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Todo empezó con Villarejo. Más bien, con lo que el comisario jubilado y en prisión provisional guardaba en su casa y que ha destapado las vergüenzas de políticos, jueces, fiscales, empresas del IBEX 35 y hasta la propia institución monárquica. Y es que los audios hallados en el domicilio de José Manuel Villarejo sobre una conversación con la examante del rey emérito Corinna Larsen, y lo que ella le confesó, han sacado a la luz las sospechas que desde hacía unos años circulaban sobre una posible fortuna de Juan Carlos I que habría ocultado durante años al fisco.
Hay que remontarse al verano de 2018 cuando los investigadores de la macrocausa Tándem, que indaga en las actividades ilícitas del expolicía, desencriptaron unas grabaciones en las que se escuchaba a Villarejo charlando con Corinna Larsen y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Después se supo que el encuentro se produjo en Londres en el año 2015 y en él la comisionista germano-danesa no escatimaba en detalles. Afirmaba que el Juan Carlos I había cobrado comisiones (65 millones de euros) por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas. También acusaba al ex jefe del Estado de haberla utilizado como testaferro y de disponer de cuentas ocultas en bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans.
Es bueno recordar el contexto porque ahora, más de dos años después, las piezas parece que empiezan a encajar. Revelador ha sido lo dicho este mes en la Audiencia Nacional por Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía Nacional en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, a raíz de unos mensajes de texto que se cruzó en su día con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, la operación Kitchen, y el primero le contó al segundo su tesis de que toda la macrocausa que se abrió tras la detención del comisario jubilado en noviembre de 2017 fue orquestada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para recuperar los audios de la conversación con Corinna Larsen para así proteger al rey emérito.
Según declaró Pino ante el juez el pasado 14 de diciembre, él mismo avisó al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán de la existencia de esas grabaciones de la charla en Londres, de acuerdo con fuentes jurídicas presentes en la comparecencia. La versión del exjefe policial es que sugirió al entonces jefe de los servicios secretos, amigo íntimo de Juan Carlos de Borbón, que no se metiera en el asunto de Corinna, ya muy conocida después de lo ocurrido en la cacería de Botsuana, porque Villarejo disponía de audios que podían comprometer a la Corona, a la Jefatura del Estado y a los andamiajes del modelo constitucional de 1978.
La decisiva investigación de Suiza
Sea verdad o no lo dicho por el comisario principal, ahora jubilado, lo cierto es que esas grabaciones son las que han puesto en jaque al ex jefe del Estado y han llevado a que desde ciertos sectores políticos, entre ellos Unidas Podemos, uno de los partidos del Gobierno, se ponga en duda la existencia misma de la institución monárquica. A raíz de la publicación de los audios se abrieron diligencias en la Audiencia Nacional en lo que fue la pieza 5 del caso Villarejo –conocida como Carol–, pero no para investigar al rey emérito, ya que este tribunal no es competente para hacerlo al ser una persona aforada ante el Supremo, y también en Suiza, pues lo dicho por Corinna alertó del sospechoso origen de los fondos contenidos en cuentas bancarias de aquel país.
La instrucción en la Audiencia Nacional se cerró muy pronto, apenas dos meses después de su apertura. Tanto el juez como Fiscalía Anticorrupción lo justificaron ante la imposibilidad de investigar al rey emérito, ya que se trataba de hechos supuestamente ocurridos antes de su abdicación y no veían que las revelaciones sobre las actividades de Juan Carlos I fueran "susceptibles de investigación en sede penal". Sin embargo, el Ministerio Público continuó indagando en secreto la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.
En todo caso, la Fiscalía advirtió entonces sobre las consecuencias fiscales que pudieran derivarse de los hechos investigados: “Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias, y en su caso, pudieran derivar en las correspondientes denuncias por delito fiscal. En este sentido, los técnicos del ministerio de Hacienda (Geshta) emitieron un comunicado el pasado 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas tienen la entidad suficiente para que la Agencia Tributaria les preste la máxima atención y las verifique”, dice el informe incorporado al sumario. Por tanto, los fiscales y los técnicos de Hacienda ya venían avisando de una posible evasión fiscal.
