Suiza asoma de nuevo en el historial de la fortuna de Juan Carlos I sin que Hacienda se cruce en su camino

Al igual que muchos de los misterios que permanecen irresolubles por décadas, la fortuna del rey Juan Carlos I se ha mantenido intacta como secreto con argumentos que evocan el estribillo de la canción del caballo y la pistola: va a caballo por llevar pistola y lleva pistola porque va a caballo. O sea, sin una explicación susceptible de ser enunciada con certeza incluso si un país considerado refugio de evasores fiscales, Suiza, aparece en escena una y otra vez: ya ocurrió en 2013. Y en 2018. Y ocurre ahora de nuevo, en clara conexión con lo que hace dos años se conoció por los audios de Corinna zu Sayn Wittgenstein pero con un elemento por completo original: un comunicado de la Casa del Rey que, aun sin nombrar al país helvético, refuerza la información que ya había trascendido. Pero, como hace siete años, cuando se supo que la herencia recibida por el rey emérito estaba en Suiza, o hace dos, cuando vieron la luz los citados audios, tampoco esta vez Hacienda ha dado señales de que planee abrir una inspección. Ni entonces ni ahora la Zarzuela ha confirmado si en algún momento Juan Carlos de Borbón ha efectuado el preceptivo pago de impuestos.

El viernes, ERC se sumó a quienes, como la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha, ya han pedido a la Agencia Tributaria una investigación. ¿Representa el comunicado de la Casa del Rey un factor inédito y de tal relevancia que obligue al fisco a intervenir de oficio por un eventual delito fiscal sin prescribir? De oficio dada la existencia de bienes en el extranjero que, a tenor de ese comunicado de Zarzuela y salvo sorpresa, nunca ha llegado a declarar el rey emérito. La Agencia Tributaria nunca ofrece oficialmente información sobre casos concretos. Y ni descarta ni confirma que opte necesariamente por iniciar comprobaciones cuando una noticia –o una denuncia– ofrezca visos de veracidad.

Antes de tomar una decisión –aducen sus portavoces– los equipos de análisis e información de la Agencia contrastan los documentos "que haya aportado el denunciante o el periodista con el resto de la información disponible para la AEAT". Y, una vez analizada "de la forma más completa la posible veracidad de los hechos denunciados y si estos plantean indicios suficientes o están documentados", los analistas abordan la última fase: comprobar "si los hechos, en el caso de ser ciertos, se realizaron en un periodo que puede ser comprobado administrativamente (esto es, en periodos no prescritos administrativamente)". Como ya ha publicado infoLibre, una ley en vigor desde 2012 preceptúa que no prescriben nunca las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. O sea, aquellas sobre las que cualquier residente fiscal en España debe informar a Hacienda mediante el llamado Modelo 720.

Lo cierto es que, de momento, nada indica que Hacienda ya se haya cruzado ahora en el camino de Juan Carlos de Borbón. Hace ya una década, y a partir de uno de esos inesperados aleteos de mariposa que sacuden el escenario político, el patrimonio de quien hasta 2014 rigió la Jefatura del Estado salió de las tertulias de barra de bar para ir situándose junto al costado de una investigación judicial desarrollada en Palma. En 2009, el descubrimiento casual durante un registro de unos papeles en los que aparecía el nombre de Iñaki Urdangarin había dado origen a un caso de dimensiones mayúsculas que acabó provocando un terremoto. Cinco años más tarde, el suegro de Iñaki Urdangarin, Juan Carlos I, abdicaba después de 38 años como jefe de Estado.

Para cuando el monarca entregó la Corona a su hijo, ya hacía un año que había trascendido la versión oficial sobre una cuenta suiza vinculada, según Zarzuela, a la herencia de su padre, Juan de Borbón, y de la que oficialmente le correspondieron al ahora rey emérito 2,2 millones de euros. La cuenta, cuya difusión pulverizó el mito de la pobreza de la familia Borbón por el exilio de Alfonso XIII, se había cancelado en 1995. Y el dinero, sostuvo la Casa del Rey, se había destinado a pagar deudas. Aunque la institución recalcó su convicción de que se habían pagado los impuestos correspondientes, alegó que carecía de datos que lo acreditasen. “El rey no tiene cuentas en el extranjero”, fue el mensaje central en aquel verano de 2013. En el aparato locomotor de la Agencia Tributaria nadie movió un músculo.

Hoy, tras reconocer Zarzuela que Juan Carlos I posee fondos opacos en paraísos fiscales, Suiza regresa a las tablas como un actor que en realidad aguardaba entre bambalinas el momento de su nueva aparición. Ahora –tras el comunicado oficial de la Jefatura del Estado sobre la fundación panameña Lucum, la que, a tenor de lo que dice la Casa del Rey, tiene como beneficiario a Juan Carlos de Borbón– Hacienda tampoco ha hecho ningún movimiento.

