Las sociedades científicas afean al Gobierno que no tenga una política "seria y comprometida" en I+D

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, critica que el Gobierno de Mariano Rajoy no tenga una política "seria y comprometida" en I+D y advierte de que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación está en una situación "de excepción" de la que es "urgente" salir. Estas son las principales conclusiones del informe Cosce-Decides 2017 [consultar, aquí], presentado este lunes, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego. El documento hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del Ejecutivo central en materia de política científica e incluye propuestas de mejora. 

La Cosce señala que a esta situación "de excepción" ha contribuido el recorte de 20.000 millones de euros que acumulan desde 2009 el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España. Los científicos consideran que las partidas consignadas en los Presupuestos de los últimos ejercicios "muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos, ignorando su importancia como elementos centrales de progreso económico y social".

En este sentido, critican que la recuperación de los Presupuestos sólo haya propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. El aumento es, en realidad, una congelación pues la subida es inferior a la inflación prevista para este año. 

También cuestionan que se mantenga la estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas. Esa estrategia ya propició que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– cuatro de cada diez euros presupuestados para invertir en investigación científica entre 2011 y 2015. En total, 12.500 millones de euros. 

"No se entiende que se ponga insistentemente de relieve el lugar destacado de las publicaciones científicas españolas en el contexto internacional y no se adquiera la responsabilidad para resolver los problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto tiene un efecto perverso en la actividad investigadora y, por tanto, un deterioro en el conjunto del sistema", se quejan los autores del estudio. 

Las sociedades científicas señalan que la persistencia de esta actuación llevaría a la actividad investigadora a "retroceder" a medio y largo plazo, con la consiguiente disminución en la capacidad de generar nuevas ideas y conocimiento. E insisten en la necesidad de apostar por una legislación que no frene la actividad investigadora, que esté financiada con unos recursos que sean adecuados, así como en unos procedimientos de gestión que simplifiquen los procedimientos burocráticos y administrativos. 

No hacerlo, a juicio de los investigadores de la Cosce, supondría  perpetuar un sistema en el que, a pesar de éxitos puntuales, no se ha logrado que los ciudadanos se beneficien del conocimiento científico generado y que, además, corre el riesgo de "retroceder" si persiste la actual situación de "estancamiento". "En estas condiciones el futuro del país estaría en una posición de dependencia de las nuevas ideas e innovaciones generadas en otros países", señalan en el informe. 

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas reclaman, con carácter de urgencia, la creación en el Congreso de los Diputados de un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos e inexcusables para dotar al país de una política de I+D estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España. 

Compromisos 

En segundo lugar, el informe analiza el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), que fue sometido a información pública en julio pero que aún no se ha aprobado. Según la Cosce ese plan debería abordar cuestiones clave como el envejecimiento de las plantillas en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), el escaso personal de I+D en las empresas o las "rigideces del marco normativo y los largos ciclos de gestión administrativa" que "afectan a todas las actuaciones".

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Sin embargo, antes incluso de su puesta en marcha los científicos ven en este plan "carencias significativas". A saber, la "indefinición" del marco presupuestario y la falta de previsión de los recursos para su puesta en marcha. También critican que antes de la implementación de la nueva estrategia no se haya hecho una evaluación en profundidad del anterior plan 2013-2016 que está todavía en vigor. 

En relación a los compromisos en materia científica que el Gobierno de Mariano Rajoy acordó con Ciudadanos para su investidura, la Cosce subraya que sólo tiene constancia de que se haya cumplido uno de ellos, la creación de la llamada Red Cervera de transferencia tecnológica, que tiene como objetivo conectar mejor la universidad y la empresa y ayudar así a las pequeñas compañías a ser más productivas y que cuenta con una dotación de 500 millones de euros. No obstante, 20 millones son de subvenciones y los 480 son de préstamos, que son los que menos se ejecutan.

La sociedades científicas, sin embargo, lamentan que el Ejecutivo no haya cumplido, por el momento, con otro de sus compromisos: la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que responda al modelo del European Research Council (ERC) y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D. Precisamente este es el organismo en el que confiaba el Gobierno para reactivar los créditos bonificados que históricamente no se vienen ejecutando y que, por tanto, no están llegando a su objetivo, que es financiar la actividad innovadora de las empresas.