Es una más en un total de 75 propuestas, y apenas ocupa dos líneas. Pero, indudablemente, la medida tiene una relevancia clara por el momento y el contexto. Es esta: "Elección del secretario general a través del sistema de primarias entre sus militantes".
La iniciativa es del Partido Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) y está recogida en un documento de 28 folios, Propuesta de reacción democrática, adelantado este miércoles por Europa Press y al que ha tenido acceso infoLibre. El texto fue presentado el pasado lunes en la permanente del partido, mañana viernes se acaba el plazo para elevar enmiendas y el sábado lo debatirá y validará definitivamente el máximo órgano a nivel autonómico, el Comité Nacional. Después, Valencia lo enviará a la sede federal, a Ferraz, para contribuir así al debate político que los socialistas están promoviendo, y que culminará en la Conferencia Política de octubre.
El texto –todavía sujeto a cambios–, se divide en tres bloques (transparencia y lucha contra la corrupción, reforma de los partidos y reconversión institucional) y plantea 75 medidas en tres ámbitos (en el del PSPV, en el del PSOE y en el espacio institucional). Una de ellas es la de la articulación de primarias para elegir al líder, iniciativa muy a cuento de la polémica nacida con los socialistas gallegos. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, ya ha dicho una y mil veces que no cederá y que mantendrá hasta el final su idea de convocar una consulta abierta a los afiliados el 1 de junio para designar al nuevo secretario general. Un mes después, en el congreso autonómico del 6 de julio, los delegados nombrarían formalmente a su número uno. Y Ferraz, a su vez, ya le ha trasladado que si quiere modificar las reglas del juego debe pedirlo al Comité Federal, que se reúne el 20 de julio, después de todo el proceso electoral y congresual gallego.
Primarias para elegir candidatos de todos los partidos
El PSPV defiende en su borrador, pues, que los afiliados tengan la potestad de elegir a su líder. Un alineamiento con la postura del PSdeG. Pero con importantes matices, porque los socialistas valencianos proponen que primero se cambien los estatutos y luego se dé vía libre a los referendos internos. Y no al revés. Ximo Puig, el secretario general del PSPV –y próximo a Carme Chacón–, ya reivindicó este planteamiento en el congreso federal de Sevilla, como hicieron otras federaciones como la madrileña. Su postura fue derrotada. "Pachi, de hecho, votó en contra. Y ahora cree en las primeras como si fuera San Pablo caído del caballo. Queremos que se haga bien, y que se respete la legalidad democrática interna. En el partido cada uno debemos cumplir nuestra misión", aseguraban a este diario en el círculo de Puig.
El PSPV aboga por más medidas en el ámbito de las fuerzas políticas. Por ejemplo, que se modique la Ley de Partidos Políticos para que los candidatos de todas las formaciones se elijan por un sistema de primarias abiertas a todos los ciudadanos. Medida que precisamente Puig ya planteó a principios de marzo. El sistema se haría extensible a los cabezas de lista de municipios de más de 20.000 habitantes, presidencia de comunidad autónoma y al Gobierno de la nación.
Entre las iniciativas para una mayor transparencia de los partidos, estas: cuantificación de las medidas incluidas en los programas electorales en términos económicos, rendición de cuentas de ejecución de los programas y de todos los cargos públicos; contabilidad detallada de las fuerzas políticas (donde se consignen ingresos, gastos, donaciones, subvenciones...); prohibición de la condonación de las deudas; aprobación de un techo de gasto para los partidos; prohibición de donaciones de empresas; incorporación de una carta de derechos y libertades de militantes y simpatizantes o la puesta en marcha de una Oficina del Diputado.
Mejora de los mecanismos de participación
En el bloque de "reconversión institucional", el PSPV pide "adecuar" la estructura de la Administración del Estado "al diseño constitucional de las autonomías", reduciendo su tamaño y evitando duplicidades. También propone convertir el Senado en una Cámara de representación territorial de los gobiernos autonómicos –que Ferraz ya adelantó el lunes– o permitir a las comunidades que decidan si suprimir o no las diputaciones de su territorio. Respecto a la Generalitat Valenciana, quiere rehacerla bajo los principios de "austeridad, eficacia y sostenibilidad financiera", suprimir 147 altos cargos del Consell, recuperar los servicios públicos privatizados o limitar la externalización.
En los tres niveles de la Administración –Estado, CCAA y ayuntamientos–, el PSPV reclama reformar los reglamentos parlamentarios para reforzar las funciones legislativa, de control y de participación de los ciudadanos, transformar la Comisión de Peticiones –para que se pueda recibir a los solicitantes–, facilitar la creación de comisiones de investigación, dar más poder al parlamentario y a las minorías, poner en marcha una Oficina de Control Presupuestario, publicar todos los documentos y contratos de la Administración o relajar las condiciones para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.
Cree el PSPV que debe endurecerse el régimen de incompatibilidaes de los miembros del Gobierno y de los diputados, que debe crearse un registro de lobbieslobbies, que han de regularse los debates electorales o impulsar el Gobierno abierto. Los miembros de diferentes organismos del Estado o de la Administración autonómica deberían elegirse por mayoría parlamentaria "sensiblemente reforzada" –no por mayoría absoluta–.
Facilitar los referendos en todos los niveles del Estado
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El borrador ahonda en la mejora los mecanismos de participación. Así, se propone "facilitar las consultas en referéndum sobre temas importantes, en todos los niveles territoriales del Estado", establecer mecanismos de consulta directa o elegir al alcalde mediante un sistema de doble vuelta. Los concejales se designarían en listas cerradas no bloqueadas, para que los ciudadanos pudieran ordenar a sus favoritos o tachar a los que no le gustasen. Los socialistas valencianos también sugieren un cambio de la Ley Electoral, que combine la elección de candidatos individuales en distritos uninominales y las listas cerradas de candidatos en distritos más amplios en los comicios autonómicos o al Congreso. Un modelo que recuerda al paradigma alemán.
El último gran bloque lo conforman las medidas de transparencia y anticorrupción. Entre ellas, la publicación de las declaraciones de renta y de patrimonio de todos los cargos estatales y autonómicos, la prohibición del pago de sobresueldos, la publicidad de los contratos laborales de alta dirección, el refuerzo del papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas, la aprobación de una ley que protejan a los que denuncien prácticas corruptas (los whistle-blowers), la suspensión provisional de sus responsabilidades a los imputados por corrupción, el impulso de cambios legales en el sistema de aforamiento, la ampliación a 15 años de la prescripción de los delitos por corrupción, la agilización de los procesos judiciales contra la corrupción, la limitación de los indultos (validación a través del Parlamento), la obligación a todas las administraciones de poner en marcha un portal de la transparencia, la publicación de las agendas oficiales de todos los miembros de los gobiernos o la creación de consejos de lo audiovisual que garanticen el respeto al derecho a la información (sin periodistas, no hay democracia). Asimismo, sugiere modificar el Código Penal para regular la responsabilidad penal de los órganos de dirección de los partidos y la tipificación como delito de la financiación ilegal de la actividad política y electoral.
Es una más en un total de 75 propuestas, y apenas ocupa dos líneas. Pero, indudablemente, la medida tiene una relevancia clara por el momento y el contexto. Es esta: "Elección del secretario general a través del sistema de primarias entre sus militantes".