Los emails de Corinna, un puente entre Urdangarin y el rey

En su respuesta a las preguntas de este periódico, los portavoces de la AEAT precisan que el "tercer factor" que se valora una vez se recibe información sobre hechos que pudieran constituir una infracción tributaria administrativa o un delito fiscal es "que el caso no se encuentre sub iudice". Es decir, "que por los mismos hechos no existan autoridades judiciales que estén actuando". En lo que concierna al rey emérito, ninguna autoridad judicial, salvo el Tribunal Supremo, goza de potestades para investigarle. Anticorrupción sí mantiene abiertas unas diligencias sobre el supuesto pago de comisiones por el AVE a la Meca. Y su versión se resume así: que si encuentra indicios de que Juan Carlos I estuviese involucrado o los facilita la Fiscalía que ya en la ciudad suiza de Ginebra investiga el asunto, derivará el caso al Supremo.

En espera de que la Fiscalía suiza aporte a España datos sobre la cuenta de Fundación Lucum en el banco suizo Mirabaud, lo que ya ha trascendido abre la puerta para una eventual imputación del rey emérito por delito fiscal y blanqueo.

De Lucum -asegura Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la antigua “amiga entrañable” del rey emérito- le fueron transferidos 65 millones en 2012 a modo de “regalo” como muestra de cariño. Aquel fue el año en que Juan Carlos de Borbón y Corina zu Sayn-Wittgenstein marcharon juntos a cazar elefantes en Botswana. El viaje se conoció porque el rey se rompió la cadera. A su vuelta, pidió perdón a un país que entonces se desangraba por la crisis económica.

La notoriedad que aquella cacería en África reportó a la empresaria quedó afianzada a comienzos de 2013. Para entonces en Palma aún se investigaba si Iñaki Urdangarin había cobrado en Suiza comisiones por un proyecto relacionado con Jordania, uno de los países fronterizos con Arabia Saudí, aunque las pesquisas no llegaron a nada. En cambio, lo que terminó en el despacho del juez José Castro fue el nuevo lote de correos electrónicos aportados por el antiguo socio del yerno del rey, Diego Torres. Y, como se lee en el segundo párrafo de este texto, aquel lote acercaba más al inviolable monarca al costado de lo que se estaba investigando. “Disculpa mi silencio de estos días pero quería chequear a mi suegro y a Alberto Aza [entonces jefe de la Casa Real] antes de responderte”, le escribió Urdangarin a Corinna el 1 de marzo de 2005. Casi un año antes, en el verano de 2004, ella había lanzado a Urdangarin una oferta para que se incorporase a la denominada Fundación Laureus con un sueldo anual de hasta 250.000 euros. “He puesto en copia [como destinatario del correo] a tu suegro y espero que esta propuesta despeje todas las dudas que puedas tener”, le anunció Sayn-Wittgenstein en otro email fechado el 22 de febrero de 2005.

Corinna nunca fue llamada a declarar en el caso Urdangarin o Nóos. “De haber tenido la información que tenemos hoy habría llamado a Corinna como testigo", aseguró con cierto enfado el juez José Castro en el verano de 2018. Castro lo dijo mientras, desde la prisión en que permanecía desde noviembre del año anterior, el comisario José Manuel Villarejo, veía cómo se activaba el resorte más potente de su maquinaria de espionaje y extorsión, donde la frontera entre lo público y lo privado mantuvo siempre una confusión balcánica.

Considerado la figura más prominente de las denominadas cloacas del Estado, Villarejo había grabado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en unos audios donde quien durante años fue la “amiga entrañable” del rey lanzaba un auténtico misil: Juan Carlos de Borbón había cobrado comisiones del AVE a la Meca y la había utilizado como testaferro. De nuevo, Suiza. Porque según la empresaria, el monarca tenía cuentas en ese país a nombre de su primo Álvaro de Orleans.

El dinero que transfirió Juan Carlos I a Corinna se movió por una red de cinco empresas y una fundación

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Pero  tampoco nadie llamó a Corinna a declarar esta vez. Abierta como pieza separada del caso Villarejo, la Audiencia dio carpetazo a los dos meses de que los digitales okdiario y elespanol.com hubieran difundido los audios donde Corinna afirmaba que Juan Carlos de Borbón había manejado cuentas en Suiza a través de testaferros y que había cobrado comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas.

Las fuentes conocedoras del caso consultadas entonces por infoLibre destacaron que Hacienda se había limitado a informar de que el rey emérito no tenía declarada ninguna cuenta en Suiza. De nuevo, los caminos de la Agencia Tributaria se separaban de los del monarca emérito como una línea divergente de fuga.

Hoy, con el escándalo amortiguado por la pandemia, ningún dato hace presagiar que Hacienda haya emprendido o planee hacerlo la inspección tributaria que el lunes reclamaba la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha. En el Gobierno, se ha instalado el silencio aunque Unidas Podemos suscribió la primera solicitud –fallida– para que el Congreso crease una comisión de investigación. La diputada que representa a la formación morada en la Mesa de la Cámara, la vicepresidente tercera, Gloria Elizo, publicó este viernes su cuenta de Twitter  un hilo de significado inequívoco:  “Si no se investigan los hechos que nos revela Corinna será imposible saber si estos presuntos delitos se habrían cometido antes o después de su abdicación, por lo que la Justicia estaría dejando escapar la investigación de posibles delitos”.