de Derecho". Sin embargo, en este sentido, el TSJC fue contundente: "No puede invocarse la libertad de expresión, tal como sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional al indicar que 'las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión".
Sin embargo, algo bien distinto es que dicha colocación de símbolos la realicen particulares o colectivos concretos. "Mientras que en el caso de una Administración es más reprensible, por el principio de neutralidad institucional, en el caso de particulares sí que estarían amparados por la libertad de expresión", explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en el Universitat de Barcelona. Sin embargo, el constitucionalista advierte de que, aunque tiene que existir "cierta flexibilidad favorable a la libertad de expresión" y un "margen de tolerancia" en esos casos, también hay límites. "Estos actos tienen que respetar las ordenanzas municipales", explica Arbos, que avisa de que las administraciones "no pueden actuar pasivamente inhibiéndose" frente "a la 'colonización' del espacio público".
"La obligación del poder público es que se cumpla la neutralidad"
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Desde Societat Civil Catalana son plenamente conscientes de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va dirigida a las propias instituciones. Sin embargo, su presidente, José Rosiñol, cree que también podría ser de aplicación en aquellos casos en los que la colocación de símbolos en plazas, calles o parques venga de ciudadanos particulares o asociaciones. "En un principio, la sentencia es aplicable a nivel institucional. Pero también es cierto que la institución debe velar por que los espacios públicos sean neutrales. Con lo cual, aunque lo haga un colectivo privado, al final la obligación del poder público es que se cumpla la neutralidad", sostiene el líder de Societat Civil Catalana en conversación telefónica con este periódico.
El partido dirigido por Albert Rivera, por su parte, insiste en que "el espacio público es de todos los ciudadanos y todos tienen derecho a calles y plazas neutrales y libres de símbolos ideológicos que no respetan la pluralidad de la sociedad catalana". Al ser preguntados por si consideran que la prohibición debería ser extensible a todos aquellos actos organizados por colectivos o particulares, fuentes de la formación insisten a infoLibre que "una cosa es un acto como los que se pueden celebrar puntualmente y otra mantener en las instituciones de todos permanentemente símbolos que están diciendo a la mayoría de los catalanes que ellos no están representados en esas instituciones". "Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra para que explique la pasividad del Gobierno ante esta vulneración de derechos", añaden.
Con todo esto, desde la formación naranja celebran la iniciativa de Societat Civil Catalana y de todas aquellas "encaminadas a velar por la neutralidad del espacio público". Y, preguntados por si creen que su iniciativa de ponerse a retirar símbolos puede tensar todavía más la delicada situación en Cataluña, sentencian: "Ante la pasividad de Sánchez y del Gobierno de España, nosotros actuamos porque no vamos a permitir que millones de catalanes sigan viendo vulnerados sus derechos sin que nadie haga nada". Porque lo que tensa y enfrenta, dicen, es justamente la colocación de todos estos "símbolos ideológicos" en los espacios públicos.
Los movimientos para intentar que se retiren los símbolos independentistas del espacio público continúan. Este lunes, el colectivo Societat Civil Catalana ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que tomen la iniciativa y denuncien ante los ayuntamientos la presencia de lazos amarillos, carteles o cualquier otro tipo de simbología de carácter independentista en las calles de sus municipios. Para ello, ha puesto a disposición de quien lo quiera usar un escrito plantilla que sólo deben cumplimentar con sus datos personales antes de remitirlo al consistorio. "Cada ciudadano es libre de defender la postura política que considere, pero en ningún caso esta opinión se debe imponer al resto de la población, inundando la vía pública con símbolos que reflejan su pensamiento", aseveran desde la entidad en un comunicado.