El pasado mes de febrero siete representantes de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, se trasladaron a España para iniciar una ronda de reuniones con el Ejecutivo español y los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso a raíz de la amnistía. La tarea de este órgano es aconsejar a los países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos, pero sus conclusiones no son vinculantes. Quien pidió la visita de este órgano fue la Mesa del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría, como parte de su estrategia para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo máximo posible. A mediados del mes de marzo la Comisión hará público el dictamen de su visita, aunque los expertos no se centraron cuestiones políticas sino en las técnicas y jurídicas y, en esa línea, pidieron a todos los grupos que presentaran sus conclusiones.
El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ya les ha trasladado un informe elaborado por el portavoz temas de Justicia y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago. El texto, al que ha tenido acceso infoLibre, consta de ocho páginas en las que explica que "la ley aspira a sentar unas sólidas bases para, de una vez por todas, continuar mitigando las consecuencias de un conflicto que jamás debió producirse y que, a pesar de los pasos tomados en los últimos años, aún sigue latente", en referencia al procés catalán.
La defensa de la constitucionalidad
Santiago subraya que "la amnistía y su otorgamiento no están prohibidas en la Constitución Española" a diferencia de los indultos generales. El parlamentario de IU señala que "lógicamente debe existir una causa fundada que la motive" como es, en este caso, la búsqueda de la "convivencia de forma constatable en nuestro país" y que, bajo esa premisa, "no cabe duda de que la amnistía es de obligado cumplimiento por parte del Poder Judicial".
Santiago hace referencia a dos sentencias del Tribunal Constitucional de los años 1983 y 1986 en las que se sostiene que la amnistía se asienta "en un ideal de justicia que pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político" y que "responde a una razón de Justicia, como exigencia derivada de la negación de las consecuencias de un derecho anterior cuya corrección se hizo indispensable".
A su juicio, "la amnistía sigue formando parte de nuestro ordenamiento jurídico y el precepto legal en el que se contiene es plenamente constitucional, toda vez que ni ha sido derogado ni se ha solicitado su derogación por parte de ningún grupo parlamentario, por lo que no cabe alegar que no es constitucional la amnistía cuando por el contrario forma parte de nuestra legalidad vigente", señala.
El parlamentario de Sumar también lo aborda desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea y asegura que "la institución de la amnistía está perfectamente homologada", apoyándose, entre otras sentencias, en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o en la sentencia de 29 de abril de 2021 del Tribunal de Justicia de la UE.
Las amnistías del PP y el "indulto masivo" del Gobierno de Aznar
La Comisión de Venecia se centra en los trámites de la amnistía, pero no entra en el fondo, ni en el terrorismo
Desde Sumar consideran que el Partido Popular "se ha embarcado en una cruzada contra una posible amnistía mientras olvida que sus gobiernos amnistiaron a miles de personas que habían defraudado a la hacienda pública, haciendo dejación de los intereses generales". Así, recuerdan que después de 1996, "han tenido lugar hasta cuatro amnistías patrocinadas por los diferentes gobiernos del PP en materia fiscal, que afectaron a quienes más eludieron sus obligaciones con nuestro país y sus recursos y, por ende, perjudicaron a los españoles, de manera general".
"La más importante de estas amnistías fiscales es la que se produjo en el año 2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy siendo ministro de economía Cristóbal Montoro. Según datos del Ministerio de Haciendo se vieron beneficiadas más de 30.000 personas, entre ellas los Pujol, Rato, Bárcenas, los Franco, Diego Torres, el exsocio de Urdangarín. Solamente conocemos a unas 60 por la información publicada en prensa de las 31.484 amnistiadas", sentencian.
Además, en el informe también recuerdan que el 1 de diciembre de 2000 el Partido Popular "aprobó 1.443 indultos en un mismo Consejo de ministros, siendo ministro de Justicia Ángel Acebes": "El motivo de este cuasi indulto general fue la religión", subrayan. "Ninguna fuerza política recurrió ninguno de los indultos concedidos en un día por el PP al contrario de lo que hicieron los conservadores en el año 2021 con las medidas de gracia a los líderes del procés", añade Santiago.
El pasado mes de febrero siete representantes de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, se trasladaron a España para iniciar una ronda de reuniones con el Ejecutivo español y los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso a raíz de la amnistía. La tarea de este órgano es aconsejar a los países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos, pero sus conclusiones no son vinculantes. Quien pidió la visita de este órgano fue la Mesa del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría, como parte de su estrategia para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo máximo posible. A mediados del mes de marzo la Comisión hará público el dictamen de su visita, aunque los expertos no se centraron cuestiones políticas sino en las técnicas y jurídicas y, en esa línea, pidieron a todos los grupos que presentaran sus conclusiones.