El Tribunal Supremo (TS) ha estimado en parte el recurso presentado por otro candidato a la plaza de fiscal de la Sala de lo Militar al entender que se aprecia "desviación de poder" en la propuesta del fiscal general del Estado consistente en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico", según recoge Europa Press.
Así lo ha resuelto la Sala de lo Contencioso-Administrativo al estudiar el recurso presentado el pasado noviembre por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, en una ponencia del magistrado Luis María Díez-Picazo.
Rueda impugnó el Real Decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada.
Delgado ascendió a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar.
Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF) mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de los vocales natos -la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente-.
Delgado, ahora en memoria democrática
Delgado, que dimitió como fiscal general en julio de 2022 alegando razones de salud tras la operación de columna vertebral que sufrió en abril, tenía su plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero no llegó a ocuparla al conseguir el puesto de fiscal de sala en el Supremo.
El PSOE intentó garantizar este ascenso mediante una enmienda incluida en la Ley Concursal que habría supuesto que Delgado y sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueran promovidos a fiscal de Sala del Supremo al abandonar el cargo, pero el partido acabó retirándola ante la polémica generada.
El Supremo revisará el caso después de que el pasado julio rechazara la petición de la propia Delgado de archivar el recurso de Rueda. La fiscal alegó que, ahora que ella ha sido designada fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, él podía volver a optar a la plaza de la Fiscalía Togada.
Los magistrados acordaron no archivar el recurso al considerar que Rueda tenía razón porque no era lo mismo anular el ascenso de Delgado y devolver el proceso al momento preciso en el que el fiscal general la propuso para la Sala Quinta del Supremo que abrir ahora una nueva convocatoria.
Otros recursos
Dolores Delgado pone fin a un mandato turbulento
Cabe recordar que el Supremo aún tiene pendiente resolver los recursos presentados por la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra la designación el pasado de junio de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
A juicio de los recurrentes, el nombramiento no fue válido porque el fiscal general no dio opción a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Y, como consecuencia de ello, la mayoría del Consejo Fiscal se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que --aducen-- el órgano consultivo no emitió informe válido.
Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores. Ya lo revocó en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado volvió a designarlo desarrollando las razones por las que le encomendaba el cargo. No obstante, el TS cree que sigue siendo insuficiente, por lo que ha vuelto a tumbarlo.
El Tribunal Supremo (TS) ha estimado en parte el recurso presentado por otro candidato a la plaza de fiscal de la Sala de lo Militar al entender que se aprecia "desviación de poder" en la propuesta del fiscal general del Estado consistente en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico", según recoge Europa Press.