Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, lo calificó como un "gol por la escuadra". El pasado verano su propio ministerio daba luz verde a la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). La resolución quedaba publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero la propia ministra aseguraba desconocer por completo esta decisión, que derivó en la dimisión de la directora general de Trabajo. La polémica estaba servida y las impugnaciones no tardaron en llegar. Este miércoles, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebra las vistas que analizarán las demandas de impugnación presentadas contra el sindicato.
Son dos. La primera, presentada por la asociación en defensa de los derechos humanos L'Escola, se dirige contra la inscripción del sindicato que realizó la Dirección General de Trabajo. La segunda, fruto de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8M de Sevilla, embiste contra los propios estatutos de la organización.
Por otro lado, tal y como ha revelado este martes el diario El País, el Ministerio de Trabajo elaboró a mediados de octubre un informe jurídico sobre el sindicato, que remitió al Ministerio de Justicia para pedirle a la Fiscalía llevarlo ante la Audiencia Nacional. El sindicato, dice el texto, funciona para dar "cobertura formal a la organización y explotación mercantil" de mujeres conducidas "a una situación de esclavitud"
Charo Carracedo, abogada de la Plataforma 8M de Sevilla, explica en conversación con infoLibre que, bajo su punto de vista, "el objeto del sindicato es nulo de pleno derecho". El motivo, razona, es que "su actividad está en el ámbito del trabajo sexual y al no ser posible esa actividad como laboral, entendemos que los estatutos son nulos de pleno derecho". Este hecho, por tanto, deviene en la "ilicitud del sindicato y se debe anular: no tiene sentido un sindicato cuyo fin es ilícito dentro de la actividad laboral".
Al otro lado, la secretaria general de Otras, Concha Borrell, dice en declaraciones a este diario estar muy tranquila. "Tenemos la fuerza de la razón", asevera. El sindicato "está legalmente constituido, se presentó conforme a todos los trámites, el ministerio le ha dado curso porque no podía ser de otra manera". El trabajo de la organización, dice, es ya imparable: "Nos estamos organizando a nivel nacional y queremos cubrir todo el espectro", asegura. Por el momento, está prevista la celebración de su primer congreso el próximo 24 de noviembre. A partir de ahí, comenzará la difusión de las hojas de afiliación, aunque por el momento está en marcha una suerte de "preafiliación con más de 400 peticiones".
Tanto las autoras de las dos demandas como el sindicato coinciden en que el de este miércoles es el primer paso. Todas ellas insisten en que, de no lograr sus objetivos, recurrirán al Tribunal Supremo.
Entretanto, el lunes diez colectivos y más de 350 feministas respaldaron un manifiesto contra la ilegalización del sindicato, que el martes ya había multiplicado los apoyos. Entre las firmantes se encuentra la directora de cine Isabel Coixet, varias activistas feministas, profesoras, abogadas, entre otras profesionales, así como algunas diputadas territoriales de Podemos, la diputadas de En Marea, Ángela Rodríguez, o la senadora de Unidos Podemos, Pilar Lima. En Podemos, de hecho, el debate está abierto. Lo están abordando los círculos y las secretarías feministas autonómicas. Es, a día de hoy, el único partido político que no ha tomado posición: el PSOE se manifiesta abolicionista, igual que el PP, mientras que Ciudadanos está a favor de la regulación.
En respuesta al primer manifiesto, feministas abolicionistas han puesto en marcha otro por la ilegalización del sindicato. Ya en marzo fue impulsada una petición contra la prostitución que a día de hoy aglutina más de ocho mil rúbricas. El debate parece estar más candente que nunca.
¿Empresarios o proxenetas?
Uno de los argumentos que emplea el sindicato es que el trabajo para terceros ya existe dentro del trabajo sexual. Ahí entra en juego una cuestión clave: ¿quiénes son esas terceras personas? Concha Borrell apela a "los clubs, pisos y casas que existen y que todos conocen" y que, asegura, tienen empresarios al frente. "Si todos fueran proxenetas, habría que pensar que ni la Policía ni el Gobierno están haciendo bien su trabajo", señala.
La prostituta, terapeuta sexual y además presidenta de la asociación Aprosex, insiste en distinguir entre empresario y proxeneta. "Una cosa es el empresario y otra es el proxeneta", afirma y para ello, dice, basta con observar el artículo 187 del Código Penal, "que dice claramente quien es proxeneta". Quienes quieren ilegalizar el sindicato, denuncia, "juegan mucho al despistar porque la gente no conoce las leyes".
El Código Penal señala que "el que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantener en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años". También impone pena de prisión de dos a cuatro años para quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma" y entiende por explotación todo hecho en el que "la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad personal o económica" o se impongan para su ejercicio "condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas".
