Las dos mafias gallegas dedicadas a construir narcolanchas se exponen a más de 100 años de cárcel

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

Un polígono industrial de Vigo

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Siete años de cárcel para los máximos responsables

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

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En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.