El socio minoritario del Gobierno ya empieza a acusar el desgaste por la ley de amnistía. Sumar, la coalición dirigida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha cambiado el paso tras volcarse en los últimos meses con esta cuestión, hasta el punto de designar a un negociador, Jaume Asens, entre el Gobierno y los posconvergentes, encargar un dictamen a un equipo de juristas para defender la constitucionalidad del texto, visitar al expresident Carles Puigdemont en Bruselas —la primera y única visita de un miembro del Gobierno al dirigente— querellarse contra el presidente del CGPJ y los vocales por pronunciarse en su contra y defender públicamente su aprobación incluso cuando el PSOE se negaba a pronunciar la palabra amnistía.
Ahora, en palabras de su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, Sumar quiere jugar un papel "pragmático", "responsable" y "cuidadoso", es decir, ser una suerte de árbitro entre los socialistas y Junts per Cataluña, sin entrar a confrontar con estos últimos, conscientes de que las críticas no ayudan a alcanzar un acuerdo. "Cuando hubo que manifestarse públicamente lo hicimos con coraje y las cosas claras. Cuando se trataba de abrir una discusión política sobre que la amnistía era buena, no solo necesaria, Sumar dio la cara y lo explicó. Hizo una pedagogía que otros no hicieron", sintetizó este martes Errejón, en una alusión velada a la posición inicial del PSOE.
El portavoz de Sumar admitió que ahora ya no están "en esa fase" sino que, una vez se ha iniciado el trámite legislativo, lo que se busca es "ajustar posiciones entre diferentes" con "más mano izquierda": "Más que dar el debate sobre si es buena o no, estamos en un momento de matices y trabajo fino en comisión", añadió. Tras la aprobación este martes del calendario de la Comisión de Justicia y el informe de los letrados —no vinculante— para reducir el plazo a quince días —no a treinta—, el Gobierno enfila otra negociación que, saben, será compleja.
Sumar pide "pasar página" de la amnistía y admite el "desgaste electoral"
Desde la dirección de Sumar consideran que su mejor arma es el silencio. "Hay que callarse más las críticas", sintetizan, al tiempo que sitúan la pelota en el tejado del PSOE y de Junts. De hecho, la vicepresidenta segunda no ha emitido juicio alguno sobre la negativa de los de Puigdemont a aprobar el texto la pasada semana, aunque fuentes de la coalición le restan importancia y aluden al viaje que realizo a México y a su presencia en la campaña gallega. Estas fuentes tampoco desvelan si apoyarán las enmiendas que presenten Junts y ERC en la comisión como sí hicieron en el pleno: "Habrá que ver si las mantienen", responden.
Aunque públicamente los dirigentes de Sumar, al igual que los del PSOE, defienden que la amnistía es positiva para la convivencia, voces del espacio admiten que les está acarreando un "desgaste" electoral, especialmente tras la negativa de Junts. Estas voces explican que desde sus propias filas están recibiendo críticas por el hecho de que la amnistía eclipse el resto de temas y consideran que es necesario "pasar página" cuanto antes frente a los intentos del PP de "estirar todo lo posible" el tema, lo que no les conviene.
Un desgaste que se sustenta, además, en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que concluyó que la amnistía abre una vía de agua en el electorado moderado de izquierdas y manda a la abstención a medio millón de votantes críticos con los pactos con Junts, la vuelta de Puigdemont y los acuerdos con los independentistas. Aunque el retroceso más grande es para el PSOE, Sumar también lo acusa y fuentes de la coalición consideran que tienen que poner en la agenda temas de hondo calado social y económico, como la reciente subida del SMI.
Una reforma de la LECrim que la izquierda criticó al PP
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Tras la decisión de Junts de paralizar la ley de amnistía, ya se se están planteando soluciones externas al propio redactado de la norma, que el Gobierno no quiere tocar para no poner en peligro el texto ante las futuras interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional y de las instancias judiciales de la Unión Europea. Los socialistas han trasladado a sus interlocutores la intención de que el articulado se mantenga fiel al dictamen que salió de la Comisión de Justicia.
En este contexto, los de Díaz apoyaron en un primer momento que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar los plazos de las instrucciones como planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, tras las dudas de Esquerra Republicana y de Podemos la propuesta queda ahora en el aire, ya que el Ejecutivo estaría dando marcha atrás a una reforma que llevó a cabo al inicio de la anterior legislatura, cuando amplió el tiempo máximo que tienen los jueces para instruir los casos e iría en la línea de la medida aprobada años atrás el PP, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fue duramente criticada por la izquierda, que llegó a referirse a ella como "ley Berlusconi" o "ley de impunidad".
Ahora la solución de acortar la instrucción busca la investigación que el magistrado Manuel García-Castellón está realizando en el marco del caso Tsunami no se alargue durante meses. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha abierto la puerta a que el expresident sea inculpado en el terrorismo que no se exonera en la norma por haber contribuido, supuestamente, al fallecimiento de un ciudadano francés tras darle un infarto en el aeropuerto de El Prat —bloqueado por los manifestantes tras la sentencia del procés—. Por ese motivo, demandan que la ley de amnistía exonere cualquier delito terrorista, una posibilidad que el Gobierno rechaza, convencidos de que Puigdemont no será acusado por ese delito.
El socio minoritario del Gobierno ya empieza a acusar el desgaste por la ley de amnistía. Sumar, la coalición dirigida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha cambiado el paso tras volcarse en los últimos meses con esta cuestión, hasta el punto de designar a un negociador, Jaume Asens, entre el Gobierno y los posconvergentes, encargar un dictamen a un equipo de juristas para defender la constitucionalidad del texto, visitar al expresident Carles Puigdemont en Bruselas —la primera y única visita de un miembro del Gobierno al dirigente— querellarse contra el presidente del CGPJ y los vocales por pronunciarse en su contra y defender públicamente su aprobación incluso cuando el PSOE se negaba a pronunciar la palabra amnistía.