El complicado futuro judicial de Sito Miñanco: a un paso de volver a la cárcel por narcotráfico

Cuatro meses después del inicio de la vista oral, el juez Guevara, presidente de la sala tercera de la Audiencia Nacional ya tiene sobre su mesa todos los argumentos para dictar la sentencia de la operación Mito, la mayor investigación policial de la última década contra el tráfico internacional de cocaína presuntamente coordinado desde España y por españoles. Los integrantes de la organización de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, y personas relacionadas indirectamente con el capo de Cambados, se sentaron en el banquillo de los acusados desde el 18 de noviembre de 2024 hasta el viernes pasado, cuando se produjo el conocido alegato final del más famoso de los narcotraficantes.

Las sesiones de los últimos cuatro meses sirvieron para conocer las pruebas propuestas por la acusación pública, compuestas por una multiplicidad de indicios recabados en más de dos años de investigaciones y que vinculan a los procesados con dos alijos: los 3.300 kilos de cocaína del buque Thoran y los 616 de un contenedor localizado en La Haya, todo ello a finales de 2017. Los investigadores vincularon seguimientos, vigilancias, documentación intervenida, testimonios e incautaciones del estupefaciente para dibujar el esquema de la que, según los agentes, se había erigido en la organización más poderosa de Europa, capaz de organizar varias operaciones a la vez. "Era una amenaza para la seguridad nacional", llegó a decir uno de los funcionarios.

Aunque para acreditar delitos invisibles, como el actual, se precisa de una multiplicidad de indicios, en este caso resultan muy ilustrativas las conversaciones intervenidas mediante la sonorización de los vehículos que utilizaban tanto Miñanco como sus personas de confianza. Fruto de esas escuchas obtenidas previa autorización judicial se supo, primero, que la droga del Thoran —o al menos parte de ese alijo— era de Miñanco y de su gente, segundo, que la droga de La Haya —o al menos parte de ese alijo— también le pertenecía. Y tercero, que muchos de los que le acompañaron en el banquillo estaban a su servicio, cada uno de ellos ejerciendo una función diferente, desde los contactos con los colombianos hasta la organización de la infraestructura marítima para salir al mar en busca de la cocaína, pasando por los transportes terrestres de droga y de dinero y los movimientos precisos para el blanqueo de los beneficios obtenidos, así como la dotación de medios, tanto marítimos estrictamente dichos como tecnológicos, para el buen fin de la actividad criminal.

Todos estos datos obligaron a los abogados de las defensas a centrar su trabajo en intentar echar abajo tales sonorizaciones (las de los coches y las del chalé de Vilagarcía de Arousa empleado como centro de operaciones), y ello fue así a pesar de que Miñanco repitió en su alegato final que "yo no soy" el que habla en esos audios. Sin embargo, puso todo su empeño (y sus conocimientos náuticos) en explicar que lo que allí se decía no se correspondía con lo que la Policía pensaba acreditar.

A partir de ahora se abre un escenario incierto. El fiscal pide más de 31 años de cárcel para Sito Miñanco. Los antecedentes de la Audiencia Nacional frente a casos como este apuntan a una condena, pero difícilmente a penas tan elevadas. Lo escuchado en el juicio deja pocas dudas sobre su participación en los hechos. Cualquier condena, sin embargo, será un duro golpe para el cambadés, que se enfrentaría a una jubilación en un centro penitenciario.

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También tienen un futuro complicado los miembros de su entorno más cercano, tal y como lo describió el fiscal. Personas como Quique Arango o Juan Antonio Fernández, por ejemplo. Así como Leonor P., la mujer que era la pareja del capo y ejercía de secretaria para sus actividades criminales, incluso de consejera, por lo que se pudo escuchar en la vista oral.

Menos prueba se aportó contra otros acusados que, con probabilidad, verán atenuadas sus condenas. Se esperan incluso absoluciones. No serán el capitán ni los tripulantes del Thoran, que fueron cazados sobre la droga, pero sí algunos de los procesados.

Guevara, además, tiene otra patata caliente: la implicación de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont que en el momento de la investigación representaba al narcotraficante y que se expone a más de nueve años de cárcel por supuesto blanqueo, acusado de intentar recuperar unos 900.000 euros que le fueron incautados a supuestos colaboradores del gallego.