En abril de 2010, el presidente de Iberdrola, la eléctrica española de mayor cuota de mercado, Ignacio Sánchez Galán, sentenciaba: "Si no se quiere incrementar sustancialmente el precio de la electricidad, es necesario demorar el crecimiento de las tecnologías más inmaduras: la termosolar y la fotovoltaica, que, además, aportan poca energía". En diciembre de ese mismo año, el Gobierno aprobaba el primer recorte significativo, de nada menos que del 30% en promedio, de los ingresos prometidos a una de las tecnologías renovables, casualmente, la solar fotovoltaica.
Desde entonces, las críticas de esta compañía a las tecnologías solares, tanto en foros nacionales como internacionales, no han cesado, llegando incluso a pedir abiertamente el cierre de las plantas de energía solar en España.
Sorprendentemente, el pasado 18 de septiembre, la empresa que preside Sánchez Galán se lanzaba a prestar servicios a los productores solares fotovoltaicos, entre los que destacaba una cobertura de precio sobre la energía producida. En la práctica, esta operación es equivalente a comprar energía solar. Además del dilema que conlleva el cambio de postura y a diferencia de lo que le ocurre a su principal competidor en España, esta compañía produce en España más energía de la que vende, es decir, le sobra energía. Podría pensarse, pues, que la operación no busca un mayor aprovisionamiento, sino controlar el precio de venta de la electricidad. Confío en que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia lo habrá tenido en cuenta y estará vigilante para evitar que uno de los operadores dominantes consiga aumentar aún más su poder de mercado.
Más sorprendente resultó que solo seis días después, el 24 de septiembre, la misma compañía anunciara a bombo y platillo soluciones de autoabastecimiento eléctrico personalizadas basadas en energía solar para viviendas unifamiliares, empresas y regantes. El lema de su campaña de comunicación, difundida en prensa, radio y televisión, era nada menos que Te acercamos el sol.
Siempre he defendido que el cambio de modelo energético que se está produciendo a escala mundial debe contar con las eléctricas tradicionales. De hecho, manifesté públicamente mi satisfacción por el giro copernicano en la opinión de éstas respecto de la energía solar. Eso sí, doy por sentado nuevamente que la autoridad de Competencia se ocupará de que las eléctricas no abusen de su posición de dominio dificultando la competencia en el ámbito de las instalaciones de autoabastecimiento.
No obstante, mi desconcierto era mayúsculo porque, en más de 15 años trabajando en el sector, era la primera vez que veía a una de las grandes compañías anunciar un producto “alegal”. En efecto, en esa fecha era posible instalar paneles solares para autoabastecerse; pero la normativa era muy ambigua y desde hacía más de tres años sobrevolaba el sector la amenaza de un decreto específico sobre autoconsumo, con el famoso “impuesto al sol” incluido, que previsiblemente obligaría a modificar las instalaciones realizadas con anterioridad. ¿Cómo era posible que una gran compañía eléctrica lanzara un producto que podría verse obligada a modificar unos meses después de haberse instalado?
Mi pregunta no tardó en ser respondida: el 9 de octubre, 15 días después de la sonada presentación, el Gobierno aprobaba el polémico decreto que constituye la que es, sin duda, la normativa reguladora del autoabastecimiento energético más restrictiva del mundo. Y lo hacía a pesar de tener en contra a todos los partidos de la oposición, a colectivos ciudadanos, asociaciones ecologistas, sindicatos, organizaciones empresariales… y, más llamativo aún, a solo 70 días de unas elecciones generales.
Lo cierto es que el decreto estuvo a punto de ser aprobado una semana antes. De hecho, parece ser que pasó el corte en la reunión de la Comisión de Subsecretarios, órgano encargado de establecer los asuntos que se someten a deliberación del Consejo de Ministros, del día 30 de septiembre; pero, sorprendentemente, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, reunida al día siguiente, finalmente rechazó llevarlo al Consejo de Ministros del día 2.
Desconozco si la estrategia electoral influyó en tal rechazo; pero, casualmente, o no, al día siguiente, 3 de octubre, los miembros del Gobierno que apostaban por sacar adelante el decreto iban a recibir un “inesperado” apoyo: la prensa titulaba “El autoconsumo aumentará la tarifa eléctrica hasta un 6%”, haciéndose eco de las conclusiones de un informe firmado por la consultora Boston Consulting Group, curiosamente la misma que había contratado dos años antes el Gobierno para justificar su hachazo a las renovables y cuyo contrato había resuelto por “reiterados incumplimientos”, lo que, en aplicación de la vigente ley de Contratación del Sector Público, le impediría nada menos que contratar con las Administraciones Públicas.
En el momento de redactar estas líneas no he podido tener acceso al informe que, según parece, ha sido encargado por una de las eléctricas; pero, por lo publicado en prensa, parece claro que el 6% de subida del precio de la electricidad corresponde a un escenario en el que, a diferencia de lo ocurrido, se hubiera aprobado una normativa favorable al autoconsumo y que, además, éste hubiera llegado a cubrir el 10% de la electricidad del país, con hasta millón y medio de tejados con paneles fotovoltaicos, algo que, según la propuesta que había hecho la propia patronal fotovoltaica, tardaría ¡29 años! en ocurrir. No sé usted; pero a mí si alguna compañía me garantizara que el recibo de la luz fuera a subir solo un 6% en 29 años lo firmaría sin pensarlo…
En todo caso y con independencia de los escenarios más o menos fantásticos que se puedan imaginar, lo verdaderamente relevante es que el argumento en el que se basa el oportunísimo informe es que lo que deja de ingresar “el sistema”, esto es, las eléctricas, debe permanecer constante, con lo que los ahorros que obtengan quienes se decidan a producir su propia energía deben ser compensados con incrementos equivalentes en el recibo del resto. Algo, sin duda, pavoroso que, de admitirse, nos llevaría a concluir que no hay salida posible a nuestro deficiente sistema eléctrico.
Así las cosas, esta vez no me ha sorprendido que las eléctricas hayan salido —en solitario, acompañadas solamente por sus habituales plumillas— a defender el decreto del Gobierno. Su argumento, por supuesto, es el mismo que el del informe que ellas mismas han encargado. Ha quedado claro que su redacción las satisface. El momento de su aprobación, también. Incluso cuentan con un argumentario en línea con sus intereses para rechazar regulaciones alternativas.
¿O acaso alguna vez pensó que iba a ser usted el que decidiera cuándo y cómo aprovechar la energía del sol para producir su electricidad?
En abril de 2010, el presidente de Iberdrola, la eléctrica española de mayor cuota de mercado, Ignacio Sánchez Galán, sentenciaba: "Si no se quiere incrementar sustancialmente el precio de la electricidad, es necesario demorar el crecimiento de las tecnologías más inmaduras: la termosolar y la fotovoltaica, que, además, aportan poca energía". En diciembre de ese mismo año, el Gobierno aprobaba el primer recorte significativo, de nada menos que del 30% en promedio, de los ingresos prometidos a una de las tecnologías renovables, casualmente, la solar fotovoltaica.