El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusó este sábado al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de actuar como un "agente político" que representa al Partido Popular y no al Estado tras ordenar a la Fiscalía que acuse al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al que fuera inspector José María Ballesteros de colaboración terrorista.
En una nota de prensa, el SUP aseguró que es la primera vez en democracia que un fiscal general ordena a los fiscales encargados del caso que modifiquen su criterio. "Y se ha producido para acusar de colaboración con banda armada al comisario que más brillante historial tiene en la lucha contra el terrorismo", añadió.
A su parecer, los hechos y pruebas no importan a los políticos "mezquinos" que abundan en el Gobierno y en el PP, igual que abundaban en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estrategia para desviar la atención
El SUP denuncia que la reforma de la Policía "ningunea" la ley, invade sus competencias y olvida la corrupción
Según el SUP, se trata de una estrategia para distraer la atención "de la situación política, de la estafa de las preferentes, de los desahucios, los escraches, de la soledad del Gobierno, o de los papeles de Bárcenas que evidencian la corrupción imperante en la dirección nacional del PP".
"Alguien ha pensado que esto bien podía ser una cortina de humo que distrajera a la opinión pública de la lamentable situación económica y política en la que nos encontramos", señala el SUP, para quien la dignidad de estos dos policías está muy por encima de la del fiscal general y muchos políticos.
A su parecer, estos políticos "juegan con la vida y el honor" de los policías acostumbrados a "malvender" el suyo "por un plato de lentejas". "Estos personajes no conocen el honor y su podredumbre moral es inversamente proporcional al cargo que ocupa", señaló.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusó este sábado al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de actuar como un "agente político" que representa al Partido Popular y no al Estado tras ordenar a la Fiscalía que acuse al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al que fuera inspector José María Ballesteros de colaboración terrorista.