De las diligencias sobre el AVE a la Meca se supo muy poco, salvo que el fiscal Anticorrupción encargado del caso interrogó a Corinna Larsen en Londres y a algunos empresarios. Mientras tanto, la Fiscalía suiza también hizo sus indagaciones y, compartiendo información con el Ministerio Público español, imputó a la examante del rey emérito y registró los despachos en Ginebra de Arturo Fasana y Dante Canónica, gestor de fondos y abogado, respectivamente. Todo esto se ha conocido después, ya que durante año y medio las pesquisas se llevaron con sumo sigilo. Mientras, Juan Carlos de Borbón seguía haciendo vida normal en España, cobrando su asignación de casi 200.000 euros de la Casa Real y participando en actos públicos.
Un año en silencio
Pero las pesquisas seguían e iban arrojando información que comprometía directamente al ex jefe del Estado. En marzo de 2019, la Casa Real supo de la fundación panameña Lucum, de la que tanto el rey emérito como Felipe VI serían beneficiarios, por los abogados de la comisionista germano-danesa. El actual monarca se desvinculó de la fundación ante notario. Aunque esta noticia no se conoció hasta un año después, ya en plena pandemia de coronavirus, quizá este sea el motivo, unido al avance de las investigaciones en España y Suiza, que desencadenó la decisión de Zarzuela en junio de 2019 de apartar al rey emérito de la vida pública.
Las sospechas sobre las finanzas de Juan Carlos I, por tanto, seguían planeando por los entornos político y periodístico, pero no se confirmaba nada en firme. Entretanto, Corinna Larsen siguió con su batalla particular anunciando desde Londres que iba a denunciar al rey emérito por amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder. A día de hoy, no hay constancia de que esa denuncia se haya formalizado.
Corinna denuncia en Londres al rey emérito y al exdirector del CNI por "vigilancia ilegal"
Y llegó el año 2020. La historia a partir de aquí es de sobra conocida: un comunicado de Casa Real en el que anunciaba que retiraba la asignación anual al monarca abdicado pero en el que también se admitía que Felipe VI conocía desde un año antes los fondos ocultos de su padre en el extranjero; la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo de las diligencias del AVE a la Meca al afectar directamente al rey emérito; la apertura de una segunda línea de investigación sobre fondos no declarados a Hacienda que le habría regalado un empresario amigo y de los que habrían hecho uso otros familiares; y la posibilidad de una tercera vía de indagación que aún se está estudiando tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que detectó movimientos de dinero desde un trust radicado en la isla de Jersey. En medio de todo el escándalo, Juan Carlos I se marchó de España.
La investigación del fiscal suizo Yves Bertossa, que ha remitido al Ministerio Público español, ha sido determinante para sacar a la luz parte de las posibles irrgularidades, pues allí se encuentra la cuenta bancaria a la que se habría transferido en 2008 la supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros, dinero que años después, en 2012, pasó a una cuenta de Corinna Larsen. Ella explicó que los fondos fueron una donación como "regalo no solicitado" de Juan Carlos de Borbón para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía. En cualquier caso, el rey emérito no declaró el dinero ante Hacienda, pero todos estos hechos ocurrieron cuando aún era jefe del Estado y, por tanto, gozaba de la dispensa de inviolabilidad. Es por ello que estas pesquisas que sigue la Fiscalía del Supremo previsiblemente terminen en archivo, tal y como publicó El Confidencial.
A partir de aquí, son más las preguntas que las respuestas sobre el horizonte judicial de Juan Carlos I. Queda por saber si la regularización de 678.393,72 euros, con intereses y recargos, de lo que había dejado de pagar a Hacienda por el uso de los fondos del empresario Allen Sanginés-Krause le sirve para evitar una imputación por delito fiscal o si, por el contrario, la Fiscalía del Supremo no da por bueno el momento elegido para hacerlo, pues ya había sido avisado de que estaba siendo investigado, lo que elimina el requisito de la espontaneidad que establece la ley. También se está indagando en la procedencia de esos fondos y si el origen de las donaciones del millonario mexicano es limpio porque, de lo contrario, podría enfrentar cargos por blanqueo. De igual modo, falta por saber si el Ministerio Público incoa finalmente diligencias por el aviso del Sepblac sobre los fondos de Jersey, un dinero que el rey emérito no reconoce como suyo, según su entorno.
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