La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que "no es correcto" que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018". Lo que ocurrió ese día es que las autoridades españolas comunicaron a Suiza que la última orden de búsqueda contra Falciani, que databa del 3 de mayo de 2017, "era válida" en España.
Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la OFJ, Raphael Frei, que también ha confirmado que este mismo jueves las autoridades suizas han transmitido a España por vía diplomática la petición formal de extradición del informático.
Los datos de Falciani figuraban como persona reclamada por la Justicia en el Sistema de Información de Schengen (SIS) desde 2009, en virtud de una orden de detención emitida por la Fiscalía suiza. Esa inscripción fue remplazada por una nueva, el 3 de mayo de 2017, después de que el Tribunal Penal Federal del país le declarase culpable de un delito de espionaje económico. Así, "la inscripción en el SIS no data del 19 de marzo de 2018", ha dicho el portavoz.
Este miércoles, tras la detención de Falciani, se supo que la orden contra él había quedado registrada el 19 de marzo en el sistema SIRENE español, que es la oficina nacional que sirve para preparar expedientes para el SIS, intercambiar de información adicional y comunicarse de forma bilateral con sus homólogas de otros países.
Falciani había quedado en libertad provisional tras su primera detención en España, la practicada en Barcelona el 1 de julio de 2012. En mayo de 2013, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó la extradición a Suiza del informático, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".
En Suiza, el 27 de noviembre de 2015, Falciani fue condenado a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, conforme al artículo 273 del Código Penal suizo, "un delito contra el Estado, es decir, un delito de Derecho común en Suiza", explica el portavoz.
Tras la condena, el 24 de febrero de 2017 la Fiscalía del Cantón de Ginebra pidió a la Oficina Federal de Justicia que difundiese una orden internacional contra Falciani para ejecutar la sentencia contra él, y el 3 de mayo de ese año la OFJ formalizó la nueva inscripción de Falciani en Schengen, que remplazó a la introducida en 2009.
El 19 de marzo de este año se registró la comunicación en la SIRENE española, que señala que la sentencia contra el experto informático "es firme desde el 02.05.2016 conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención Europea)".
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Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este jueves que la detención sea una "decisión política" o una "gestión del Gobierno" para realizar un intercambio por las políticas catalanas independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, huidas en Suiza y procesadas por el Tribunal Supremo por el denominado procés.
Anna Gabriel, procesada por desobediencia pero sin orden internacional de búsqueda, huyó a Suiza el pasado 20 de febrero y Marta Rovira, contra quien sí pesa una orden, hizo lo mismo el 23 de marzo, cuatro días después de que España comunicase a Suiza que la orden contra Falciani era válida.
Por su parte, fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores español y suizo han asegurado a Europa Press que el caso de Falciani no fue abordado en ningún momento por los ministros de Exteriores de ambos países.
La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que "no es correcto" que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018". Lo que ocurrió ese día es que las autoridades españolas comunicaron a Suiza que la última orden de búsqueda contra Falciani, que databa del 3 de mayo de 2017, "era válida" en España.