Sumar quiere ser el partido que enarbole la bandera anticorrupción tras los recientes escándalos alrededor de la compra de material sanitario durante la pandemia –como el caso Koldo o el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– a través de la creación de un nuevo organismo independiente, la oficina de prevención contra la corrupción, que tendría capacidad para abrir investigaciones en instituciones públicas, partidos, sindicatos y empresas que reciban subvenciones del Estado.
La iniciativa, anunciada hace unas semanas por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha registrado finalmente este jueves en la Cámara Baja de la mano del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y los diputados Enrique Santiago y Verónica Martínez. Errejón ha asegurado que la corrupción implica el "secuestro del Estado por los comisionistas y las tramas corruptas" y ha subrayado que Sumar toma medidas frente a la "pelea de gallos de PP y PSOE". Santiago, por su parte, avanzado que traerán al Congreso una batería de 40 medidas contra la corrupción.
El texto presentado por la formación minoritaria del Gobierno contempla la creación de un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades o malas prácticas administrativas y elabora una "estrategia integral de prevención de la corrupción". Su principal función sería prevenir el uso correcto de todo el dinero público de origen estatal y el sistema para elegir al director o directora del organismo se haría a través del Congreso, idealmente con una mayoría de dos tercios pero, en el si caso de no haber consenso, en el plazo de seis meses se reduciría a mayoría absoluta. La persona en cuestión no podría militar en ninguna formación política, sindicato o asociación profesional o empresarial.
Investigar 'motu proprio' y multas de hasta un millón de euros
Según reza la propuesta, las autoridades de este organismo —funcionarios de carrera— podrían personarse en cualquier dependencia de "administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público" para "realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos". Asimismo, plantea que se habilite un buzón destinado a recibir quejas, denuncias o sugerencias de la ciudadanía relacionadas con actuaciones posiblemente corruptas.
Asimismo, prevé un sistema de sanciones para quien impida las funciones de la oficina, no entregue la información requerida, oculte documentación sobre la investigación abierta o manipule la información demandada o realice una denuncia falsa, entre otros supuestos. De esta forma, se estipula en las infracciones más graves multas que oscilan entre 30.001 a 400.000 euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un millón de euros si son personas jurídicas.
Con independencia de las sanciones, los responsables de tramar un posible caso de corrupción deberán "restituir los daños producidos e indemnizar a los perjudicados". También a personas individuales y sociedades que sean perceptoras de subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, unido a cualquier contratista o subcontratista de concesiones estatales.
Esta oficina de prevención contra la corrupción podría imponer, además, la prohibición de concesión de subvenciones públicas o cualquier tipo de ayuda, así como beneficios fiscales, durante un plazo máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante tres años. La oficina, aparte de su régimen sancionador, deberá informar de la justicia de hechos presumiblemente constitutivos de delito.
La corrupción, un arma de "desafección" ciudadana contra el Gobierno
La propia Yolanda Díaz ha reprochado al PSOE que esté entrando en la estrategia del PP de convertir el debate político en un "lodazal", a cuenta de la corrupción. En una entrevista en Onda Cero lamentó que se esté entrando en los mismos "marcos" que la derecha y que responder a todas sus insinuaciones es de "nivel de patio de colegio". Así, lamentó los "insultos, ruido y el 'y tú más'", que es "absolutamente destructivo". A su juicio, se está incurriendo en un "espectáculo bochornoso" e insistió en que la mejor forma de actuar ante la corrupción es impulsar propuestas como la presentada este jueves, la regulación de los lobbies o la limitación de los aforamientos.
Desde Sumar consideran que ese 'y tú más' protagonizado en las últimas semanas por el Partido Popular y los socialistas sólo conduce a la desafección de la ciudadanía. Un hartazgo que, según fuentes de la dirección, afecta especialmente afecta las formaciones de izquierdas y al Gobierno de coalición. Así, consideran que mientras las informaciones sobre su pareja no mueven "ni un solo voto" de la derecha hacia Ayuso, la corrupción sí que puede pasar factura a la izquierda, al igual que el tono bronco y duro.
Estas mismas voces se muestran preocupadas por la parálisis a la que se va enfrentar el Congreso en las próximas semanas por las sucesivas convocatorias electorales y consideran que la ciudadanía que "les dio una oportunidad" el pasado 23J, espera de su Gobierno medidas ambiciosas como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral o la ampliación de permisos por paternidad y maternidad. Desde Sumar contaban con incluir algunas de sus medidas estrella en los Presupuestos Generales, pero el ala socialista del Ejecutivo decidió, sin mediar consulta alguna, prorrogarlos tras el adelanto catalán.
En Sumar recuerdan que cuando Sánchez aterrizó en la Moncloa, una parte importante de la ciudadanía situaba la corrupción como uno de los principales problemas de España. Se trataba de una preocupación muy elevada en el ranking de prioridades de la ciudadanía según el CÍS, que con el paso de los años se fue reduciendo. Ahora, el socio minoritario del Ejecutivo teme que les "pase factura" y recuerdan la experiencia de Izquierda Unida en Andalucía, a la que perjudicó gobernar con el PSOE tras los ERE.
Las tareas pendientes de España en la lucha contra la corrupción
Ha sido Santiago quien ha recordado que España tiene obligaciones legales pendientes desde la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción, como establecer una Autoridad Independiente que vele por los informantes. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, más conocido como Greco, afeó recientemente que nuestro país siguiese sin cumplir totalmente sus recomendaciones para combatir esta lacra, al igual que Transparencia Internacional (TI) que ya advirtió a finales de enero que nuestro país estaba estancado en materia anticorrupción.
Reforzar la transparencia o proteger a los denunciantes, las tareas pendientes en la lucha contra la corrupción
"El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos anteriores, pone de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción", señalaba la organización en su último informe anual, que situaba a España bastante por detrás de otros países de su entorno –Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica o Francia– en esta materia.
Esta Autoridad Independiente de Protección al Informante, que tiene entre sus funciones gestionar un canal externo de denuncias de irregularidades –informaciones que este mismo organismo se encargará de investigar– o adoptar las medidas pertinentes de protección del alertador aún no se ha creado. Además, tiene potestad sancionadora, es decir, es la encargada de castigar las posibles represalias que sufran los denunciantes.
Otra de las "reformas" que Transparencia Internacional mencionaba en su informe como necesarias para "reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público" es la de la Ley de Transparencia. La renovación de esta norma fue uno de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de coalición que dio el pistoletazo de salida a la pasada legislatura y aunque se han producido algunos avances, la reforma de la ley, que diez años después aún no cuenta ni con un reglamento, sigue pendiente.
Sumar quiere ser el partido que enarbole la bandera anticorrupción tras los recientes escándalos alrededor de la compra de material sanitario durante la pandemia –como el caso Koldo o el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– a través de la creación de un nuevo organismo independiente, la oficina de prevención contra la corrupción, que tendría capacidad para abrir investigaciones en instituciones públicas, partidos, sindicatos y empresas que reciban subvenciones del Estado.