Para el sindicato, si no existe obligación, si el trabajo sexual se ejerce de forma voluntaria, no existe proxenetismo. "Eso es lo que pretenden ellos: pasar de delincuentes a empresarios". Habla Nùria González, abogada de la asociación L'Escola. En conversación con este diario la letrada afirma que "el único interés por legalizar el sindicato y no otra organización es darle cobertura a esta gente, pasar del Código Penal al Código de Comercio". González repara en que las autodenominadas trabajadoras sexuales "podían haber organizado cualquier tipo de entidad, que de hecho ya tienen", pero lo cierto es que, a su juicio, el objetivo último es "defender una patronal que hoy no existe, pero que existirá si esto sigue hacia adelante".
Para Charo Carracedo, "la prostitución no tiene cabida como parte de la relación laboral". Es, por tanto, "evidente que el empresario, por llamarlo de alguna manera, de la prostitución es un proxeneta". La abogada entiende que "si la organización reconoce que trabaja para terceros, está diciendo que pretenden legitimar a un empresariado dedicado a la explotación sexual". Lucrarse con la prostitución ajena, añade, está penado en el Código Penal.
Prostitución y trata
La existencia de trata con fines de explotación sexual es un hecho y uno de los problemas más sangrantes que sufren las mujeres. La línea entre trata y prostitución es en ocasiones difusa y los argumentos de ambas partes encuentran una vez más un espacio de debate, aunque también con puntos de encuentro, como la elaboración de una ley contra la trata.
Concha Borrell reconoce que "es muy difícil hablar de cifras certeras porque no hay un censo", de manera que reivindica una contabilización fiable como primer paso para combatir esta lacra. La sindicalista, no obstante, se fija en los datos que revela la ONU. En un estudio realizado en 2010, el organismo internacional concluye que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa son víctimas de trata, es decir, cerca del 15%. No obstante, organizaciones como Anesvad elevan la cifra a ocho de cada diez mujeres en el caso de España..
Médicos del Mundo, por su parte, afirma que "se calcula que la prostitución alcanza a unos 40 millones de personas en el mundo", mientras que en España se estima "que unas 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución". La trata, advierte, "es una realidad estrechamente ligada a este fenómeno".
"La cifra de la ONU nos parece escandalosamente alta pero nada tiene que ver con el 80% que se dice", afirma Borrell, quien defiende que los porcentajes más altos no se ajustan a la realidad. "¿Qué hace la Policía permitiendo que tantísimas mujeres estén en situación de trata? Los números no cuadran", reflexiona. Por el contrario, Nùria Gonzáles sí cree en las cifras más elevadas. "Esas chicas no tienen libertad ni para moverse", asegura, por lo que "si abrimos la puerta al proxenetismo legal, ¿quién las va a defender?", se pregunta.
En este sentido, la letrada llama a la elaboración de una ley que combata la trata como paso fundamental para terminar con el problema. "El Gobierno en lugar de perder el tiempo defendiéndose de las feministas, debería invertirlo creando una ley contra la trata y la explotación sexual que sufren las mujeres", sentencia.
La sentencia que tumba al sindicato de prostitutas no afectará a la sección sindical de trabajo sexual constituida en julio
Derechos humanos y derechos laborales
Si existe una conclusión común a raíz de toda la polémica suscitada, es que vale la pena abrir el debate. Para Borrell, se trata de una discusión "absolutamente indispensable", igual que lo es "escuchar la voz de las trabajadoras". "No nos pueden tener calladitas, no somos una bolsa de basura a la que apartas, no somos un incordio social", subraya. Defiende que el de la prostitución es "un trabajo más" y negarlo es "moralina en estado puro". Reclama, en esencia, "los mismos derechos y obligaciones de todas las que tienen una nómina".
La abogada Charo Carracedo coincide en la voluntad de dotar de derechos a las mujeres. Pero matiza: "La organización de un sindicato nada tiene que ver con el derecho de las mujeres que, ellas dicen, ejercen libremente la prostitución". A su juicio, los derechos que hay que defender son aquellos que se responden al concepto de persona, es decir, los derechos humanos. "Un sindicato regula las relaciones laborales y organiza a los trabajadores para la negociación colectiva", de manera que "cuando dicen pretender regular sus derechos, lo que realmente se está defendiendo es regular el derecho del empresario, el derecho del proxeneta a ejercer como empresario".
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, lo calificó como un "gol por la escuadra". El pasado verano su propio ministerio daba luz verde a la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). La resolución quedaba publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero la propia ministra aseguraba desconocer por completo esta decisión, que derivó en la dimisión de la directora general de Trabajo. La polémica estaba servida y las impugnaciones no tardaron en llegar. Este miércoles, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebra las vistas que analizarán las demandas de impugnación presentadas contra el sindicato.